Opinión

Trump puede decir lo que quiera, pero Twitter no está obligado a difundirlo

Donald Trump deja su cargo el próximo 20 de enero envuelto en múltiples escándalos.

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Donald Trump tiene la libertad de decir lo que quiera. Claro que con responsabilidad directa por las consecuencias personales, sociales, políticas, económicas, legales y judiciales que puedan tener sus dichos.

Lo que no puede es decirlo en cualquier lado. Y nadie está obligado a escucharlo. Necesita la conformidad del difusor y la libre voluntad del oyente.

Y no es ninguna censura que no quieran dárselas.

En ejercicio de su irrestricta libertad de expresión Trump, como cualquier hijo de vecino, puede expresar lo que piensa (parresía) o lo contrario (hipocresía).

Puede decir improbables verdades o flagrantes mentiras. Guarangadas, disparates o boutades. Puede protestar, quejarse, lloriquear o pedorrear. Promover la desobediencia civil o la sedición (sin impunidad posterior obviamente). Incluso puede no decir nada y llamar la atención meándose encima y haciendo trompitas.

Lo que esta libertad no otorga –ni a Trump ni a nadie- es el derecho a que sus expresiones, groseras o protocolares, sinceras o caretas, lúcidas o lunáticas, demagógicas o democráticas, sean difundidas contra la libre voluntad de sus difusores.

Trump puede hablar o callar. Trump puede fantasear. Trump puede delirar. Trump puede mentir. Trump puede aceptar su derrota electoral o impugnarla. Trump puede atacar al Estado de Derecho o simular respetarlo. Trump puede expresarse verbal o guturalmente, por escrito, por señas, muecas, gestos o como se le ocurra.

Pero Trump no puede hacerlo en cualquier sitio ni ante cualquier público.

A priori, la difusión de cualquier contenido por parte de un emprendimiento privado es libre y voluntaria.

Censura es que una autoridad estatal impida, directa o indirectamente, la libre difusión o recepción de contenidos. Y es igualmente contrario a las libertades individuales que se obligue a un difusor a difundir algún contenido o que alguien lo reciba contra su voluntad.

Ninguna autoridad pública puede imponer qué contenido difundir o dejar de difundir, como ninguna autoridad pública puede impedir ya en nuestro país que una mujer siga adelante o interrumpa un embarazo incipiente. Se trata de decisiones individuales que, una vez tomadas, el Estado solo debe proteger.

Lo mismo pasa con lectores, oyentes, telespectadores, usuarios de redes o consumidores de contenidos en general.

Tienen el derecho, no la obligación, de acceder a todas las expresiones que se difundan. El Estado no debe intervenir en su elección, salvo para garantizar la libertad de acceso a los contenidos disponibles.

Los sitios –físicos o virtuales-, redes, medios o cualquier plataforma o espacio privado que se nieguen a reproducir determinados contenidos solo ejercen sus libertades de prensa y/o de comercio.

Que una red excluya a Trump, por manifestaciones sediciosas o discurso de odio, podrá ser una decisión acertada o errada, buena o mala, (como interrumpir o continuar un embarazo incipiente), según los resultados o la perspectiva. Pero es una decisión privada, no estatal.

Cada espacio privado tiene derecho a elegir aquella selección de contenidos, formatos y estilos que más oportuna crea para sus propios intereses.

Esta puede ser amplia o de nicho, pluralista o sectaria, liberal o conservadora, progresista o reaccionaria, hegemónica o demagógica.

Como lo es la selección de libros y editoriales que cada librería decide mostrar y vender.

Desde la mítica Céspedes a la clásica El Ateneo, cada una tiene el derecho de ofrecer a sus clientes aquellos autores y editoriales que según el criterio –ideológico, literario, empresarial- de su propietario le parezcan propicios y la libertad de ningunear aquellos que no.

Ni los bodrios de Ayn Rand ni la magia de Kelly Link, ni el obsoleto Jauretche ni el prístino Borges, ni Kavafis ni Olga Orozco, ni PreTextos ni Dunken, tienen cuotas aseguradas o prohibidas en ningún anaquel.

Las libertades de imprenta, prensa y expresión son derechos individuales –con matices o dimensiones sociales por cierto- y sus perseguidores –reguladores es el eufemismo tras el que suelen ocultarse- son siempre autoridades gubernamentales o estatales de mayor o menor envergadura, con mejores o peores intenciones.

Si hoy publico en ElDiarioAr es porque este tiene la libertad de publicarme –además del elegante y tolerante gesto de hacerlo- y yo la de escribir, no porque ninguno tenga derecho a que el otro lo haga contra su voluntad.

Sería tan aberrante obligar a Diario Popular a publicar las semblanzas de Pola Oloixarac como obligar a Pola a publicar en Diario Popular.

O imponer a la revista Criterio las panfletarias columnas de Horacio Verbitsky o a este colaborar con tal church organ.

Si lo hicieran por un acuerdo de voluntades sería conforme a derecho e incluso de un pluralismo moralmente encomiable.

Pero si lo hicieran forzados por una regulación estatal sería de una inmoralidad y una antijuridicidad tremenda.

El consentimiento recíproco es la clave. Como en tantas otras relaciones.

Me apresuro en admitir que muchos de quienes cuestionan la potestad de las redes sociales para difundir o no manifestaciones de Trump, no lo hacen por compartir sus llamados a la insurrección ni sus denuncias de fraude, sino porque consideran una intolerable y “antidemocrática” insolencia permitir que un particular se le plante a un gobernante. O que difusores y usuarios elijan libremente sobre qué contenidos conversar en cada sitio y sobre cuáles no, sin consultar antes con un comité gubernamental.

La solidaridad entre los patos rengos, autoindulgentes y autonidultables, de la casta política y sus entenados, supera cualquier diferencia hemisférica o ideológica.

FRS

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