Volver al trabajo

El trabajo quedó relegado entre los temas de atención de la discusión pública. De haber ocupado un lugar central en la política en la primera parte de este siglo, durante los últimos años tuvo cada vez menos referentes y enunciadores. Y esa desatención no fue propia de un solo sector político.

Esta situación podría resultar un tanto paradójica en un escenario en el que, a pesar de que el nivel de desempleo es históricamente bajo, una parte importante de la sociedad padece una gran insatisfacción con su actividad laboral.

El malestar en el trabajo es el resultado de distinto tipo de experiencias laborales frustrantes. Ingresos que no cubren las necesidades; empleos precarios o inestables, que se traducen en ausencia de derechos; jornadas de trabajo muy extensas o necesidad de tener más de un trabajo para llegar a fin de mes; incertidumbre respecto de la posibilidad de mantener los ingresos y la propia fuente de trabajo. Todas son distintas expresiones de la crisis laboral que nos atraviesa.

En la antesala de la campaña electoral de este año, el trabajo está recobrando algo de la centralidad perdida. Pero llamativamente lo hace de la mano de la derecha. El mismo sector que siempre prefirió no anticipar sus reformas laborales sitúa hoy la agenda del trabajo como una prioridad de su eventual gobierno. Y al hacerlo en soledad se convierte en el principal enunciador del tema.

La opción de que el empleo del siglo XXI es inevitablemente sin derechos se vuelve dominante por ausencia de opciones alternativas. Tanto como la idea de que el sacrificio de los trabajadores es condición para que el empleo recupere el dinamismo perdido

Sus principales referentes sostienen una perspectiva que bien podría sintetizarse en la máxima del Banco Mundial según la cual “las leyes que se han creado para proteger a los trabajadores a menudo los perjudican”. En esa línea proponen facilitar los despidos, promover modalidades de contratación con menos derechos, dificultar el acceso a la justicia para los trabajadores, eliminar las multas e indemnizaciones por trabajo no registrado y condicionar penalmente la actividad sindical.

Del lado de enfrente prima el silencio. La política, que antes ponía al trabajo en el centro, se deslaboralizó. Una peligrosa concesión, que podría convencer a más de uno de que la eliminación de las protecciones laborales es la única agenda para terminar con el malestar en el trabajo. La opción de que el empleo del siglo XXI es inevitablemente sin derechos se vuelve dominante por ausencia de opciones alternativas. Tanto como la idea de que el sacrificio de los trabajadores es condición para que el empleo recupere el dinamismo perdido, o cuanto menos, una nueva dinámica. Pero la realidad más actual muestra otra cosa.

Veamos el caso de Chile, que está a punto de aprobar la reducción de la jornada de trabajo, con la posibilidad de habilitar la semana laboral de cuatro días. Veamos México, que está en plena reforma laboral para fortalecer a los sindicatos, reducir la jornada, aumentar las vacaciones y limitar la tercerización laboral. O Colombia, que también busca reducir la jornada, darle más estabilidad a los empleos y proteger a los trabajadores de plataformas. España cambió las leyes laborales para reducir el empleo temporal y para proteger a los repartidores de plataformas. Incluso Estados Unidos propuso la llamada ProAct para resindicalizar el país y aumentar el salario mínimo.

En esos países la política volvió a hablar de trabajo. Y el trabajo se situó como un campo de disputa. En esos casos se construyeron nuevos horizontes laborales para, a partir de ahí, construir nuevos horizontes políticos.

Lo que esas experiencias marcan es que el trabajo puede ser un componente central de una propuesta que abra la expectativa de un futuro diferente. Y que esa podría ser una vía para interpelar a quienes están atravesados por un desencanto laboral, que es un desencanto eminentemente político. Se trata entonces de volver a hablar de trabajo. De laboralizar la política.

*CETyD - EIDAES - UNSAM