ANÁLISIS

Actores e intereses en juego detrás del conflicto por el reclamo territorial del pueblo mapuche

Miembros de la comunidad mapuche

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La simplificación como “terrorismo” o “conflicto mapuche” de todo lo que pone en juego el proceso histórico que vive ese pueblo originario no alcanza para explicar -y ni siquiera para aproximarse al intento por comprender- la situación que ganó visibilidad en los últimos días. Por el contrario, lleva el tema a una dinámica de grieta, donde se cruzan intereses económicos, inmobiliarios, electorales, y de disputa de relato, que impiden su entendimiento. Los ataques incendiarios ocurridos durante octubre -el último de los cuales aún no fue reivindicado por ninguna organización- tensan el clima de convivencia en la región patagónica y suman actores a un entramado complejo de declaraciones, discusiones y especulación.

Luego de los dos primeros incendios de principios de octubre, el Gobierno rionegrino presentó ante la Justicia Federal una denuncia por “terrorismo” y, aunque no señaló posibles responsables del hecho, los vinculó a la respuesta por el desalojo de la comunidad Quemquemtrew, en la zona de Cuesta del Ternero, en cercanías de El Bolsón.

El incendio del pasado miércoles a la madrugada del céntrico edificio del Club Andino Piltriquitrón, en El Bolsón, reavivó la polémica y potenció los discursos antagónicos de los gobiernos provincial y nacional: el primero, en boca de los principales dirigentes de Juntos Somos Río Negro que gobierna la Provincia, reclamó al ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, y al propio Presidente Alberto Fernández después, el envío de tropas de Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria o Prefectura. El ministro ya había rechazado a principio de mes cumplir con ese pedido. Ahora también intentó evitar ese compromiso, pero la instalación mediática y política del conflicto lo obligó a garantizar un “despliegue preventivo” de uniformados.

El Presidente le explicó por nota -que hizo pública- a la gobernadora Arabela Carreras que “no es función” de la Nación “reforzar el control en las rutas nacionales o brindar mayor seguridad en la región”, amparándose en los términos de la Ley de Seguridad Interior. Sin embargo, le aclaró que en este caso aportaría refuerzos.

El entredicho está cruzado por el escenario electoral y la necesidad de retener o ampliar la masa de votantes de cara a las legislativas de noviembre: Juntos Somos Río Negro busca consolidar el voto conservador y más reactivo a los reclamos mapuches, y ampliar la diferencia que logró en las PASO de septiembre, cuando ganó por unos 11 puntos de diferencia (38%, a 27 de la sumatoria de Juntos por el Cambio, y 25 del Frente de Todos). Los consultores que desde Buenos Aires asesoran al partido provincial recomendaron endurecer el discurso y forzar la tensión federal entre Provincia y Nación para estimular el sentido de pertenencia rionegrina, según admitieron fuentes de Juntos Somos Río Negro a elDiarioAR.

En tanto, el rechazo a repetir la política represiva de 2017 durante el Gobierno de Mauricio Macri -que concluyó con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel- jugó en la decisión de Nación de no prestarse a la militarización reclamada desde Río Negro.

La dirigencia del Frente de Todos en la Provincia no se encuentra cómoda entre el obligatorio rechazo a los ataques incendiarios y la decisión del Gobierno nacional de intervenir lo menos posible. El amplio abanico ideológico de la alianza gobernante a nivel nacional también muestra fisuras en la forma de abordaje del tema. Lo mismo sucede entre la representación provincial del Frente de Todos: “No podemos mostrar ni acompañar la inacción nacional, pero tampoco podemos reprimir como Macri”, fue la evaluación en off de uno de los dirigentes más importantes del FdT rionegrino ante la consulta de este medio. Esa fuerza necesita sumar votos en relación a las PASO y recortar la escasa diferencia que le sacó Juntos por el Cambio, lo cual lo relegó al tercer lugar -y a la posible pérdida de una banca en la Cámara de Diputados-.

Este sábado, pasadas las 14, Alberto Fernández y Arabela Carrera conversaron telefónicamente buscando bajarle el tono a la disputa. La Provincia calificó como “amable” el diálogo, exclusivamente referido a la situación en la región. “El Presidente Fernández condenó los hechos de violencia y me expresó su voluntad de colaborar para resolución de estos conflictos”, señaló Carreras, quien “agradeció la presencia de Gendarmería Nacional”.

En definitiva, tal vez evaluaron que a ambas fuerzas políticas les conviene que el reparto de bancas en noviembre no incluya a Juntos por el Cambio, y se distribuya entre Juntos Somos Río Negro y el Frente de Todos, potencial aliado para el aval de algunas leyes clave que el Gobierno necesita aprobar en los últimos dos años de gestión.

Mapuches

En tanto, las dos principales organizaciones del pueblo mapuche en el norte de la Patagonia -la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro y la Confederación Mapuche de Neuquén- rechazaron los ataques incendiarios de las últimas semanas, e insistieron en la necesidad de que el Estado abra una instancia de diálogo y negociación comprendiendo la dimensión del proceso.

“Nosotros, como organización Mapuche Tehuelche, repudiamos los incendios”, dijo Orlando Carriqueo, vocero de la Coordinadora del Parlamento, y explicó, en diálogo con Radio Nacional Bariloche, que “le cabe al Gobierno la responsabilidad de esclarecer los hechos”.

“Los incendios sin investigación, y sin un resultado serio que confirme la autoría de esos atentados, son endilgados a la comunidad mapuche", agregó, y cuestionó “que se use la palabra terrorismo, implica caminar hacia el terrorismo de Estado”.

A principios de octubre, otros dos ataques quemaron las instalaciones de un centro de información turística por inaugurarse en El Bolsón y maquinaria de un campamento de Vialidad Nacional en Bariloche. A través de panfletos, uno de esos incendios fue reivindicado por la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) -cuya existencia misma y capacidad de acción es minimizada por comunidades y organizaciones mapuches-. En cambio, su supuesto poder de fuego, estructura y financiamiento externo es amplificado por dirigentes como Miguel Pichetto y Patricia Bullrich, quienes plantean que la RAM constituye una organización que pone en riesgo la integridad territorial nacional y el sistema democrático.

“Ninguna agresión sin respuesta newentuaimun Lof Quenquentrew wintrange Pu Weichafe Libertad al Lonko Facundo Huala, Rafael Nahuel, Matias Catrileo, Pablo Marchant, Santiago Maldonado, presentes en el weichan. Los Weichafes (guerreros) de la R.A.M. Vengaremos a Inakayal”, señalaba uno de los panfletos encontrados en el campamento de Vialidad Nacional.

Más allá de la discusión sobre la existencia o envergadura de la RAM, y al margen de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, la Confederación Mapuche de Neuquén y otras organizaciones, existen comunidades autónomas que no reconocen la representación de ese tipo de entidades. Es más, las cuestionan por mantener vínculos con el Estado, al que identifican como responsable del genocidio y el despojo original de sus tierras -durante la denominada Campaña del Desierto, durante el último lustro de 1870-, y de la continuidad de una política represiva y expulsiva de los territorios.

Durante todo el siglo XX, la urbanización compulsiva de familias y comunidades mapuches que ancestralmente vivieron en la ruralidad, derivó en que los hijos y nietos de los desplazados engrosen hoy las periferias pobres de las ciudades turísticas y petroleras de la Patagonia. Desde ese lugar conocieron el hambre y las experiencias militantes y de protesta de los ‘90 y el 2001. Y fueron lenta y progresivamente reconociéndose como mapuches.

En las últimas dos décadas ese proceso de resistencia -cuya raíz muchos historiadores sitúan en la defensa territorial contra los invasores españoles de la conquista en los siglos XV y XVI- se profundizó.

Hace pocas semanas lo reconoció el propio Intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, hoy enfrentado con el Gobierno nacional por “dejar sola” a la región en la lucha contra lo que identifica como terrorismo. Dijo Gennuso -cuestionado por comunidades y organizaciones mapuches por no aplicar la legislación que definió a Bariloche como municipio intercultural- que “no va a haber consenso mientras no haya reparación” con el pueblo mapuche, y pidió “respeto por la identidad de todos los que estemos” en una futura mesa de diálogo. “Vivimos en una sociedad injusta: los sectores de los pueblos originarios han sido invisibilizados. Son los que no lograron, muchas veces, tener lo necesario para vivir. Viven en un mundo injusto. (…) No va a haber consenso mientras no haya reparación, mientras no podamos mirarnos los unos a los otros sabiendo que somos pares, que tenemos las mismas oportunidades. Y los pueblos originarios no han tenido las mismas oportunidades”, resumió.

La Coordinadora del Parlamento, la Confederación, las comunidades autónomas y otras organizaciones como el Movimiento Autónomo del Puel Mapu avalan las “recuperaciones territoriales” como método de reivindicación de derechos.

La complejidad que, como todo pueblo, contiene el universo mapuche no parece ser entendida por el Estado, analizan antropólogos vinculados al tema. “Para el Estado es un actor nuevo, es un Pueblo con el que tiene que sentarse a conversar, no es un partido político, ni un sindicato, ni una onegé”, explicó el lonko (jefe) de la comunidad Pillán Mahuiza, Mauro Millán. “Sin embargo, no somos ‘nuevos’: estamos aquí desde antes de la conformación del Estado, y eso es algo que reconocen la Constitución y las leyes, pero que los gobiernos no parecen entender”.

En todo este contexto, el Congreso debe decidir en los próximos días en relación a una normativa clave: La Ley 26.160 de emergencia territorial indígena, aprobada en 2016 y prorrogada hasta la actualidad, que suspende los desalojos hasta la finalización de los relevamientos correspondientes y establece la obligatoriedad para el Estado nacional y provinciales de la realización de un censo e informe multidisciplinar que permita establecer la presencia de pueblos originarios, comunidades y territorios involucrados. Esa normativa es el primer paso para la “regulación del acceso a tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano”, según repasa el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en su web oficial.

La demora en la implementación de dichos relevamientos se ubica en el centro de la problemática. Según información oficial a la que accedió este medio, en Río Negro se relevaron 69 comunidades -con 54 relevamientos culminados, 13 en trámite, y 4 recién iniciados- y hay 104 “comunidades identificadas sin relevar”.

Mientras la gobernadora Carreras acusa al INAI y su titular, Magdalena Odarda, de apañar las “tomas” o “recuperaciones” y “ser cómplices” de los hechos de violencia, desde el organismo nacional -dependiente del ministerio de Justicia- se asegura que Río Negro no aporta los recursos necesarios y rechaza la firma de los convenios que permitirían realizar los relevamientos.

La mandataria provincial acusó que desde el INAI se “buscan objetivos políticos que perjudican al normal funcionamiento de las instituciones” y criticó que “hay un sostenimiento económico de estos grupos (violentos) porque lo observamos en el traslado de personas”.

Planteó que durante muchos años hubo “casos aislados que ocurrían en parques y rutas nacionales, donde el accionar del Gobierno siempre fue extremo, de reprimir a no hacer nada”.

Por su parte, Odarda dijo a elDiarioAR que “el discurso anti indígena se endurece ante la posibilidad de sanción de la Ley”, y agregó que “la vía para lograr la paz social es firmar el convenio ley 26.160 como lo hizo Neuquén. Río Negro es la única provincia que no entregó ni un solo título comunitario indígena como establece la Constitución”.

Así, en el contexto de instalación de la supuesta existencia del “terrorismo mapuche”, el próximo jueves el Senado analizará la prórroga de la Ley 26.160.

SR/MGF

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