El “amigo Gerardo” puso a su ministro de Seguridad en la Corte Suprema
Con Milagro Sala fuera del mapa político, y todavía bajo prisión domiciliaria, la oposición al gobierno de Gerardo Morales es prácticamente inexistente. El “amigo Gerardo”, tal como lo llama Alberto Fernández, facilita la gobernabilidad nacional. En parte lo hace por la dependencia estructural de recursos que tiene Jujuy: casi el 90 por ciento de su presupuesto proviene de la Nación.
El vice de Morales, Carlos Haquim, es un peronista aliado a Sergio Massa. Los diputados nacionales que responden al gobernador radical votaron a favor del presupuesto nacional y del impuesto excepcional a los ricos, a contrapelo de la línea rectora de Juntos por el Cambio.
Lejos del estereotipo institucionalista, Morales gestiona la provincia del norte casi sin contrapesos. Y lo hará con una nueva ventaja: el gobernador de la UCR ubicó a su ministro de Seguridad como juez de la Corte Suprema local. Se trata del abogado y militante radical Ekel Meyer, quien ayer juró como el noveno integrante del Superior Tribunal de Justicia jujeño. El gobernador de la provincia estuvo en el acto, del que también participó la diputada nacional María Gabriela Burgos.
En 2016, Meyer había comandado el operativo que terminó en la detención de Milagro Sala. “El acampe sigue y la comisión del delito sigue. La conducta desplegada llevó la detención de Sala. Se le garantizaron absolutamente todos sus derechos”, señalaba el ex funcionario provincial, pocas semanas después de haber asumido.
Dentro de la UCR, Meyer no proviene de la misma línea interna que Morales. Fue concejal y respondía a la conducción del histórico Hugo Conde, quien fue tres veces intendente de San Salvador de Jujuy, entre 1991 y 2003. Meyer quiso ser intendente, pero no tuvo éxito. En 2015 se terminó de ganar la confianza de Morales, quien resultaría electo gobernador ese año. El nuevo supremo ya iba por su segundo mandato como ministro moralista.
Para designarlo en la Corte, Morales hizo valer su mayoría en la Legislatura jujeña: 28 votos a favor del oficialismo, contra los 17 testimoniales del peronismo y el FIT. Meyer reemplazará al exjuez Pablo Baca, quien renunció a su cargo tras una denuncia en su contra por un presunto abuso sexual. Sobre nueve supremos, cuatro serán abiertamente afines a la administración de Morales.
Hace casi cinco años, el gobernador amplió el número de miembros del STJ: de cinco, a nueve jueces. Dos de los nuevos magistrados designados entonces, Pablo Baca y Elizabeth Altamirano, eran diputados radicales que el día previo habían votado la reforma judicial.
“¿Hay que ser diputado radical para llegar al Superior Tribunal?”, ironizó días atrás el diputado Juan Cardozo, del Frente de Todos.
La situación jujeña cuenta con una especie de espejo invertido en la Nación. Porque Cristina Kirchner también espira a encarar una reforma judicial profunda. Para la vicepresidenta, los cinco supremos actuales fueron responsables del llamado lawfare en contra de ella y de buena parte de su exgabinete. Una salida posible podría ser l ampliar el número de jueces. Pero al albertismo le cuesta viabilizar movimientos semejantes: ni siquiera consiguió el aval en Diputados para sancionar una reestructuración de los juzgados federales. Sumar cuatro jueces al tribunal máximo le resultaría mucho más difícil aún.
A principios de año, el principal opositor a Morales había puesto la lupa sobre el manejo de la justicia en Jujuy. Se trata del senador nacional Guillermo Snopek, peronista y además cuñado de Morales. Hermano de la primera dama jujeña, Snopek exigió la intervención federal de la Justicia de su provincia durante un año, al denunciar maniobras como la ampliación de cinco a nueve miembros del Tribunal Superior.
El presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales de la Legislatura, Ramiro Tizón, justificó la elección de Meyer: “Tomamos conocimiento de cuál es su forma de pensar, pudimos conocer sus antecedentes y cuál es su pensamiento respecto al cargo, oportunidad en la que obtuvimos respuestas claras, evidenciando un compromiso democrático respecto de la función que cumpliría”.
Respecto a su trayectoria como concejal y ministro de Seguridad de Morales, Tizón planteó que “no desconocemos que (Meyer) tiene una trayectoria ideológica reconocida, un pensamiento político que entendemos que es absolutamente natural y necesario que lo tenga, como lo tiene cualquier integrante de cualquier Superior Tribunal de Justicia y de la Corte Suprema”. Aseguró que “tenemos innumerables ejemplos tanto en la provincia como a nivel nacional y no fue un impedimento para que el magistrado pueda ejercer de manera independiente sus funciones”.
El legislador moralista estableció un paralelo concreto con un supremo nacional: el peronista Juan Carlos Maqueda, quien fue diputado y ministro de Educación de Juan Manuel de la Sota, antes de desembarcar en la Corte en 2002.
La postulación de Ekel Meyer fue impugnada por la organización Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), cuestionamiento al que adhirió el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La objetaron por considerar que Meyer no cuenta con los antecedentes suficientes que demuestren su idoneidad técnica o solvencia jurídica.
“Como ministro de seguridad enfrentó mil quilombos y siempre salió bien parado. Es un abogado reconocido. Pero nunca litigó contra el Estado, pudiendo incluso delegar la firma. Es muy respetuoso de los derechos humanos, pese a lo que dice Horacio Verbitsky. En la Corte se necesita gente con concepto político. Ahora hay cuatro peronistas y cuatro nuestros”, opina un dirigente cercano a Morales. La referencia a Verbitsky se debe a que el periodista y escritor es presidente del CELS, un organismo muy activo en la defensa jurídica y política de Milagro Sala.
Uno de los supremos peronistas enumerados por el vocero de Morales es el presidente de la Corte provincial: Sergio Jenefes, hermano de Guillermo, quien fuera vicegobernador de Jujuy con Eduardo Fellner, entre el 2011 y el 2015.
AF
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