Consejo de la Magistratura: el oficialismo pide 90 días más y denuncia que la asunción de Rosatti sería “un escenario de gravedad institucional”

Maqueda, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, los miembros de la Corte Suprema de Justicia. El presidente del máximo tribunal asumiría hoy en el Consejo de la Magistratura

Un escenario de enorme incertidumbre política y choque de poderes se abrió hoy entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno, al ser el primer día hábil luego de cumplido el viernes pasado el plazo impuesto por el máximo tribunal para reformar el Consejo de la Magistratura, el órgano que designa y remueve jueces, cuya composición actual de 13 miembros fue declarada inconstitucional.

¿De verdad tenemos que hablar del Consejo de la Magistratura?

¿De verdad tenemos que hablar del Consejo de la Magistratura?

Ante la expectativa de si finalmente el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, asumirá al frente del órgano, el oficialismo salió a pedir 90 días más para que la Cámara de Diputados pueda darle la sanción definitiva a la ley votada por el Senado hace dos semanas. En caso contrario, según expresó el titular de la bancada parlamentaria del Frente de Todos, Germán Martínez, habrá “un escenario de gravedad institucional”.

“Si hoy el presidente de la Corte asume la Presidencia del Consejo de la Magistratura, se consolidará un hecho gravísimo para la vida institucional argentina. Los posibles caminos están bien definidos: darle tiempo al Congreso para legislar, o insistir en un escenario de gravedad institucional”, dijo Martínez en un comunicado.

La intención del oficialismo es clara: evitar a toda costa que Rosatti asuma en el órgano judicial, que además es el encargado de administrar el presupuesto de todo el Poder Judicial. La propia vicepresidenta Cristina Kirchner habló anoche de una “casta” y el ministro de Justicia, Martín Soria, apuntó sobre cómo llegó Rosatti a la Corte: “Fue el mismo que Macri designó a dedo; que se auto votó para presidir la Corte y que dictó el fallo que lo puso a la cabeza del órgano que designa y remueve jueces”.

Pese a las críticas del kirchnerismo, durante el fin de semana fuentes del máximo tribunal confirmaron a elDiarioAR que hoy Rosatti queda formalmente a cargo de la presidencia del organismo. En la sede del Consejo, en Libertad 731, por estas horas hay expectativa sobre cómo sería el modo en que elegirá el máximo tribunal hacerse cargo de la situación, e incluso se espera una manifestación de “autoconvocados” en las puertas del edificio ubicado en el microcentro porteño “por una Justicia democrática”.

En la sede del Consejo, en Libertad 731, por estas horas hay expectativa sobre cómo sería el modo en que elegirá el máximo tribunal hacerse cargo de la situación, e incluso se espera una manifestación en las puertas del edificio

“¿Cómo salir de esta situación? ¿Cómo evitar un gravísimo antecedente institucional? ¿Cómo evitar este conflicto de poderes? ¿Cómo encauzar institucionalmente el tema? Con una sola palabra: TIEMPO. Si la CSJ le concediera al Congreso 90 días más para poder abordar con profundidad el tema, avanzando sobre la media sanción del Senado, todo se podría ordenar”, señaló Martínez en su comunicado. Según el diputado, “sobre ese nuevo plazo, la Cámara de Diputados podría ir consensuando una metodología de tratamiento de la media sanción del Senado. Y todo se podría ir encauzando”.

Sin embargo, el kirchnerismo se empantanó en su reforma del Consejo, ya que pese a darle media sanción en la Cámara alta, no cuenta con los votos necesarios en la Cámara baja. La diferencia con la oposición es clara: su iniciativa excluye a la Corte Suprema del organismo.

El conflicto por los integrantes

El conflicto entre la Corte y el Gobierno comenzó en diciembre pasado, luego que se declarara la inconstitucionalidad de la norma porque no respeta el equilibro que manda la Constitución Nacional entre los representantes de la política y de los técnicos, y dio un plazo de 120 días corridos para que el Congreso dicte una nueva ley que regule el organismo. Al no haberse sancionado una nueva norma, el Consejo debe volver a su anterior composición de 20 miembros y ser presidido por el titular del máximo tribunal. Lo que discuto el oficialismo es que esa composición corresponde a una ley de 1997 que ya fue derogada por la reforma votada en 2006, a instancias de Cristina Kirchner cuando estaba en el Senado.

Como hasta ahora el Consejo contaba con 13 miembros, la acordada de la Corte estableció que los siete consejeros restantes debían ser electos por los jueces (1), los abogados (2), los académicos (1), la oposición parlamentaria (2) y el titular del alto tribunal. Además se señaló que si para el 15 de abril no asumía una nueva integración, todo lo que el Consejo hiciera sería nulo.

Ante ese panorama, la voluntad de la Corte para hacerse cargo del Consejo quedaría explícita cuando se convoque a los nuevos consejeros a la jura en los cargos, que solo el alto tribunal puede formalizar. La pregunta en el Consejo es si la Corte hará hoy lunes jurar a los consejeros técnicos, prescindiendo de los políticos que debe elegir el Congreso, pero en un proceso que estaba detenido por una medida cautelar. Si la Corte convocara hoy a la jura de los consejeros se abriría otra línea de conflicto porque su integración no estaría completa y, por tanto, sus eventuales decisiones, carecerían de legitimidad.

Horacio Rosatti ya está designado -como titular del máximo tribunal-; al igual que la jueza, Agustina Díaz Cordero y las abogadas Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez. Pero restan otros tres nuevos miembros. Hoy se confirmaría a Pamela Tolosa, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Sur, de Bahía Blanca, como representante de los académicos. Solo faltaría resolver la trama político-judicial, en la cual están involucrados Alberto Fernández, la vicepresidenta, Sergio Massa y el presidente de la Corte, que empantanó la designación de los representantes de la oposición en el Consejo.

Juntos por el Cambio pidió que sean la diputada radical Roxana Reyes y el senador Luis Juez. Sin embargo, un fallo del juez federal de Paraná Daniel Alonso le ordenó a la presidenta del Senado y al titular de Diputados que se abstengan de hacerlo hasta que se resuelva un planteo presentado por el diputado oficialista Marcelo Casaretto. En rechazo a la decisión judicial, el titular del bloque de JxC en Diputados, Mario Negri, tiene previsto hoy presentar un per saltum para que sea la misma Corte Suprema la que defina la situación de los designados por su espacio para integrar el Consejo de la Magistratura.

MC

Etiquetas
stats