EL NEGOCIO DE LA SALUD

Crece el conflicto entre el Gobierno y las prepagas: la pelea por la caja y el fantasma de la estatización

Para las prepagas, el desfasaje entre el aumento de costos y el de las cuotas es del 46,46%, a abril.

La crisis sanitaria por el Covid-19 se transformó en el contexto perfecto para la escalada de la disputa entre las empresas de medicina prepaga y el gobierno de Alberto Fernández: aumento de costos y de cuotas a los afiliados, reclamos salariales del exhausto personal de salud, falta de diálogo, intrigas políticas y una causa judicial se suman a un escenario con poco margen para aflojar las tensiones. 

Brecha social y geográfica y un fuerte déficit de gestión: por qué el sistema de salud está “fragmentado” en la Argentina

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Este miércoles, el juez el juez Pablo Cayssials, del furo Contencioso Administrativo Federal, falló a favor de uno de los planteos de las empresas de medicina privada al suspender dos resoluciones oficiales que habían frenado en 2020 dos aumentos en las cuotas que abonan los afiliados. El expediente se inició con la demanda presentada por 17 empresas de medicina privada, que aseguraron en un escrito que el “sistema está en llamas”. Los referentes del sector sostienen en entrevistas, conferencias de prensa y declaraciones informales que el kirchnerismo busca desfinanciar a las compañías para dejarlas al borde de la quiebra y propiciar la estatización del sistema. 

Tanto en el Ejecutivo como en el kirchnerismo descartan un plan o intento por estatizar la medicina privada, lo que consideran costoso e impracticable, y aseguran que su único objetivo es lograr un sistema de salud “más equitativo e integrado” con medidas. En el antagonismo, sobresale la falta de diálogo entre el ministerio de Salud y las privadas, y pasan desapercibidas ideas generales de integración entre lo público y privado con las que representantes de los distintos sectores están de acuerdo, según las consultas de elDiarioAR, como centralizar la compra nacional e internacional de medicamentos para abaratar los costos de todos.  

A la puja por los aumentos de cuota y la paritaria salarial del sector, se sumó a la discusión la idea de un “sistema integrado de salud”, que pocos saben explicar cómo podría ejecutarse en Argentina, donde no sólo coexisten tres subsistemas (público, privado y obras sociales) sino donde deberían coordinarse a su vez otros numeroso esquemas dentro de los subsistemas a nivel nacional, provincial y municipal

La crisis del sector genera una bola de nieve: las prepagas y obras sociales contratan muchas veces a sanatorios y clínicas privadas, empresas de urgencias, ambulancias, laboratorios, entre otros prestadores que forman parte de la cadena de pagos y costos, tanto a la hora de aumentar como de recortar, explicó Jorge Iapichino, cirujano y secretario de Hacienda de la Confederación Médica de la República Argentina. 

Todos dependen de las prepagas y obras sociales para cobrar y para pagar a sus propios proveedores y personal. Estas a su vez, dependen del Ejecutivo para fijar aumentos (en el caso de las prepagas) o de la liberación de fondos (para las obras sociales).

El empresario Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), fundador de Swiss Medical y accionista de América TV, es quien lidera la disputa con el gobierno de Fernández en todos los frentes: judicial, político y mediático. Swiss Medical es la segunda prepaga con mayor cantidad de afiliados en el país (alrededor de un millón; OSDE tiene un millón y medio). “Suplicamos que el Poder Judicial cumpla su rol republicano, que ponga límites constitucionales al Poder Ejecutivo”, dice el escrito de demanda del 16 de junio, también promovida por OSDE, Galeno, Medicus, Medifé, Omint y Hospital Italiano, entre otros. El juez del caso autorizó ahora que se apliquen dos aumentos que habían sido aprobados por el Gobierno en 2020 y luego desaprobados por la misma gestión: un 10% para diciembre 2020 y otro 7% para febrero 2021. Los sectores deberán seguir discutiendo en sede administrativa para llegar a un acuerdo.

En las consultas realizadas por elDiarioAR a voceros y actores centrales de los distintos sectores queda en evidencia que la falta de diálogo, que se cortó tras la salida del exministro de Salud Ginés González García en febrero, es uno de los factores centrales en la escalada del conflicto que se dio en el último mes y medio. 

Fernández y Belocopitt no se han vuelto a reunir desde principios de enero, cuando el Presidente citó al empresario para disipar la versión de que su gobierno buscaba estatizar el sistema de salud, aseguró una fuente al tanto de ese diálogo. Desde entonces, según la fuente, los contactos entre ambos han sido sólo telefónicos.

Un ajuste injustificado y excesivo en las cuotas de los usuarios podría devenir en un grave perjuicio para aquellos que no puedan solventarlos.

Ministerio de Salud de la Nación. — Escrito ante la Justicia.

Puentes cortados

Un interlocutor de los privados es el Superintendente de Servicios de Salud, Daniel López, quien recibe y envía mensajes pero no tiene poder de decisión sobre el conflicto. El diálogo con la ministra Carla Vizzotti, es casi nulo, según fuentes del sector privado. 

“Hay diálogo constante pero esto requiere mucho trabajo, eliminar dudas y temores”, contrarrestó Homero Giles, presidente de IOMA y uno de los promotores de un sistema de salud integrado que incomoda a las prepagas.

En medio de la pelea, la ganadora hasta ahora fue la Confederación General del Trabajo (CGT). Los sindicatos consiguieron que el Gobierno les conceda un reclamo que vienen exigiendo a los gobiernos de las últimas dos décadas: recuperar parte de lo que llaman “la crema” de los trabajadores en relación de dependencia, los más jóvenes, que implican menos gastos. 

Suplicamos que el Poder Judicial cumpla su rol republicano, que ponga límites constitucionales al Poder Ejecutivo.

Escrito de demanda de prepagas.

Las obras sociales acumulan más del 60% de los pacientes del sistema de salud, alrededor de 26 millones de personas, según datos del sector. La “crema” son unos 4,5 millones de trabajadores en relación de dependencia que actualmente eligen derivar sus aportes. En lugar de ir a las obras sociales que les impone el sistema, los aportes van a una prepaga. 

Los empleados tampoco pueden elegir la prepaga, ya que depende de un acuerdo entre empresas del sector privado y una serie de obras sociales pequeñas que existen a los fines de efectuar este proceso: derivar aportes (muchos trabajadores completan el valor de la cuota con dinero de su bolsillo).

Esos 4,5 millones de trabajadores representan alrededor del 75% de los 6 millones de clientes de las prepagas, explicó a este medio un representante del mercado privado de la salud. Sólo un millón y medio de usuarios son 100% privados y pagan la cuota total de su bolsillo. 

Hay diálogo constante pero esto requiere mucho trabajo, eliminar dudas y temores.

Homero Giles — Presidente de IOMA.

El miércoles, el Gobierno modificó ese sistema de libre elección y dispuso que quienes inicien un vínculo laboral "deberán permanecer un año en la obra social correspondiente a la rama de su actividad antes de poder ejercer el derecho de opción de cambio". En el Ejecutivo reconocen que el DNU se basó en un “proyecto presentado por la CGT”.

Las demandas

Los empresarios liderados por Belocopitt afirmaron en el escrito presentado ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal que existe un “tremendo desfasaje entre el aumento de los costos y los escasos porcentajes de los aumentos que había autorizado el Ministerio” y critican que el Ejecutivo no autorice al sector a aumentar las cuotas a sus afiliados para compensar esa brecha. 

El juez subrogante Pablo Cayssials rechazó un segundo pedido de las prepagas: no dictará una medida cautelar para que las empresas apliquen un nuevo aumento de “emergencia” del 9,77% a las cuotas a sus afiliados (adicional al 28% ya autorizado y a cuenta de futuros aumentos). La negociación, por ahora, deberá girar en torno a los aumentos autorizados por el magistrado.

El ministerio de Salud contestó en el expediente que “un ajuste injustificado y excesivo en las cuotas de los usuarios podría devenir en un grave perjuicio para aquellos que no puedan solventarlos”, además de rebatir en duros términos los análisis económicos que presentaron las empresas sobre costos y aumentos. 

Salud sostuvo ante la Justicia que los costos han aumentado un 30% y que los aumentos anuales de cuotas tienen ese techo. Los privados afirman que sus costos se elevaron mucho más y que las cuotas están atrasadas en un 46,46%, a abril de 2021, según explican ambos sectores en el expediente consultado.

Al conflicto se sumó que el Sindicato de Sanidad reclama al sector privado un aumento del 45% salarial. El gremio es liderado en Capital Federal por Héctor Daer, uno de los sindicalista de la CGT con mejor llegada al Presidente. La falta de acuerdo por las paritarias forzó una conciliación obligatoria a finales de junio. 

Las empresas responden que están de acuerdo con el aumento reclamado por los trabajadores pero que no pueden costearlo sin un aumento de la cuota. “Es real que hay un problema de financiamiento pero las empresas también han crecido en otros momentos y nunca nos llamaron para distribuir la riqueza. Ahora somos socios en la pobreza”, respondió Norberto Maschio, secretario de Prensa de Sanidad.

La articulación entre los sistemas público, privado y obras sociales ya existe pero una integración sería más profunda. Eso no es una estatización ni un camino hacia la estatización.

Nicolás Kreplak — Viceministro de Salud bonaerense.

“El 60% del costo de un sanatorio es el personal”, explica Iapichino, de la Confederación Médica de la República Argentina. El mensaje que recibe el personal sanitario en plena segunda ola de la pandemia es “te quiero pagar el aumento pero no puedo” y “el aumento de salario depende del Ejecutivo”, sostiene. “El atraso salarial viene desde hace unos cuatro años”, agregó.

El sistema incomprendido

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner también es un factor que hace saltar alarmas en los empresarios del sector. “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”, dijo la expresidenta a finales de diciembre, durante la clausura de un encuentro virtual organizado por la Fundación Soberanía Sanitaria, cuyo referente es el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Krepalk, uno de los promotores del sistema integrado de salud. 

Días después de esas declaraciones, el presidente Fernández debió reunirse con Belocopitt para asegurarle que su gobierno no busca estatizar el sistema. Luego vinieron marchas y contramarchas en la autorización de aumentos de las cuotas a los afiliados y la salida de González García por el caso del "vacunatorio VIP", que alejó aún más a los interlocutores.

Los referentes del sector privado consultados sostienen que no saben de qué se trata el sistema integrado de salud, pero creen que apuntaría a debilitar al sistema de las prepagas, clínicas y sanatorios privados con el objetivo de allanar el camino hacia la estatización. 

Algunos referentes del sector privado -que prefieren no ser citados- sostienen que las palabras de Fernández de Kirchner se enmarcaron en la idea de “los cubanos”, como llaman a un grupo de funcionarios del gobierno de Axel Kicillof, entre ellos el viceministro Kreplak y el presidente de IOMA, Homero Giles, quien se graduó de médico en la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Ambos fueron funcionarios durante la presidencia de CFK.

“Hay tres modelos: el sistema privatizado; el sistema único (que creo que es el mejor); y el sistema integrado, que es el más razonable y factible en Argentina”, afirmó Kreplak a elDiarioAR. “La articulación entre los sistemas público, privado y obras sociales ya existe pero una integración sería una articulación más profunda. Eso no es una estatización ni un camino hacia la estatización”, aseguró.

Es real que hay un problema de financiamiento pero las empresas también han crecido en otros momentos y nunca nos llamaron para distribuir la riqueza.

Norberto Maschio — Sindicato de Sanidad.

IOMA, la obra social de los trabajadores bonaerenses, y PAMI, la de los jubilados, concentran el 50% de las compras de medicamentos de todo el sistema, explicó Giles. Se proveen, además, de los servicios de clínicas y sanatorios privados. Giles dijo a elDiarioAR que “nunca se habló de estatizar el sistema privado de salud. No existe esa discusión en la historia argentina”. 

“Los que luchamos por un sistema de salud más equitativo e integrado hablamos de integrar los distintos subsistemas (sector público, obras sociales y medicina privada) a través de mecanismos que no existen actualmente”, explicó el presidente de IOMA. 

Esos mecanismos son variados. Incluyen historias clínicas únicas de los pacientes, mayores regulaciones y el acceso a información financiera de los privados, como, por ejemplo, cuánto gastan en insumos y medicamentos. 

Tanto Kreplak como Giles aseguran que la integración permitiría abaratar los costos para los privados. El Estado, con alto poder de compra y negociación con los proveedores nacionales e internacionales, podría centralizar las compras para todos, pero a cambio deberán abrir sus cuentas.

El viceministro Kreplak sostuvo ante la consulta que la compra integrada de medicamentos e insumos sería factible en la provincia. “Para que eso funcione- dice Giles- el sector público debe poder acceder a información clave del sector privado. Hay que destrabar ese punto: cómo acceder a esa información”.

Ricardo Lilloy, presidente de la Cámara de Empresas de Medicina Privada, coincidió en que el sector privado se beneficiaría si el Estado encabeza las licitaciones internacionales de medicamentos de altísimo costo y de las nuevas coberturas pero opina que “el Estado debe prestar ese servicio sin que se convierta en un fondo de reintegros”.

Lilloy dirige el observatorio de precios de la UAS. sus últimos informes afirman que entre 2020 y 2021 los medicamentos hospitalarios aumentaron 278% en promedio y las drogas para terapias intensivas, otro 383% promedio. Ambos, muy por encima de la inflación interanual del 42%.

Primero hay que articular mejor lo que ya existe: al Estado dentro del Estado.

Jorge Iapichino — Cirujano y sec. de Hacienda de la Confederación Médica Argentina.

Para después

“No hay un proyecto, es una idea general que ilumina lo que hay que trabajar post pandemia”, responden en Casa Rosada. “El Estado no tiene dinero para afrontar una estatización, ni para expropiar”, aseguró la fuente oficial. “El Gobierno discute a cara de perro pero a la hora de la crisis pusimos los recursos que necesitaban todos los sectores privados para afrontar la crisis sanitaria” por el Covid-19, añadió.

“Primero hay que articular mejor lo que ya existe: al Estado dentro del Estado (entre Nación, las provincias y municipios) y pensar, por ejemplo, cuántos hospitales como el Garrahan o el Posadas se necesitan en el país y dónde específicamente deberían construirse", afirmó el cirujano Iapichino, quien también cree que hay que repensar “si el rol del Ejecutivo es fijar los aumentos de las prepagas o sólo controlarlos”.

Hay un punto en el que tanto los privados como los funcionarios pro-integración coinciden: la necesidad de contener los aumentos de precios de las industrias farmacéutica y de tecnología médica. “Son las que más ganan y aquí es donde la integración es clave: que un sólo sector, el público, negocie las compras para todos, incluidos los privados”, dice Giles.

“Lo que nosotros nos preguntamos es por qué una persona que no puede pagar una operación en la Favaloro no puede operarse en la Favaloro”, afirmó Giles. ¿Cómo y quién financiaría esa posibilidad? “Los recursos están dentro del sistema, lo que falta es una coordinación y redistribución entre los distintos sectores, lo que debería formalizarse en al menos una ley y una mesa con todos los actores. En un sistema integrado, la medicina prepaga se distingue de las obras sociales o del público por su hotelería, sus servicios premium o determinados profesionales, por ejemplo”, aseguró el presidente de IOMA.

ED

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