POR SUPUESTOS SOBORNOS

La fiscalía de Milán podrá apelar el fallo a favor de Paolo Rocca pero el caso quedó al borde del abismo

Paolo Rocca, líder del grupo Techint, durante una de sus exposiciones ante la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

Este jueves, un tribunal de Milán, en el norte de Italia, debía dar su veredicto en el caso judicial que más lejos ha llegado contra uno de los empresarios más poderosos de Argentina y una de las familias más influyentes y ricas de Italia: los Rocca, dueños del grupo Techint. Los accionistas y directivos Paolo Rocca, Gianfelice Rocca y Roberto Bonatti eran juzgados por el delito de corrupción internacional por el presunto pago de sobornos por unos 6,5 millones de euros a un exgerente de Petrobras para garantizarse contratos directos para vender caños de acero a la petrolera pública de Brasil.

Sin embargo, a más de dos años de que el expediente entrara en etapa de juicio y del desarrolló total del proceso oral y público, los tres jueces del tribunal de la séptima sección penal de Milán, presidida por la magistrada Ombretta Malatesta, dieron un giro inesperado: en lugar de emitir sentencia, determinaron que los hermanos Rocca y su primo Bonatti nunca debieron ser juzgados en Italia por estos hechos.

La decisión dejó al caso más firme contra los dueños de Techint al borde del abismo. El juicio incluyó la exhibición de innumerable prueba documental, bancaria, testigos y la admisión del exgerente presuntamente sobornado por la multinacional ítalo-argentina, Renato de Sousa Duque, quien confesó haber recibido los millones para favorecer . La fiscal Donata Costa solicitó cuatro años y medio de prisión para los tres acusados, además de una multa y un decomiso millonarios. Sin embargo, al evitar dictar sentencia sobre hechos que datan de 2009 y se extienden hasta 2013-2014, el caso asume el riesgo de la prescripción. En Techint, la decisión del tribunal milanés se festejó como una “absolución”, según un comunicado del grupo en Argentina.

La fiscalía de juicio tiene ahora dos vías posibles para mantener vivo el caso, explicó a elDiarioAR una fuente directa del proceso: apelar el fallo de los jueces ante el tribunal de Apelaciones de Milán o saltarse esta instancia local y recurrir con un per saltum ante la Corte Suprema Di Cassazione, con sede en Roma, máximo tribunal de Italia.

Si la fiscalía decide apelar ante el tribunal inmediato, pueden pasar dos cosas: que la corte de apelaciones de Milán confirme que la Justicia italiana no tiene jurisdicción para juzgar estos hechos y que el Ministerio Público Fiscal apele nuevamente; o que el tribunal de apelaciones determine que los jueces italianos sí tienen jurisdicción para juzgar a los Rocca y Bonatti e incluso decida en su fallo sobre el mérito de los acusados: podría declararlos culpables o absolverlos.

Si en cambio, la fiscalía establece que el fallo de este jueves implica un grave error jurídico, puede saltar a la Corte Suprema di Cassazione, la segunda alternativa. El máximo tribunal italiano podrá ordenar a los jueces de Milán que dicten sentencia porque tienen jurisdicción o bien cerrar el caso definitivamente.

Desde el inicio de la investigación, habíamos afirmado la correcta conducta de la compañía, la ausencia de vinculación entre los hechos alegados y los miembros del directorio, y la falta de jurisdicción.

Comunicado de Techint.

Si se agotan las vías de apelación y los tribunales superiores confirman la falta de jurisdicción italiana, la fiscalía se quedará con una última carta: enviar su investigación al país en donde los tribunales italianos hayan determinado que sucedieron los hechos: Argentina, Brasil, Suiza, Luxemburgo, Uruguay. 

Aún con este escenario posible, el caso quedó al borde de la extinción: los hechos se extienden hasta 2013 e incluso 2014, pero la prescripción por el paso del tiempo favorece a la defensa. El soborno transnacional en Argentina tiene un plazo de prescripción de seis años, por ejemplo. Habrá que evaluar eventualmente los plazos procesales. 

La decisión de la fiscalía sobre qué camino tomar dependerá de los fundamentos del tribunal, que tiene hasta 60 días para hacerlos públicos a partir de este jueves y explicar por qué los jueces de Milán tomaron la decisión de no dictar sentencia de mérito, es decir, por qué no sentenciaron si los acusados eran culpables o inocentes; si la fiscalía había demostrado la responsabilidad penal de los acusados o si debían ser absueltos. Pero además, también se espera que argumenten por qué tomaron esta decisión el día del veredicto y no al comienzo del proceso. 

En febrero de 2020, el juez Valerio Natale ordenó el inicio del juicio público en Milán. El proceso se demoró por la pandemia pero finalmente comenzó meses más tarde. Entonces, ¿por qué el tribunal dejó pasar más de dos años y decidió que no tenía jurisdicción el día que debía anunciar el veredicto?

Por qué Italia

En un comunicado de prensa, Techint sostuvo que la compañía recibió “con satisfacción” lo que consideró “la sentencia absolutoria” -aunque no existió una sentencia de mérito, es decir, culpabilidad o inocencia-, respecto de Roberto Bonatti, Gianfelice Rocca, Paolo Rocca y la empresa San Faustin. “Desde el inicio de la investigación, habíamos afirmado la correcta conducta de la compañía, la ausencia de vinculación entre los hechos alegados y los miembros del directorio, y la falta de jurisdicción. Al final de la audiencia, el Tribunal de Milán ha declarado que el caso nunca debería haber sido iniciado” en Italia, afirmó Techint.

El grupo de los Rocca concentra inversiones en puntos clave de la economía: energía y construcción. La familia que controla la multinacional ítalo-argentina es la segunda más rica del país y una de las doce con más fortuna en Italia.

La defensa de los Rocca y Bonatti ha sostenido esta tesis durante su alegato en el juicio italiano porque los hechos investigados “no ocurrieron” en Italia, pero la fiscalía defendió su investigación por varias razones: los Rocca y Bonatti son italianos -nacieron en Milán-; San Faustin, la sociedad madre del grupo Techint que manejó las cuentas bancarias y sociedades offshore investigadas, es gestionada “de facto” desde dicha ciudad italiana; y, además, la ley italiana aplica a los italianos que cometieron supuestos delitos de corrupción en el extranjero.

 La causa italiana contra Techint nació en 2015 cuando las autoridades de Brasil avanzaban con el Lava Jato y comunicaron al Ministerio de Justicia de Italia que Techint había “participado en sobornos a ejecutivos de la estatal Petrobras, de la que obtuvieron contratos por el pago de sobornos”, según explicó la fiscal Costa en su alegato.

La investigación sacó a la luz la documentación bancaria aportada por las autoridades de Suiza que probó, según la acusación, cómo se instrumentaron 20 pagos ilegales al exgerente de Petrobras a través de una red de empresas offshore y cuentas bancarias en Suiza, Uruguay y Brasil manejadas por ejecutivos y empresas de Techint. 

Durante su alegato, la fiscal Costa señaló a los supuestos cómplices de los tres empresarios acusados y los definió como miembros de “grupos criminales que operan en varios Estados”: Italia, Suiza, Argentina y Brasil.

La decisión del tribunal de Milán podría ser el tiro de gracia a la investigación por otros motivos, además del reloj contra el tiempo. Si eventualmente se confirma que la Justicia italiana no tiene jurisdicción para investigar a los dueños de Techint y el caso es enviado a la Justicia de Brasil, por ejemplo, el pronóstico no es positivo. En ese país, ya existe una investigación sobre los mismos hechos que no incluye a los Rocca y Bonatti porque éstos no habrían operado desde Brasil.

En Argentina también existe un expediente por estos mismos hechos a cargo de la fiscalía federal de Eduardo Taiano, en los tribunales de Comodoro Py, en el que sí están denunciados Paolo Rocca y ejecutivos argentinos, pero el pronóstico es aún más incierto. La causa local se abrió en 2017 y no tiene indagados ni mayores avances desde entonces. El gigante del acero no ha conquistado la cumbre en vano.

ED

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