El gobierno avanza con la licitación para el escrutinio provisorio de las PASO y las generales

Ni la pandemia ni la presión de los gobernadores para evitar la instancia de las PASO por única vez parecen haber alterado la dinámica de un negocio que viene atado a las elecciones. A principios de enero, el ministerio del Interior le envió una nota a todas las empresas extranjeras interesadas en participar de la licitación internacional para hacerse cargo del escrutinio provisorio de las primarias y las generales de 2021. Publicada en el Boletín Oficial, se trataba del anteproyecto del pliego de bases y condiciones para licitar el recuento provisional y otorgaba 10 días corridos para que los interesados formularan observaciones o sugerencias técnicas con el objetivo de “lograr mayor transparencia y mejorar el proceso”. Así, el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, y su segundo en el área, José Lepere, ponían en marcha con discreción un calendario electoral que se seguía discutiendo dentro y fuera del oficialismo. Ambos miembros de La Cámpora, los dos cumplían en un solo movimiento tanto con su obligación de funcionarios públicos como con el criterio político de Máximo Kirchner, quien se opone a eliminar las PASO y sugiere, en todo caso, ensayar una alternativa para que primarias y generales se voten el mismo día. 

Poco después, se presentó el pliego de bases y condiciones con 93 páginas de indicaciones y comenzaron a correr los plazos. Las compañías que van a competir por un botín que oscila entre los 17 y los 20 millones de dólares tienen tiempo hasta el 25 de marzo para presentar sus ofertas. De no mediar cambios de última hora, entre fines de abril y principios de mayo el recuento provisorio debería estar adjudicado. 

Después de que, en 2019, el gobierno de Mauricio Macri le entregara la licitación a la cuestionada compañía Smartmatic -de origen venezolano y después radicada en Londres- y apartara a la histórica dueña del negocio, la española Indra, este año el proceso exhibe algunas modificaciones iniciales. En primer lugar, el ministerio del Interior vuelve a organizar la elección, como había sido siempre, y se revierte el llamativo proceso que había iniciado el macrismo también en ese aspecto, cuando la iniciativa se le cedió al Correo. En segundo lugar, los montos del contrato esta vez serán en pesos, no convertibles a dólar. Si bien los pliegos siempre especificaron que la oferta debía presentarse en moneda nacional, en las últimas dos décadas el Estado aceptaba una equivalencia en moneda extranjera que facilitaba la tarea para las firmas del sector que compiten en todo el planeta por este tipo de licitaciones. Esta vez, la cláusula del gobierno, las distintas cotizaciones de la divisa y la brecha cambiaria, llevan a suponer a los especialistas que puede haber diferencias notorias entre los competidores. Por último, el COVID-19 obligará a tomar recaudos adicionales al Estado y al sector privado, en el marco de la incertidumbre por el nivel de contagios que habrá a la hora de ir a votar.  

Según dicen en el mercado, la empresa que se adjudique el contrato deberá manejar entre 1200 y 1400 personas, una cantidad importante de gente en el contexto pandémico. En ese punto, tanto la Casa Rosada como la oposición parecen coincidir en el mismo criterio: la pandemia no impide que se realicen los comicios. Citan como antecedentes los casos de Estados Unidos, Portugal, Ecuador, Chile, Brasil, España, Bolivia y Perú, donde en el último año hubo elecciones nacionales o estaduales. 

Ante un negocio que siempre fue viscoso, está dominado por un grupo reducido de jugadores globales y se cierra de espalda a las millones de personas que van a ir votar en las legislativas de este año, el ministerio del Interior busca evitar los cuestionamientos que recibió el gobierno de Macri no solo por parte de los expertos en el tema y la oposición peronista sino también por parte de las empresas que perdieron la licitación. El secretario de Interior Lepere se reunió con las compañías interesadas y el tema ahora está en manos de la secretaria de Asuntos Politicos del ministerio, Patricia García Blanco, y la titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), Diana Quiodo. “El gobierno está muy preocupado por las formas, busca ser muy cuidadoso”, le dijo a elDiarioAR el representante de una empresa que competirá por quedarse con el recuento provisional. Según remarcan en el ministerio de Interior, nunca antes se había publicado un pliego con antelación para que los distintos actores involucrados pudieran hacer observaciones. Desde el gobierno, remarcan que se incorporaron 30 sugerencias formuladas por la oposición. Las ofertas se presentarán vía formulario electrónico y la selección se hará a través del sistema electrónico de contratación de la administración nacional, COMP.RAR. 

Flota en el ambiente el antecedente de Smartmatic en 2019, cuando la multinacional que dirige el español Fernando Abril Martorell fue derrotada evaluó incluso presentar una denuncia penal contra la administración Cambiemos. El proceso fue cuestionado desde el inicio. Con una nota dirigida al Correo Argentino, el 16 de abril de 2019, el director general para el Cono Sur de Indra, Ricardo Viaggio, presentó una impugnación de 14 páginas en las que denunció “gravísimas inconsistencias”, se quejó de un proceso “ilegítimo” y “arbitrario” y pidió que se suspenda en forma urgente la licitación y la apertura de sobres. En el punto 1.3, el representante de Indra sugirió incluso un cambio de sobres para beneficiar a Smartmatic: “Aprovecho la oportunidad para denunciar una causal de desestimación de oferta (...) una nueva irregularidad en el procedimiento de selección ya que según surge del Acta de Aperturas de Ofertas Económicas del 12 de abril SCYTL no cumple con la obligación de presentar una garantía de mantenimiento de oferta del 5% del monto ofertado, por lo que su oferta deberá ser desestimada”. Viaggio no era un improvisado ni un enemigo del macrismo: había trabajado como directivo en Itron, la compañía tecnológica de Socma. 

Con un pliego que se definía en un 70% por el precio o puntaje económico y en un 30% por la evaluación técnica, Smartmatic cotizó el trabajo inicial del conteo provisional en poco más de 17 millones de dólares y superó a Indra que había tarifado el trabajo en más de 19 millones de dólares. Finalmente, dado los plazos de pago y las actualizaciones, siempre es más lo que se cobra. 

Con 38.000 empleados en 46 países y cotización en las bolsas de Francia, Inglaterra y Estados Unidos, Indra irá este año por la revancha en busca de recuperar un negocio que controló sin inconvenientes entre 1997 y 2017. Gobiernos de distinto signo le encargaron el conteo de votos de las elecciones de 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015. Hasta que con el oficio de Jorge Born hijo como lobbista en 2019, Smartmatic -que tiene como gerente general para el Cono Sur al ex IBM Andrés Rombola- se impuso en la pelea de gigantes. Según contó Hugo Alconada Mon en su libro “La Raíz”, Born había sido aportante de la campaña presidencial de Macri y quería recuperar lo suyo. El contrato que ganó la compañía de origen venezolano no sólo recibió cuestionamientos en Argentina: en medio de sus denuncias de fraude durante la campaña norteamericana, hasta Rudolf Giuliani, el abogado de Donald Trump, cuestionó a la empresa.

Indra y Smartmatic son las favoritas para quedarse con el contrato pero no son las únicas empresas que están interesadas en ganar la licitación. Los catalanes de SCYTL y los colombianos de Thomas Green & Sons -dos firmar que ya participaron en 2019- estudian presentar su propia oferta. También Boldt y TNG Group figuran entre las firmas que hicieron observaciones ante el primer pliego que difundió el ministerio de Interior. Se trata de un mundo reducido que conocen los funcionarios de turno, los empresarios del sector y un grupo de lobistas multirubro. En 2019, sin ir más lejos, SCYTL contaba entre sus asesores especiales al ex director global de Procesos Electorales de Indra, Jesús Gil Ortega, un ejecutivo que conoce de primera mano la escena argentina del negocio de los votos y fue desplazado en 2012 por Abril Martorell a causa de irregularidades en el escrutinio de Angola. Esta vez, desde el gobierno afirman que no habrá favoritismos en la pelea por un contrato millonario. La prioridad está en que las PASO y las generales se realicen sin cuestionamientos. Nadie quiere que la empresa que quede a cargo de la elección argentina vuelva a ser noticia en el exterior.