El Gobierno desregula la marina mercante y habilita el ingreso de buques y tripulaciones extranjeras

El gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles la desregulación de la marina mercante mediante un decreto que abre el transporte de carga y pasajeros en aguas argentinas a buques con bandera extranjera y tripulaciones no nacionales. La iniciativa, que lleva la firma del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, declara a la navegación marítima y fluvial como un “servicio esencial”, lo que impacta directamente sobre los derechos laborales del sector.

El nuevo marco normativo permite que, ante la falta de disponibilidad de personal argentino, se pueda contratar a tripulantes de cualquier nacionalidad. Además, autoriza a barcos extranjeros a operar libremente en rutas fluviales y marítimas nacionales.

A través de sus redes sociales, Sturzenegger defendió la decisión como una forma de reivindicar los principios constitucionales de “libertad de navegación y comercio” y criticó el “excesivo reglamentarismo” que, según él, distorsionaba el espíritu de la Constitución.

La respuesta del sector no tardó en llegar. El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) rechazó la medida y recordó que ya en marzo había alertado sobre el “grave perjuicio” que implicaría para los trabajadores del rubro. En particular, el gremio remarcó que al declararse la actividad como esencial se restringe el derecho a huelga, y cuestionó la posibilidad de reemplazar mano de obra nacional por extranjera, lo que podría derivar en una caída de los salarios y en una pérdida masiva de empleos.

“El hecho de abrir la puerta a las navieras extranjeras, incluidas las chinas, que pagan sueldos de no más de 400 dólares, supone el fin de la marina mercante nacional en poco tiempo”, aseguraron fuentes del sector a la agencia EFE.

Asimismo, desde el Centro de Capitanes de Ultramar y oficiales de la marina mercante convocaron a una asamblea este jueves a las 16 en su cede y reiteraron “la instrucción de no aceptar ni suscribir ningún cambio en las condiciones establecidas en los Convenios Colectivos y acuerdos vigentes”.

El decreto se inscribe en la lógica de reformas estructurales que el gobierno de Milei impulsa desde el inicio de su gestión, con el objetivo de desregular la economía, aunque sus efectos concretos sobre la soberanía marítima, el empleo y la industria nacional generan un creciente debate.

MM con información de la agencia EFE.