El Gobierno posterga una definición y acuerda un “cuarto intermedio” con los piqueteros de la izquierda

En medio de la disputa interna en el oficialismo ahora cristalizada entre Cristina Kirchner y el Movimiento Evita, el Gobierno logró por ahora poner en pausa el plan de lucha de la Unidad Piquetera, que en las últimas semanas reclamó en las calles del microcentro, luego de dos masivos acampes sobre la avenida 9 de Julio durante marzo y abril. Tras una nueva reunión entre los piqueteros y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, se pasó a “un cuarto intermedio” para la semana próxima, donde volverán a encontrarse equipos técnicos de ambos lados para avanzar en la discusión.

El encuentro de este miércoles duró más de una hora –entre las 18.10 y las 19.30– en la que el funcionario nacional reiteró a las organizaciones sociales que no se ampliará el programa Potenciar Trabajo, aunque se comprometió a avanzar en la discusión por las partidas alimentarias, otro de los reclamos de las organizaciones sociales, según supo elDiarioAR. Pese al impass en el conflicto, hacia la noche trascendió que el Gobierno le habría quitado a las organizaciones sociales una parte del total de 1,2 millón de planes para transferírselas a los municipios y provincias, una propuesta que la propia Cristina Kirchner lanzó en estos días y que acordó con varios gobernadores, como Alicia Kirchner, de Santa Cruz, y Jorge Capitanich, de Chaco.

Cerca de Zabaleta no confirmaron a elDiarioAr la información, y Eduardo Belliboni, dirigente del Partido Obrero que participó en el encuentro con el ministro aseguró que “no se dijo nada al respecto”.

“El Ministerio no entiende que no podemos comer todos los días fideos y polenta. Queremos que los comedores tengan asistencia como corresponde”, había planteado a la salida del encuentro el referente trotskista. “Sin arribar a compromisos concretos para las reivindicaciones que consideramos indispensables para los trabajadores desocupados, se acuerda pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves de la semana que viene”, agregó a declaraciones a la prensa.

El rechazo oficial a aumentar el Potenciar Trabajo –por el que los beneficiarios cobran 16.500 pesos a cambio de cuatro horas de trabajo en cooperativas– va en línea con la postura del Gobierno de “reemplazar planes por trabajo”, aunque en los últimos días se metió en la interna que abrió Cristina Kirchner. 

El lunes pasado, la vice apuntó contra el Evita, cuyo máximo dirigente Emilio Pérsico administra el plan como secretario de Economía Social en el ministerio de Zabaleta. En el Presupuesto 2021 el Potenciar Trabajo tenía una asignación de $227 mil millones, un monto que la semana pasada el DNU de Martín Guzmán aumentó 34%, por debajo de la inflación: este año recibirá otros $77.617 millones. 

“Vamos a seguir discutiendo. No vamos a tomar medidas en los próximos días, pero si no hay respuesta lamentablemente vamos a seguir en la lucha”, advirtió Belliboni tras el encuentro en la cartera pública. La Unidad Piquetera ya votó un plan de lucha con marchas para el próximo 25 y 26 de junio en el Puente Pueyrredón, “con acciones contra los gobernadores de las 24 provincias”, y en la semana del 11 de julio con una fuerte medida “que puede ser un acampe nacional”. Esa agenda de piquetes por ahora quedó en suspenso.

El rosario de reclamo de la Unidad Piquetera incluye un salario mínimo de 100 mil pesos y la libertad de acción para los beneficiarios de los planes, para que puedan elegir la unidad ejecutora en la que prestan sus servicios. 

Para poder participar en el Potenciar Trabajo, las personas deben estar organizadas en cooperativas, que son manejadas por los movimientos sociales –tanto los oficialistas como los de izquierda–, pero también por los municipios y las gobernaciones. No hay estadísticas oficiales sobre el reparto de las unidades ejecutoras, pero en Desarrollo Social le aclararon a elDiarioAR que los 16.500 pesos se transfieren directamente desde el Estado a los beneficiarios.

En el Ministerio también defienden la línea de trabajo oficial de “transformar planes sociales en trabajo” y recuerdan que el 29 de diciembre salió una resolución por la que cualquier beneficiario del Potenciar Trabajo podía cambiar de unidad ejecutora, decisión a la que se acogieron –al 1 de junio– unas 170 mil personas, de las cuales el 30 por ciento efectivamente ya se cambió. 

Los argumentos para pasarse son distintos: por mudanza, por necesidad de hacer otra tarea y también por cuestiones políticas. Unas 7 mil personas denunciaron irregularidades, entre ellas el pedido de un porcentaje del salario para la agrupación, un hecho que la semana pasada despertó críticas hacia el Polo Obrero, que admitió cobrar 2% a sus integrantes para solventar distintos gastos propios de la organización, emulando a los sindicatos.

Y a la posibilidad del cambio se sumó la decisión en febrero de no otorgar más altas al Potenciar Trabajo y fortalecer el programa con recursos destinados a herramientas, así como la firma de convenios con empresas y sindicatos para que los beneficiarios se integren progresivamente en el trabajo informal. “En los últimos meses hubo 50 mil personas que salieron de los planes o están en una situación de ‘empleo protegido”, aseguraron en el ministerio, aunque admitieron que es una diferencia exigua respecto al 1,2 millón de beneficiarios.

*Actualizada a las 00:00 del jueves con declaraciones de Belliboni

CC