Para los jueces, el discurso de Fernández sonó como una música conocida, pero difícil de implementar

Un dejá vú y un eco de discursos pasados que el propio Gobierno no ha podido plasmar en una reforma real del Poder Judicial: así resumieron la respuesta a las críticas del presidente Alberto Fernández las voces de la Corte Suprema, la Procuración General de la Nación y los tribunales federales de Comodoro Py consultadas por elDiarioAR tras las críticas del mandatario a la Justicia.

En la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, Fernández anunció este lunes que enviará una serie de proyectos de reforma judicial, entre los que incluyó la creación de un tribunal previo a la Corte que modificará la intervención del máximo tribunal en causas penales, una de las recomendaciones que tomó del Comité de Juristas que lo asesoró durante 2020. 

También aseguró que buscará modificar el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano que elige y controla a los jueces; y que impulsará el juicio por jurados en todo el país. 

Fue un discurso poco preparado, carente de contenido y dirigido a contentar al círculo más estrecho del kirchnerismo.

Hace exactamente un año, el Presidente había anunciado la reforma judicial que no logró sancionarse en el Congreso durante 2020. El proyecto de ley para crear 23 juzgados federales en Comodoro Py fue aprobado por el Senado el 27 de agosto pero el oficialismo no pudo avanzar en Diputados ante la falta de acuerdos con los bloques opositores.

El oficialismo tampoco ha podido destrabar el proyecto de ley para la reforma del Ministerio Público Fiscal, que impulsó el kirchnerismo y obtuvo media sanción de Diputados. Busca acortar el mandato del Procurador y modificar las mayorías para su aprobación (por mayoría absoluta en lugar de los dos tercios que requiere en la actualidad). De esa ley dependen el nombramiento del juez Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación. 

“Fue un discurso poco preparado, carente de contenido y dirigido a contentar al círculo más estrecho del kirchnerismo que demanda acciones urgentes al Presidente sobre la Justicia. Pareció la sobreactuación de un enojo, destinada a encubrir lo poco hecho, lo poco propuesto y lo poco imaginado en el camino. Por eso, el Presidente optó por radicalizar, en lugar de profundizar, las críticas que ya había hecho a la justicia en ocasiones anteriores”, dijo a este diario Roberto Gargarella, constitucionalista e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

Pareciera que en el discurso se patearon puertas pero acá no viene nadie a golpearlas.

El Presidente también apuntó a los que llamó los “privilegios” del Poder Judicial. “En el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible”, dijo. También criticó que “ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias que sí tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado”, cuando los magistrados nombrados desde 2017 sí tributan por ganancias, remarcaron en distintos tribunales consultados.

“El Poder Judicial es un enemigo fácil, pero el Gobierno tiene más de un año y no logra resolver esas cuestiones que el propio Ejecutivo plantea”, respondieron desde la Cámara Federal porteña, el tribunal sobre el que el Ejecutivo sí avanzó en el último año con la revisión de los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi; el llamado a concurso para cubrir las vacantes de los dos jueces cuestionados por el oficialismo; el regreso del juez Eduardo Farah; y el envío del pliego de Roberto Boico al Senado. 

El Ejecutivo y el Judicial son dos poderes con diálogo nulo, según admitieron los consultados en distintos estamentos de los tribunales. “Pareciera que en el discurso se patearon puertas pero acá no viene nadie a golpearlas”, respondieron desde la Corte. “Dialogar es imposible con este grado de agresión”, agregaron desde los tribunales federales de Retiro, donde se concentran las causas de presunta corrupción.

“Gran parte del contenido del discurso ya fue dicho y las leyes no son potestad del Poder Judicial, no es la Justicia la que puede modificarlas. Parece que le está hablando al Poder Judicial pero lo cierto es que necesita mayorías en el Congreso que no tiene”, dijeron en un despacho del Palacio de Justicia. 

“Vacío de reflexiones en el área, el Presidente recurrió al contradictorio manojo de propuestas que le ofreciera la Comisión de Juristas. Enunció varias de tales propuestas -las había para todos los gustos- pero ninguna de ellas tiene estatus legislativo, lo que muestra la improvisación para el caso: algo había que decir, capaz de contentar a la expectativa que debía satisfacer en el área”, coincidió Gargarella.

La Corte

El discurso de Fernández convocó a la primera reunión presencial de los cinco ministros de la Corte en el último año, afirmó una fuente del máximo tribunal. Los jueces se conectaron a la apertura de las sesiones legislativas vía zoom desde el Salón de los Embajadores, en el Palacio de Justicia. “El Poder Judicial de la Nación está en crisis. Es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano”, escucharon decir a Fernández. “Sus miembros (jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios) disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad”, dijo el Presidente en su discurso.

En su discurso, el Presidente se alineó con los reclamos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el kirchnerismo más puro en su abierta disputa con un sector del Poder Judicial: habló de “detenciones preventivas innecesarias”; cierto mecanismo en el funcionamiento de la Corte que se utilizó, por ejemplo, para confirmar la condena al exvicepresidente Amado Boudou (el artículo 280 del Código de Procedimientos Civil y Comercial) sin analizar la validez de la prueba; y la creación de un Tribunal Federal de Garantías que desplace a la Corte del protagonismo en causas penales. La defensa de la vicepresidenta viene realizando numerosos planteos ante el máximo tribunal sobre las causas y juicios en su contra que los ministros no han resuelto aún. 

“En particular, y sobre la propuesta más ‘densa’ de las presentadas  -la referida a un ‘tribunal intermedio’ o Tribunal Federal de Garantías, conviene decir que no sirve para alcanzar ninguno de los fines que enunció, ni para resolver alguno de los miles de problemas integrantes de la inusitada catarata de problemas que denunció: la falta de republicanismo; el vínculo de la Justicia con los medios; el pacto con el poder político; los privilegios; las demoras; la edad de retiro de los jueces; la no-transparencia”, agregó el constitucionalista Gargarella.

El Poder Judicial de la Nación está en crisis. Es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano.

“Si yo fuera una persona que quisiera abortar causas de corrupción y los recursos del sistema ya estuvieran agotados, me quedaría asesinar al fiscal, echarlo; sacar jueces o agregar jueces”, dijo este lunes el fiscal Carlos Stornelli en diálogo con Todo Noticias (TN) en referencia de las propuestas del Presidente. “No soy un tipo corporativo pero creo que hay que serlo un poco y que ningún judicial irá a ninguna parte a empujones”, agregó Stornelli.

El fiscal del caso de los cuadernos fue aludido en el discurso presidencial. “En la Argentina de hoy, hay un fiscal procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión que sigue en funciones como si nada de esto lo afectara. A él no se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su ‘poder residual’ pudiera afectar la investigación. Es cierto. Su poder no es residual. Está vigente”, dijo Fernández en el Congreso.

“El discurso deja más por lo que calló que por lo que dijo”, respondieron en la Procuración General de la Nación, donde funciona la jefatura de los fiscales de todo el país. “No habló del pliego de (Daniel) Rafecas para ocupar el cargo de Procurador. Habló de republicanismo y pero el oficialismo no logra una definición mediante un proceso republicano, como la elección de un jefe de fiscales”, respondió la fuente consultada. El Ejecutivo ya envió el pliego del juez federal al Senado pero las negociaciones políticas nunca prosperaron. 

“Tampoco habló de la implementación del sistema acusatorio, que ha sido una política de estado de todos los gobiernos y que ya es ley pero avanza poco y nada. Recién están discutiendo en la comisión legislativa implementarlo en Rosario y Mendoza”, aseguraron desde el Ministerio Público Fiscal.

“Se quedó en las palabras cuando la verdadera reforma judicial es que el sistema acusatorio empiece mañana mismo a funcionar en todo el país a nivel federal. Este sistema trae publicidad, transparencia pero de ningún modo se están encarando estos cambios de forma concreta”, reflexionó un juez que no integra la nómina de “enemigos clásicos” del kirchnerismo en los tribunales.  

Fernández también hizo referencia indirecta al accionar de jueces en causas judiciales directamente relacionadas con Mauricio Macri, como el caso Correo Argentino SA, cuando entre sus críticas al Poder Judicial mencionó “concursos comerciales que demoran décadas” como uno de los “desvíos en la Justicia” que dijo observar desde hace tiempo. El concurso preventivo de la empresa de la familia Macri cumplió 19 años en septiembre último y la Justicia comercial sigue sin definir el destino de la compañía.

Además, se refirió, también de manera indirecta, a fallos judiciales que permitieron que un juzgado federal y dos fiscales de Lomas de Zamora fueran apartados de la causa por el presunto espionaje ilegal que tiene como principales acusados a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Cambiemos. La propia vicepresidenta Fernández de Kirchner es una de las querellantes que solicitó a la Corte Suprema que revea esa decisión. El expediente quedó a pedido del exsecretario privado de Macri, Darío Nieto, a cargo de un juzgado federal de Comodoro Py.

ED