La Justicia no habilitó la feria y el DNU de la SIDE seguirá vigente mientras avanza la pelea judicial
La Justicia decidió no abrir la feria judicial para tratar los amparos contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que el presidente Javier Milei reformó el sistema de inteligencia y amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El dictamen del fiscal del fuero contencioso administrativo federal Fabián Canda le dio al Gobierno una primera señal de alivio en el frente judicial, al considerar que no se verifican las condiciones de “urgencia” necesarias para habilitar el tratamiento del caso durante el receso de enero.
Según confirmaron fuentes judiciales, Canda se pronunció en el mismo sentido en todos los expedientes vinculados al DNU 941/2025. En uno de los dictámenes, elaborado en respuesta a una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el fiscal sostuvo que habilitar la feria implicaría ingresar en cuestiones de fondo que deben ser analizadas por los jueces naturales una vez retomada la actividad judicial. “La habilitación durante la feria es una medida de excepción y debe acordarse con carácter restrictivo”, señaló, y agregó que no se acreditó un “riesgo previsible e inminente” de afectación de derechos que justifique apartarse de esa regla.
Ahora será el juez de feria del fuero, Walter Lara Correa, quien deberá resolver sobre la totalidad de las presentaciones, aunque el dictamen fiscal marca una línea clara. Las causas quedaron radicadas en los juzgados 3, 4 y 11 del contencioso administrativo federal. Una fue impulsada por los diputados Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulón; otra por un grupo de abogados, dirigentes y exfuncionarios con pasado en el radicalismo; y una tercera por la Fundación Apolo, que encabeza Yamil Santoro.
La decisión del fiscal choca de frente con el planteo del CELS, que había solicitado la habilitación de la feria al advertir que el decreto “no admite demoras”. En su presentación, la organización sostuvo que el DNU constituye un “actuar ilegal e inconstitucional” del Poder Ejecutivo, incompatible con compromisos internacionales en materia de derechos humanos, y alertó sobre la afectación actual o inminente de derechos fundamentales como la privacidad, la libertad personal y la participación política.
El decreto firmado por Milei el 31 de diciembre pasado —cuando ya habían concluido las sesiones extraordinarias convocadas por el propio Ejecutivo— reordena el sistema de inteligencia, redefine competencias y ensancha de manera significativa el rol de la SIDE. Uno de los puntos más cuestionados es la habilitación para que personal de inteligencia pueda realizar aprehensiones en el marco de sus tareas, una facultad históricamente reservada a fuerzas policiales y de seguridad y que abrió una fuerte controversia política y jurídica.
En uno de los escritos presentados ante la Justicia, el grupo de abogados encabezado por Leopoldo Moreau advirtió que el nuevo esquema “habilita la realización de actividades de inteligencia y contrainteligencia de carácter encubierto sin orden judicial previa, sin delimitación precisa de los supuestos habilitantes y sin control externo eficaz”. Para los denunciantes, el DNU avanza sobre materias vedadas al Poder Ejecutivo y vulnera el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional.
La negativa a abrir la feria judicial encaja, además, con la estrategia política que el oficialismo viene desplegando desde Balcarce 50. En el entorno presidencial descuentan que, al menos por ahora, el frente judicial no alterará el calendario del Gobierno y confían en ganar tiempo también en el Congreso, donde apuestan a que el debate sobre el DNU quede postergado hasta después de la discusión de la reforma laboral. La decisión de la Justicia de no acelerar los plazos refuerza esa hoja de ruta.
Con los amparos en pausa y el tratamiento parlamentario aún lejano, el decreto seguirá vigente durante las próximas semanas. La disputa, sin embargo, está lejos de cerrarse: los jueces naturales deberán pronunciarse sobre el fondo de la cuestión y el Congreso mantiene la facultad de rechazar el DNU en su totalidad. Por ahora, el Gobierno consiguió lo que buscaba: tiempo. Pero el conflicto por el alcance del poder de la SIDE y los límites democráticos del sistema de inteligencia apenas empieza a recorrer su capítulo en los tribunales.
PL/MG
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