Larreta apunta a regímenes jubilatorios de docentes, jueces, embajadores y policías para reducir el gasto público

Horacio Rodríguez Larreta, durante una visita al centro de jubilados Doña Rosa, en Parque Patricios, el 28 de agosto de 2019.

Con retóricas más o menos encendidas, los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio (JxC) prenuncian una temporada en el desierto a partir de 2024, para terminar con lo que suelen definir como malgasto, dilapidación o “fiesta”, que llevaría a la Argentina a “vivir por encima de sus posibilidades”.

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A diferencia de otros tiempos, una parte de la dirigencia política interpreta que las proclamas de inspiración thatcherista, aquellas que enmarcan un Estado y sectores parasitarios que viven del esfuerzo de los individuos, no espantarán votos en 2023, sino que servirán para cosecharlos. La presunta competitividad de Javier Milei, cuyo sobrevuelo altera los nervios de JxC, alimenta esa línea.

El objetivo del déficit cero que el FMI planteó en 2018 —y Mauricio Macri casi consigue en un año y medio mediante hachazos presupuestarios y traumas sociales— quedó establecido como un norte para todos los postulantes la coalición de derecha. Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y el propio Macri dejaron saber que el Gobierno que asuma en 2023 no tendrá tiempo para dilaciones ni gradualismos.

La revisión del acuerdo con el FMI por US$ 44.500 millones gestionada por Alberto Fernández estiró los plazos para alcanzar el equilibrio. El programa supone una reducción gradual del déficit primario a 2,5% del PBI este año, 1,9% en 2023 y 0,9% al año siguiente, para después iniciar —dice el papel— una senda de equilibrio y superávit. Esa es la receta que asumieron las diferentes facciones del Frente de Todos, más allá de declaraciones del cristinismo que, a fuerza de hechos, perdió su capacidad desconcertante. Así las cosas, el déficit cero, con otros tiempos y herramientas, gobierna también la mente del oficialismo y la variante opoficialista de La Cámpora.

Sin margen

Aunque quieran, los postulantes de JxC no tendrán margen para repetir el aumento del déficit fiscal financiado con endeudamiento descontrolado, secuencia gatillada entre 2016 y 2018. Los mercados internacionales se cerraron desde entonces y todo indica que la ventana demorará un tiempo en volver a abrirse: una montaña de vencimientos espera a los próximos dos períodos presidenciales.

Otra coincidencia en JxC es que el déficit no será reducido mediante el aumento de impuestos, porque “no hay más espacio para eso”. Sus legisladores se oponen tanto a subir retenciones al agronegocio como a gravámenes especiales a sectores que multiplicaron su rentabilidad a raíz de la pandemia y la guerra en Ucrania.

El diagnóstico en la alianza de derecha deriva en un recorte de gastos del que hay pocos detalles, más allá de amenazas rimbombantes pero poco efectivas (cerrar Aerolíneas Argentinas de un plumazo) o incompatibles con la paz social (eliminar planes sociales).

Una de las precisiones que deja saber el entorno de Rodríguez Larreta es que los regímenes previsionales de excepción, que benefician a unos 3,7 millones de los 9,5 millones de jubilados, son caros, inequitativos e insostenibles.

El universo de jubilaciones de excepción abarca realidades diversas. “Se compone de dos tipos: los regímenes diferenciales, cuyo beneficio es igual al general, pero cuentan con requisitos de edad y servicios menores para tareas consideradas insalubres o que generan envejecimiento prematuro, como mineros, recolectores de residuos, ferroviarios o bailarines del Colón (son 38 profesiones en total), y los especiales, que permiten obtener jubilaciones en mejores condiciones en requisitos y/o montos”, indicó a este medio Manuel Mera, director de Protección Social del Centro para la Implementación de Políticas Públicas y la Equidad Ciudadana (CIPPEC).

El régimen general establece que un trabajador se puede jubilar a los 65 años (hombres) o 60 (mujeres), al cabo de 30 años de aportes. Entre los exceptuados de esta regla y/o con acceso a un haber jubilatorio más alto que el promedio —porque sus condiciones de jubilación establecen un porcentaje sobre el sueldo activo de entre 70% y 82%— se encuentran docentes de primario y secundario, universitarios, investigadores del Conicet, Luz y Fuerza, agentes de seguridad, militares y empleados municipales y provinciales de algunos distritos. En la mayoría de los casos, como parten de salarios no tan altos o incluso bajos, sus jubilaciones alcanzan para un retiro sin zozobras, pero tampoco lujos.

Señorías

Dos profesiones se destacan en el sentido contrario: diplomáticos y judiciales. El piso jubilatorio del 82% se aplica sobre salarios promedio muy altos. De esta manera, jueces, embajadores y sus subalternos extienden a su vida pasiva los privilegios remunerativos y de condiciones generales (vacaciones, traslados, horarios, impuestos, obra social) que gozaron durante décadas de su trayectoria laboral.  

Este grupo, el de los “especiales” con piso de jubilación más alto, hace un aporte extra sobre el sueldo durante su vida laboral que va desde el 2% (Luz y Fuerza, docentes, Conicet) al 7% (embajadores, jueces). “Los mayores aportes no alcanzan para pagar esas jubilaciones, de ninguna manera son sostenibles esos regímenes”, aclaran en CIPPEC.

En suma, la ONG identificó más de 205 esquemas de excepción que alcanzan a 3,7 millones de retirados, cuya jubilación es 85% superior al promedio del régimen general. Con números a junio de 2022, ANSES reportó el pago de 8,7 millones de beneficios previsionales, incluyendo 1,7 millón de pensiones no contributivas (invalidez, víctimas del terrorismo de Estado, veteranos de Malvinas). A ello se suman unos 600.000 jubilados que pagan estados provinciales y cajas autónomas de Fuerzas Armadas.

Este año, Rafael Rofman se sumó a los equipos de Larreta 2023. En marzo de 2021, el economista publicó “Los regímenes previsionales de excepción en Argentina”, texto que propuso "limitar el rol de los regímenes de excepción al mínimo posible”.

En la cuenta de CIPPEC, que viene batallando hace años por la reducción o eliminación de los regímenes de excepción, el costo global de los regímenes excepcionales es de siete puntos del PBI.

La voz de esta organización no es marginal para Juntos por el Cambio, no sólo porque sus anteriores cuatro directores ejecutivos se incorporaron a esa alianza, incluida Julia Pomares, jefa de asesores de Larreta. Este año, Rafael Rofman, predecesor del citado Mera, se sumó a los equipos técnicos del postulante del PRO. En marzo de 2021, este economista y demógrafo publicó “Los regímenes previsionales de excepción en Argentina”, texto que propuso encarar “cambios para limitar el rol de los regímenes de excepción al mínimo posible”.  

Consenso

Si se eliminaran las jubilaciones excepcionales y todos los mayores de 65 años recibieran el haber medio del régimen general, el Estado podría ahorrar cuatro puntos del producto, lo que equivaldría a eliminar el déficit y pasar a superávit, evaluó Mera, docente en las universidades de San Martín y Di Tella.

El excel de CIPPEC atrae a Larreta, aunque es consciente de las obvias resistencias sociales y sindicales que dispararía una reforma de ese tipo.

Una fuente clave del proyecto presidencial de Larreta menciona a una reducción de los regímenes de excepción como un pilar del orden de las cuentas públicas, pero descree de una decisión unilateral que equivaldría a patear el tablero. Sostiene que el próximo Gobierno podrá sumar masa crítica con gobernadores, empresarios y algunos sindicatos. El caramelo de aumentar jubilaciones mínimas —47% del total de los jubilados, según ANSES—, como estipula el cálculo de CIPPEC, entrará a jugar. Entre los sindicalistas aliados se encontrarían los de los gremios más numerosos, Comercio, Construcción y UPCN (estatales nacionales), que miran los regímenes de excepción desde afuera. El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción, Gerardo Martínez, y el de UPCN, Andrés Rodríguez, ocupan una silla en el directorio de CIPPEC.

Otra fuente no larretista de JxC baja el tono y advierte el veto previsible de parte de jueces prestos a poner el sello de “inconstitucionalidad” a una iniciativa que los perjudique. La voz agrega elucubraciones sobre los riesgos de ponerse en contra al estamento judicial.

Disenso

Los antecedentes del jefe de Gobierno permiten avizorar que está dispuesto a dar ciertas batallas con, por ejemplo, los docentes primarios y secundarios, cuyas jubilaciones representan el 50% dentro de los regímenes de excepción que paga ANSES. El gremio no sólo fue blanco habitual de agravios (“personas grandes”, “fracasados”, “sectores socioeconómicos bajos”, “militantes”, “adoctrinadores”) de la ministra de Educación y precandidata a gobernar CABA, Soledad Acuña, sino que también fue penalizado salarialmente por las administraciones del PRO. Los sueldos de los maestros porteños marchan marcadamente por detrás de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, la Patagonia y varias del Norte, según un informe del Ministerio de Educación de marzo pasado.

Aun si Larreta se arriesga a dar batalla a trabajadores supuestamente no afines, como docentes, científicos, ferroviarios y estatales de provincias, se enfrentaría a una ecuación difícil de resolver. Diplomáticos, policías, militares y jueces son, en principio, más próximos a la coalición de derecha. En el caso de funcionarios del Poder Judicial y del Servicio Exterior, sus haberes jubilatorios son entre siete y diez veces superiores al régimen general, según números de CIPPEC.

Mera argumenta que hay que “reordenar” el sistema y apuntar a un pago jubilatorio con un componente universal y otro en función de los aportes realizados, sin desconocer que ciertas profesiones justifican un trato privilegiado por cuestiones de salubridad. El responsable de CIPPEC suma su crítica a las moratorias, que se aceleraron hace veinte años, cuando Sergio Massa se hizo cargo de ANSES. En un país con más de un tercio de su fuerza laboral en negro y tormentas económicas periódicas, el registro de 30 años de aportes se torna sisifiano para muchos trabajadores. Para Mera, las moratorias son un método “irregular” de resolver un problema.

En el caso de funcionarios del Poder Judicial y del Servicio Exterior, sus haberes jubilatorios son entre siete y diez veces superiores al régimen general

Al respecto, Larreta se inclina por garantizar una prestación para el adulto mayor similar a la ofrecida durante el Gobierno de Macri (PUAM), con un estipendio menor a la jubilación.

En el lado del peronismo, no abundan voces que aborden una reforma del sistema previsional, renglón que representa 45% del presupuesto anual del Estado nacional. En general, iniciativas como la de CIPPEC o el retorno a la jubilación privada, como viene deslizando Macri, disparan reacciones inmediatas ante lo que en el peronismo y la izquierda perciben como amenazas a derechos de los trabajadores.

Una excepción satelital en ese campo sería Emmanuel Álvarez Agis. Este economista, cada vez más crítico del oficialismo, habló de un régimen de jubilación universal con haberes similares para todos los retirados, más allá de cuál haya sido su aporte.

El ex viceministro de Axel Kicillof acaba de incorporarse a CIPPEC como integrante del Consejo de Administración, en compañía de los citados Martínez y Rodríguez, además de Gastón Remy (ex Vista), Sergio Kaufman (Accenture), Alberto Abad (ex AFIP) y el abogado Alejandro Carrió, entre otros. 

SL

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