“Nación se financia con las provincias”: los gobernadores le exigen a Milei revisar todo el esquema fiscal

Después de meses de reproches en privado y gestos públicos moderados, los gobernadores se reencontraron este martes en la sede transitoria del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la ciudad de Buenos Aires para analizar la situación económica que atraviesan sus distritos. Fue una reunión extensa, cargada de preocupación por la caída real de los ingresos, el deterioro de las rutas nacionales y las crecientes dificultades para sostener las finanzas estatales en un año marcado por la licuación del gasto y el calendario electoral.

El encuentro, titulado formalmente “Nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo de una infraestructura federal”, comenzó a las 11 en Azopardo 750 y sirvió como paraguas para discutir mucho más que eso. La convocatoria logró una rareza: juntar en una misma mesa a mandatarios del peronismo, la UCR, el PRO y fuerzas provinciales, en un clima de coincidencias técnicas y desconfianzas políticas.

Bajo el liderazgo de Ignacio Lamothe, titular del CFI, participaron de forma presencial 18 gobernadores, entre ellos Axel Kicillof, Jorge Macri, Martín Llaryora, Rogelio Frigerio e Ignacio Torres. Otros cuatro gobernadores lo hicieron de forma virtual. No hubo documento final, pero sí una foto conjunta que buscó mostrar, al menos en lo simbólico, cierta capacidad de coordinación ante el ajuste del gobierno de Javier Milei.

La política detrás del diagnóstico

La reunión también sirvió como espacio para alinear posiciones de cara al nuevo paquete de reformas que impulsa el Ejecutivo nacional. Los gobernadores consensuaron pedir una audiencia a Milei para discutir una reforma fiscal integral, con el objetivo de revisar el esquema de coparticipación, la matriz tributaria y la coordinación entre niveles de gobierno. El mendocino Alfredo Cornejo fue propuesto como interlocutor institucional ante la Nación.

Además, hubo mayoría favorable a avanzar con la adhesión al “plan colchón”, el régimen de sinceramiento fiscal que impulsa el Ministerio de Economía. Algunos mandatarios ya habían firmado convenios de intercambio de información con ARCA, pero otros —como Santa Fe— recordaron que dejaron de compartir datos tras una disputa judicial en 2017. En el CFI se discutió también la necesidad de que cualquier reforma se tramite por el Congreso, y no solo por acuerdos bilaterales.

“El Gobierno plantea una reforma fiscal, y las provincias somos parte vinculante de ese debate”, afirmó Ignacio Torres al salir de la reunión. “Hoy Nación se financia con las provincias. Es momento de redefinir una matriz más justa, que le quite el pie de encima a la producción y al trabajo”, añadio el chubutense, que oficio como vocero de sus colegas.

Aunque no hubo pronunciamientos altisonantes ni ruptura con la Casa Rosada, el clima del encuentro fue más firme que en reuniones anteriores. La imagen de unidad buscó evitar que el reclamo se leyera como una movida opositora, pero dejó claro que la etapa del silencio parece empezar a agotarse. “El gran desafío es ponernos de acuerdo en puntos básicos, incluso en un año electoral. Si no, todo vuelve a empezar cada cuatro años”, deslizó uno de los gobernadores.

El desplome silencioso

El dato que encendió las alarmas llegó días antes del encuentro. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en mayo la Nación transfirió $5,57 billones a provincias y CABA, lo que implica una caída real interanual del 23,3%. Un informe paralelo de la Comisión Federal de Impuestos prevé que la coparticipación caerá un 4,2% en todo 2025. La pérdida estimada ronda los $2,5 billones, equivalentes al 0,3% del PBI. En algunos distritos, como La Pampa y Santa Fe, la baja proyectada llega al 6%.

Además, los giros por coparticipación crecieron apenas un 10,6% nominal respecto al mismo mes del año pasado, el peor registro desde la pandemia. La recaudación de IVA cayó un 1% real, y la de Ganancias, casi un 40%. Entre 2023 y 2025, la caída proyectada de los ingresos automáticos supera el 11,5%. Más del 60% de los ingresos de al menos 12 provincias depende de esas transferencias.

Otro de los ejes centrales de la cumbre fue el estado crítico de las rutas nacionales y la parálisis de la obra pública. En el temario oficial figuraban un informe del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y alternativas de financiamiento para obras, pero la discusión excedió ampliamente el plan técnico. Varios mandatarios remarcaron que el deterioro de las rutas está encareciendo los costos logísticos y afectando la producción regional.

Fue Torres el encargado, en nombre de los gobernadores, de volver a reclamar un nuevo pacto fiscal y la posibilidad de que las provincias se hagan cargo de las obras abandonadas por Nación. “Hay impuestos con asignación específica que no se están usando para lo que fueron creados. O se eliminan o se descentralizan”, planteó. La respuesta desde la Casa Rosada, por ahora, fue negativa.

PL