El oficialismo obtuvo el dictamen y avanzó con el juicio político a pesar del nuevo escenario
En uno de sus últimos actos parlamentarios antes de convertirse en oposición, el oficialismo aprobó este martes el dictamen de acusación contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia por presunto mal desempeño, culminando un año en el que la tensión permanente entre el kirchnerismo y el poder Judicial alcanzó su máximo esplendor: el impulso de una investigación contra los cuatro integrantes del máximo tribunal en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
El nuevo escenario político no hizo que el oficialismo dejara pasar la oportunidad final, aunque fue una decisión discutida internamente y en la que terminó terciando el sector mayoritario. “A diferencia de Sergio Massa, ni Alberto Fernández ni Cristina Kirchner tuvieron dudas y decidimos avanzar y dejar el trabajo terminado, a pesar de que algunos creían que podía ser una decisión a destiempo con el clima social”, explicó un integrante de la comisión a elDiarioAR. “No había margen para no votar el dictamen de acusación después de haber escuchado a los testigos, teníamos que tener coherencia”, dijo otro diputado del bloque.
El Frente de Todos tenía tiempo hasta el 30 de noviembre -pasado mañana- para dictaminar sobre la acusación y llegó sobre la fecha. Después del 30, la labor de la comisión perdía estado parlamentario y volvía a foja cero. El Frente de Todos podría haber dejado morir el juicio político pero decidió avanzar para propiciar el dictamen, que tendrá dos años de vigencia en un país gobernado por Javier Milei y un Senado a cargo de Victoria Villarruel (La Libertad Avanza).
Para lograr el dictamen de acusación el oficialismo debió recortar de 14 a cuatro los casos contra los magistrados y, además, cambiar a última hora a seis diputados de la comisión que no firmaron el dictamen. Dos de ellos, Micaela Morán y Ramiro Gutiérrez, responden al ministro de Economía y excandidato presidencial, Sergio Massa, y dieron un paso al costado para permitir el avance del objetivo del bloque, cuya mayoría responde a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Entraron otros dos diputados en lugar de los massistas: Magalí Mastaler y Carlos Selva, quien también se identifica con Massa. Pero no fueron los únicos. También salieron de la comisión a último momento Mara Brawer, Susana Landriscin, Paola Vessvessian y Hernán Pérez Araujo. Ingresaron Itai Hagman, Mónica Macha, Paula Penacca y Carolina Yutrovic para garantizar que el oficialismo conserve su mayoría en la comisión: 16 de 31 legisladores.
El Frente de Todos dictaminó contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti en los cuatro casos analizados durante el último año en la Comisión de Juicio Político: los llamados por el kirchnerismo “2 X 1 - beneficios a genocidas”, “Coparticipación”, “irregularidades en Obra Social de los Judiciales” y “Consejo de la Magistratura”.
El dictamen tendrá vigencia por los próximos dos años, durante los cuales se verá si avanza su tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados, sin los números necesarios para aprobarlo, tampoco, en el nuevo Congreso.
La oposición presentó a su vez otros dos dictámenes. El primero es el del interbloque Juntos por el Cambio (JxC), que rechazó los cargos impulsados por el oficialismo pero no incluyó la acusación de la Coalición Cívica (CC) contra el juez Ricardo Lorenzetti por su presunto enriquecimiento ilícito y supuestas irregularidades en el manejo de la Corte y de la obra social de los judiciales.
El vicepresidente de la comisión y diputado de la CC, Juan Manuel López, sostuvo que no pudieron cumplir con el debido proceso ni avanzar con testigos de dicha acusación, ante la falta de apoyo del oficialismo. El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, había pedido expresamente a integrantes del oficialismo evitar tratar la acusación de los aliados de Elisa Carrió contra Lorenzetti, como reveló elDiarioAR. “Se hicieron los distraídos con el hombre que durante doce años fue el más poderoso de la Corte”, dijo López.
El segundo dictamen de la oposición es el del diputado Alejandro “Topo” Rodríguez (Consenso Federal), que también rechazó todos los cargos y solicitó “archivar las actuaciones”.
¿Hay estrategia?
Ahora, ya aprobado por los 16 diputados oficialistas en la comisión, el dictamen pasará al recinto para su tratamiento en las sesiones ordinarias de 2024 en un contexto general completamente diferente al que esperaban los diputados del Frente de Todos: un país con Milei como presidente. Entonces, surge una pregunta: ¿para qué se aprobó este dictamen?
Antes de la victoria del libertario en la segunda vuelta electoral, el dictamen dependía de la voluntad de Sergio Massa, quien en caso de ganar, decidiría qué destino le daría a la embestida parlamentaria contra la Corte.
El ministro de Economía y entonces candidato presidencial había solicitado a las autoridades del bloque y de la comisión parlamentaria que postergaran el tratamiento del dictamen para después de los comicios. El gobierno ayudó extendiendo las sesiones ordinarias hasta el 9 de diciembre. El bloque cumplió y postergó la reunión de la semana anterior al balotaje para este martes 28.
Tras la derrota de Massa en las urnas el domingo 19 de noviembre, ese futuro escenario se disolvió. El oficialismo dedicó casi un año a la embestida contra los jueces del máximo tribunal pero estaban dispuestos a cumplir con el mandato peronista y encolumnarse: si Massa ganaba las elecciones, decidirá los pasos a seguir. Eso incluía la posibilidad de no aprobar el dictamen de acusación y tirar por la borda todo lo tratado en diez meses, 26 sesiones, las declaraciones de 65 testigos -aunque ninguno de los gobernadores que firmaron el pedido de juicio político con Fernández accedió a declarar y tampoco se presentó el ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro-, 34 cuerpos de expediente y un dictamen de acusación que ya estaba escrito desde antes de la segunda vuelta y que el equipo de la diputada Carolina Gaillard trabajó incesantemente.
En el nuevo Congreso, ni el oficialismo ni La Libertad Avanza (LLA) tienen los números para promover la acusación contra los jueces en Diputados. El Frente de Todos, que pasaría a llamarse Unión por la Patria (UxP), volverá a ser la primera minoría, con 108 diputados, frente a 38 de LLA. Necesitan los dos tercios de los miembros presentes para elevar la acusación al Senado.
El bloque de Juntos por el Cambio tendrá 94 diputados, pero aún resta saber cómo se dividirá este bloque frente a las internas por la alianza con LLA.
En este nuevo escenario, el oficialismo decidió dejar el juicio político en carrera. Una carta para el futuro presidente a la hora de negociar con la Corte Suprema. Una carta de negociación o de presión que ahora quedó en manos de LLA pero con escasas chances de ganar peso con apenas 38 diputados propios.
Los cargos
La primera de las causales investigadas fue la causa “Beneficio a Genocidas: Fallos Highton, Schiffrin y Muiña” o “2x1”, en la que se investigó a los jueces Rosenkrantz y Rosatti por haber supuestamente orquestado una maniobra para beneficiar con el “2x1” al genocida Luis Muiña y reducir su pena abriendo la puerta a que decenas de represores también solicitaran beneficios. “Para lograrlo, presionaron a la jueza Highton de Nolasco junto al gobierno de (Mauricio) Macri. También paralizaron la Comisión Interpoderes para ralentizar los juicios por delitos de lesa humanidad, y buscaron beneficiar a los genocidas Amelong y Blaquier”, sostuvieron desde el oficialismo.
La segunda causa investigada se centró en el juez Maqueda por supuestas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. En este capítulo se investigó la administración de la entidad y el presunto incumplimiento de los deberes que el juez tenía a su cargo como supervisor del organismo entre 2008 y 2021; supuestas irregularidades en la tramitación de compras y contrataciones; sistemas informáticos vulnerables; y la presunta afectación a la salud de sus afiliados y afiliadas, entre otras acusaciones.
En la causa denominada “Consejo de la Magistratura” o “Fallo Colegio de Abogados”, se investigaron supuestas irregularidades del fallo del 16 de diciembre de 2021 de la Corte Suprema, en el que se declaró inconstitucional la ley 26.080 del Consejo de la Magistratura y se reinstaló la ley 24.937, “todo ello con el objetivo de cooptar el Consejo de la Magistratura para que la presidencia del organismo quede en manos de Horacio Rosatti, quien se autovotó para ser Presidente de la Corte”, acusó el Frente de Todos.
En la causa “Coparticipación”, se investigan las presuntas irregularidades del fallo de la Corte que dispuso en diciembre de 2022 que el Gobierno Nacional pague al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas Administraciones por el porcentaje correcto, y donde la Corte no resolvió la cuestión de fondo, sino que avaló la medida cautelar pedida por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. En este caso, se acusó al juez Rosatti “por no haberse excusado en la causa cuando era su obligación, a efectos de evitar la sospecha y el cuestionamiento de parcialidad, debido a los vínculos de íntima confianza entre el Director General de la Vocalía, Silvio Robles, con el Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad”, afirmó el oficialismo.
Los jueces Rosatti y Rosenkrantz rechazaron todos los cargos mientras que Maqueda y Lorenzetti optaron por no responder ante la comisión.
ED/DTC
0