La Pampa judicializó la reforma de la Ley de Glaciares y crece la ofensiva ambiental en la Justicia

El gobierno de La Pampa presentó un amparo colectivo ambiental ante la Justicia federal para frenar la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares, en una ofensiva que se da en paralelo con una demanda impulsada por organizaciones ambientalistas a nivel nacional contra la norma recientemente sancionada por el Congreso.

La acción pampeana fue promovida junto a la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos, y quedó radicada en el juzgado federal de Santa Rosa. La presentación, patrocinada por la fiscala de Estado Romina Schmidt y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, solicita la suspensión inmediata de la ley hasta que se resuelva su validez constitucional.

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó el anuncio y advirtió sobre el impacto directo que podría tener la norma en la provincia. “La Pampa no tiene glaciares, pero sí depende del único río que hoy corre por la provincia, que es de origen glacial. También los otros dos que ya no corren. A partir de esta ley va a haber menos agua”, afirmó.

Según el mandatario, la reforma vulnera derechos ambientales consagrados en la Constitución Nacional y tratados internacionales, además de violar el principio de no regresión ambiental previsto en el Acuerdo de Escazú. En ese sentido, el amparo pide declarar la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la ley, así como la suspensión de cualquier acto administrativo derivado de su implementación.

El agua, en el centro del conflicto

La disputa por los recursos hídricos es estructural para La Pampa, que mantiene desde hace décadas un litigio con Mendoza por el río Atuel y reclama el cumplimiento de un fallo que garantiza un caudal mínimo. En ese contexto, el gobierno provincial sostiene que cualquier modificación en el manejo de cuencas aguas arriba impacta directamente en su territorio.

Ziliotto también subrayó la importancia estratégica del río Colorado, que abastece a cerca del 45% de la población pampeana. En la misma línea, Schmidt advirtió que el daño “no es abstracto, sino real”, ya que una eventual disminución en la cantidad o calidad del agua afectaría a toda la población.

El planteo judicial sostiene que la reforma de la ley, que modifica el régimen de presupuestos mínimos de protección ambiental establecido por la norma 26.639, vulnera los artículos 41, 43 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, además de la Ley General del Ambiente y tratados internacionales. Entre otros puntos, cuestiona que reduce el nivel de protección ambiental y configura un retroceso normativo.

La iniciativa cuenta con el respaldo de distintos sectores. El rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, destacó el compromiso histórico de la institución con la defensa del agua. El diputado provincial Hernán Pérez Araujo advirtió, en tanto, sobre tensiones políticas en torno a un tema que consideró estratégico.

Desde las organizaciones sociales, el presidente de la Fundación Chadileuvú, Héctor Gómez, sostuvo que el río Colorado es “vital” para la provincia, mientras que Roberto Rodríguez alertó que la reforma podría priorizar la inversión minera por sobre el consumo humano de agua.

Demanda colectiva y rechazo ambiental

En paralelo, organizaciones ambientalistas como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace lanzaron una demanda colectiva contra la reforma y convocaron a la ciudadanía a sumarse a la presentación judicial.

Las entidades advirtieron que la modificación representa un “retroceso” en la protección de reservas estratégicas de agua dulce y cuestionaron el proceso de sanción parlamentaria. “Si no quisieron escuchar en el Congreso, van a escuchar en la Justicia”, señalaron en un comunicado.

Entre los puntos más criticados, remarcaron que la nueva ley otorga a las provincias la potestad de definir las zonas periglaciales en las que se podrán habilitar actividades como la minería, lo que, según advirtieron, pone en riesgo ecosistemas clave y el acceso al agua de millones de personas.

También denunciaron que el tratamiento legislativo se realizó “a espaldas de la sociedad”, con limitaciones en las instancias de participación pública y sin incorporar aportes científicos y técnicos.

La reforma, aprobada por la Cámara de Diputados con 137 votos afirmativos, modifica una norma considerada pionera en América Latina en materia de protección de glaciares. Ahora, con múltiples frentes judiciales abiertos, su implementación queda bajo revisión mientras crece la disputa por el alcance de la política ambiental en el

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