Opinión

A las patadas

Panorama político

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De catedrático en Madrid y otra vez con la camiseta de Isalud, Ginés González García debe respirar aliviado. El ex ministro de Salud ya no tiene que responder por iniciativas que no le corresponden ni enterarse por televisión de las propuestas que destrozan los nervios de gigantes del sistema de salud como Claudio Belocopitt. La primera vez que Cristina Fernández de Kirchner habló de la necesidad de integrar el sistema, a Ginés nadie le había avisado de nada. Casi seis meses después, el sanitarista que trabajó durante 30 años para distintos gobiernos peronistas es requerido como especialista por sindicatos amigos le piden que elabore una propuesta propia para el sector. Medio año más tarde y con casi 90 mil muertos a causa de la pandemia, la vicepresidenta dice que el sistema se integró a las patadas y vuelve a hacer hablar a todos sin dar precisiones sobre su propuesta. Entre las empresas de medicina prepaga, solo circula un documento del Instituto Patria que fue redactado antes de las elecciones de 2019 y menciona como ejemplo al National Health Service británico en contraposición a la lógica mercantil que rige el sistema norteamericano.

Aparte el show de la grieta y el lucro asegurado de hablarle a las audiencias redundantes, en el universo que incluye al Estado, las prepagas y las obras sociales son muchos los que advierten una crisis aguda del sistema sanitario. Que no haya claridad ni consenso sobre cómo salir del colapso no implica que la reforma no sea, más que necesaria, inevitable. 

En un rubro hiperconcentrado en el que tres actores -OSDE, Swiss Medical y Galeno- se reparten el 60% del mercado, con el aumento de la expectativa de vida, los salarios en un derrumbe profundo desde hace tres años y medio y con por lo menos un 40% de la población que trabaja en la informalidad, las prepagas reclaman actualizar sus cuotas en línea con la inflación. Entre idas y vueltas, el gobierno les concedió un 13% para un semestre en el que se espera un IPC en torno al 25% y desde el sector privado se afirma que las empresas más chicas, mutuales o entidades sin fines de lucro están a 30 días de la quiebra. Es una dinámica donde los peces grandes se comen a los chicos y cada día quedan menos jugadores.  

Los propagandistas del establishment hablan de que el cristinismo va por “la caja” del sistema de salud en un rubro que, así como viene, profundiza sus pérdidas. Eso es lo que afirman los financiadores que explican que se trata de un negocio de flujo y no de stock, cómo era el de las AFJP. Entre las empresas de medicina privada que tienen clínicas y sanatorios agregan que hoy existe un desfasaje del 31 por ciento con respecto a la inflación.

Sin embargo, el ahogo que dicen atravesar desde hace tiempo se compensa en parte con el dinero que las prepagas hacen rendir gracias a distintos tipos de intereses a plazo fijo. Como en tantos otros temas, para superar la crisis no hay una postura común ni dentro del gobierno ni entre las prepagas ni en el sindicalismo. 

En un esquema en el que casi nadie habla de atención primaria de la salud, tal vez porque no funciona con la lógica del negocio, la conclusión más obvia suele omitirse: más allá de su peso relativo, hoy el Estado, las prepagas, las obras sociales y los prestadores son gobernados por los laboratorios y multinacionales de tecnología sanitaria que multiplican sus márgenes de ganancias gracias a la pandemia. Los medicamentos de terapia intensiva aumentaron hasta un 140% en lo que va del año y hay algunos que subieron hasta 1300% según la Unión Argentina de Salud que preside Belocopitt.

Desde que el decreto 9/1993 instauró la libre elección de las obras sociales, la concentración se agudizó, los trabajadores de mejores ingresos optaron por un grupo de prepagas y las obras sociales más chicas perdieron capacidad de negociar con los prestadores. En paralelo, el hospital público atiende pacientes de prepagas y obras sociales que le pagan tarde y contribuyen a su desfinanciamiento.

Lejos quedaron los años largos del primer kirchnerismo, cuando millones de trabajadores sanos se incorporaban al mercado de trabajo y se afiliaban en masa a empresas de medicina prepaga que casi no utilizaban. Igual que con el fondo contracíclico que el gobierno del Frente para la Victoria hubiera podido crear en el tiempo del desendeudamiento y la soja récord, pasó con el sector que ahora pide auxilio del Estado en un contexto de lo más dramático. De la recaudación récord de aquel tiempo, hoy no queda nada, al menos en el sistema. 

En su discurso en La Plata junto a Axel Kicillof, Cristina volvió a cuestionar al Grupo Clarín por el grado de concentración y de repetición al unísono de una noticia publicada en el gran diario argentino a través de radios, cables y canales del interior. “No existe en ninguna parte del mundo (...) porque en todas partes del mundo hay legislación que impide ese grado de concentración mediática”, dijo. Considerada un error por Alberto Fernández, la fenecida ley de medios pretendió impedirlo, así como la posibilidad de que un grupo de comunicación sea, al mismo tiempo, concesionario de un servicio público. Dueña de una memoria selectiva inigualable, lo recordó Elisa Carrió -enemiga de la ley- cuando advirtió que José Luis Manzano pretendía quedarse con Edenor. Raro experimento de alineamiento con el gobierno, el Grupo América combina la promoción permanente de Sergio Massa, el desfile repetido de funcionarios del gobierno y la transmisión de actos públicos al viejo estilo de Crónica TV con el lobby televisado de sus accionistas en los negocios que les incumben: el reclamo desorbitado de Belocopitt por los aumentos y discreto del ex ministro del Interior de Menem para que el Estado apruebe la compra de la empresa al hiperadaptado Marcelo Mindlin. Sin haber tomado todavía posesión de la compañía, Manzano, Vila y Filiberti esperan que el dictamen técnico del ENRE llegue en forma de aval de un momento a otro. Sin embargo, después habrá que esperar el pronunciamiento de Defensa de la Competencia, el área de gobierno que no conoce de urgencias. Intacta, la megafusión Fox-Espn lo demuestra. 

Así como el sistema de salud, el sistema de subsidios pro-ricos del que habló hace casi dos meses Martín Guzmán es otro ejemplo de un sector en el que el Estado ya interviene de manera decisiva. Mientras se esfuerza por lograr que las empresas de electricidad que presionan por subas de tarifas se pongan al día en el pago de la deuda con Cammesa, el subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo se ubica entre los que advierten que el sistema es inviable porque las distribuidoras de luz hoy demandan una masa formidable de recursos solo para garantizar su operación. De ser así, después de las elecciones, el Frente de Todos se encontrará ante la disyuntiva de aumentar fuertes las tarifas o considerar la posibilidad de una estatización que no sólo desatara una guerra con el establishment sino que pondría a los intendentes del Gran Buenos Aires que hoy maldicen a Edesur y Edenor en la incomoda posición de culpar al Estado ante las fallas del servicio. 

Un área más, menos publicitada pero también decisiva, donde incide el gobierno es la del sector financiero. Ahí se incrementa la bola de nieve de la deuda cuasi fiscal que contrae el Banco Central, a contramano de la taquillera promesa de Fernández en campaña. Según los números del economista Horacio Rovelli,  los intereses que el Estado paga a los bancos no paran de crecer. Si al 30 de diciembre de 2019 la suma de Leliqs y Pases Pasivos era de $1.185.108 millones  -U$S 18.811 millones al tipo de cambio de esa fecha, con el dólar oficial a 63$-, al 2 de junio de 2021 la cifra había ascendido a $3.594.259 millones -U$S  35.943 millones con el dólar a $100-. Profesor de Instituciones Monetarias en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y ex director de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía, Rovelli marca que el aumento de la deuda del BCRA por pasivos remunerados aumentó en 17.132 millones de dólares durante la gestión de Miguel Pesce. El gobierno, dice, frena planes sociales y gasto público en medio de la segunda ola de Covid-19 para no superar el déficit fiscal presupuestado, pese a que la inflación va a ser mayor al 29% pero no muestra la misma conducta severa en su política monetaria: paga generosa y religiosamente a los bancos por Leliq y Pases Pasivos en lugar de destinar esa masa de recursos a créditos para la producción, el trabajo y el consumo; aquello que prometía Alberto en modo candidato.

A casi 80 días de las PASO, el gobierno busca desandar el sendero de ajuste que Guzmán recorrió en los primeros cinco meses de 2021 y compensar parte de lo perdido en el último año y medio con un paquete paliativo. Se verá en las primarias si tiene éxito tras la reducción del déficit fiscal que el ministro de Economía ejecutó por su cuenta en el desorden de un oficialismo dividido y en plena pandemia. La inflación que hizo volar por los aires sus proyecciones funcionó sin embargo como doble aliada para Guzmán: le permitió aumentar la recaudación vía IVA y licuar las jubilaciones y los salarios del sector público. El costo puede ser alto porque el ajuste opera sobre un sector social que está en carne viva: sufre las restricciones para trabajar y la caída del salario real. 

Con CFK como jefa de campaña, el Frente de Todos intentará revertir el malestar que algunas encuestas registran en distritos particularmente sensibles y, después de las PASO, el peronismo oficial verá qué estrategia seguir. Por ahora, se impone en el oficialismo el eje del cristinismo con un Massa que tiene vía libre para autopromocionarse como voz política for export en un contexto en el que el Tesoro de Joe Biden reclama por las efectividades conducentes. El ex intendente de Tigre aprovecha el vacío de poder y se convierte en un jugador clave justo cuando las encuestas marcan que sus aspiraciones electorales están malheridas: parece cotizar más alto cuando más prescindible es. 

A fin de año, con los resultados puestos, habrá que ver con qué poder político cuenta el pancristinismo para avanzar en las transformaciones que pretende y cuál es la correlación de fuerzas dentro del propio Frente de Todos. Hasta las elecciones, la discusión más importante se dará en Juntos por el Cambio donde Horacio Rodríguez Larreta quiere recibirse de jefe y el ala dura de Macri culpa a un consultor amigo del jefe de gobierno por la batalla bonaerense que se avecina: dicen que se debe a un “capricho” de Larreta, haber impedido que el flamante vecino de Nordelta Diego Santilli quede como sucesor en la Ciudad. También la UCR despierta de su larga siesta de partenaire y cree haber hallado la piedra movediza para liberarse de Macri y pelear el liderazgo de la alianza con el fichaje del neurocientífico Facundo Manes. Mientras gran parte de la sociedad no advierte perspectivas de mejora en el corto plazo, la dirigencia política siempre encuentra estímulos para renovar su fe.

DG

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