Piden 3 años y 9 meses de prisión para Romina Picolotti, exfuncionaria de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner

Romina Picolotti está acusada de usar fondos públicos para pagar sus gastos particulares.

elDiarioAR

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El fiscal federal Diego Luciani pidió este miércoles una pena de tres años y nueve meses de prisión para Romina Picolotti, exsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable entre julio de 2006 y diciembre de 2008, bajo los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, por “defraudación a la administración pública”, que constituyeron “actos graves de corrupción” por un monto que, actualizado, es de 6.941.170 pesos.

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Luciani afirmó que la exfuncionaria “no pudo justificar ninguno de los cuantiosos gastos que registra la acusación en su contra” y que “debe rendir cuentas por sus acciones”

En su alegato ante el Tribunal Oral Federal 6, el fiscal sostuvo que hubo “un manejo absolutamente irregular de parte de Picolotti de los fondos públicos. Fue un verdadero fraude en el ejercicio de la función pública. Se pagaron comidas o almuerzos casi diariamente sin justificación, se pagaron pasajes de avión para familiares y amigos que no tenían relación con la secretaria y costosos vuelos charters”.

Para Luciani, se trató de gastos “de clara ilegalidad” que la exfuncionaria pagó con la “caja chica” de la Secretaría que comandaba y que estuvieron “exentos de control”. Además, solicitó que Picolotti sea inhabilitada “a perpetuidad para ejercer cargos públicos”.

Además, el fiscal argumentó que aducir “una supuesta persecución política es una falacia”, en referencia a uno de los argumentos que la exfuncionaria esgrimió en su defensa. Para Luciani, “en el juicio no se están poniendo en juego los antecedentes profesionales de Picolotti y nada tiene que ver este proceso con las persecuciones que puedan sufrir los ambientalistas. Sostener eso es un intento de banalizar una acusación grave con un argumento pueril”, concluyó.

Tras el alegato del fiscal, el 15 de septiembre será el turno de la defensa de la exfuncionaria, a cargo del abogado Felipe Trucco. Se estima que el veredicto se conocerá a fin de mes.

Picolotti es juzgada por el TOF 6, integrado por los jueces Sabrina Namer, Néstor Costabel y Rodrigo Giménez Uriburu. La audiencia de este miércoles se realizó por Zoom y la extitular de Ambiente siguió el alegato en su contra desde Estados Unidos, donde está radicada, con su cámara prendida y un fondo virtual del espacio.

La denuncia se presentó en 2007 en los tribunales federales de Retiro, fue investigada por la jueza María Servini y el fiscal Guillermo Marijuán y fue enviada a juicio oral desde el 2015.

Picolotti ingresó a la Secretaría de Ambiente en julio de 2006 bajo la gestión de Néstor Kirchner, designada por el actual presidente Alberto Fernández, entonces jefe de Gabinete, en reemplazo de Atilio Savino. Estuvo en el cargo hasta diciembre de 2008, ya con Cristina Fernández como mandataria, cuando Sergio Massa (que en julio de 2008 había reemplazado a Fernández en la jefatura de Gabinete) le pidió la renuncia y asumió Homero Bibiloni. Entre los motivos por los cuales la expresidenta decidió desprenderse de Picolotti figuran que había ejecutado en su área en 2008 solo el 40% del presupuesto y que había gastado más de 70.000 dólares en viáticos de directivos de su secretaría por el mundo.

La secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable existió entre 1991 y diciembre de 2019, cuando se la elevó a la categoría de Ministerio. La primera secretaria de Medio Ambiente, hasta 1999, fue María Julia Alsogaray, en la presidencia de Carlos Menem.

Las pruebas

Las pruebas que llevaron a Picolotti a juicio incluyeron 60 cajas con los comprobantes de pago. Según publica La Nación, entre ellos, hay tickets de compra por analgésicos, apósitos, barras de cereal, pilas, la piedra aromática, galletitas, sopas instantáneas, alfajores, caramelos, mermelada, verduras, sahumerios, una chalina, un velón de noche y esencia, un whisky, ramos de flores y un reloj despertador, todos pagados con fondos públicos. También hay un ticket de compra de productos “Rabolini” en una perfumería que tiene la leyenda manuscrita “Regalo Flor y Sofi cumpleaños” y otro comprobante de un consumo en un local de comidas que en su parte superior reza: “Muchas Gracias!!!”.

Los gastos más onerosos, sin embargo, fueron por vuelos, tanto en aviones de línea, por los que desembolsó 3,9 millones de pesos, a valores actualizados, como privados, por viajes de un valor de 2,1 millones de pesos. A modo de ejemplo, Luciani detalló un viaje de fin de semana a Córdoba durante el que la exfuncionaria pasó como “gastos de gestión” el importe de la nafta, los almuerzos y cenas para ella y sus acompañantes, consumos en estaciones de servicio durante el camino y el lavado de su auto, el lunes siguiente al regreso, por “un viaje que no tuvo ningún motivo laboral”.

Los argumentos de Picolotti

En febrero de 2021, en el inicio del juicio, Picolotti rechazó por “falsos” los argumentos de la fiscalía. "Niego rotunda y categóricamente la acusación en mi contra. No realicé ni autoricé los gastos relatados en la acusación", dijo la exfuncionaria desde Estados Unidos, donde trabaja en una organización que promueve el desarrollo sustentable.

Picolotti aseguró que se trata de una acusación “absurda” y la vinculó con sus inspecciones a Shell, Papel Prensa o las empresas de la cuenca del Riachuelo. En ese sentido, acusó el juez federal de Quilmes, Luis Armella, de haberle propuesto "actos corruptos y delirantes". Además, sostuvo ser víctima de "la manipulación de un poder legítimo del Estado" y que estaba acusada de estos cargos "por osar terminar con el saqueo de los recursos naturales de la Argentina, por no ceder ante los ataques del juez federal del Riachuelo, Armella, que en una reunión me dijo que le gustaba mi secretaria y que tenía amigos que podían beneficiarse con el Riachuelo".

Romina Picolotti es abogada de la Universidad de Córdoba e hizo un máster en Derecho Internacional en la American University. Trabajó en la ONU y en la OEA en el área de derechos humanos. En 1999 fundó en Córdoba, junto con su esposo, el Centro de Estudios de Derechos Humanos y Ambiente. Desde esa organización se vinculó con los ambientalistas de Gualeguaychú, a quienes representó frente al avance de la papelera de Fray Bentos. Por su compromiso en el tema recibió el premio Sophie, en Oslo, Noruega. En 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner la puso al frente de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cargo que mantuvo hasta 2008, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández, le solicitó la renuncia. La jueza María Servini la procesó en 2014 por "administración fraudulenta".

Con información de agencias.

IG

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