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Se tratará la próxima semana en el recinto

Presupuesto 2027: el Gobierno aceptó cambios en discapacidad y AUH para asegurar apoyos y obtuvo dictamen en Diputados

Luego de cuatro reuniones informativas, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el diputado Bertie Benegas Lynch (LLA), emitió dictámenes sobre el proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional 2027 del Poder Ejecutivo.

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El Gobierno consiguió este martes dictamen de mayoría para el proyecto de Presupuesto 2027 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, después de aceptar modificaciones impulsadas por los bloques aliados que reclamaban atenuar parte del ajuste previsto en áreas de fuerte impacto social. Se tratará en el recinto la semana próxima.

La negociación permitió a La Libertad Avanza reunir las firmas necesarias para llevar la iniciativa al recinto, pero también dejó en evidencia que el respaldo parlamentario al programa económico oficial depende, en buena medida, de acuerdos con sectores dialoguistas que vienen acompañando al Gobierno desde el inicio de la gestión.

Las principales modificaciones alcanzaron a los sistemas de discapacidad, la AUH, algunos aspectos vinculados a la infraestructura vial y las partidas reclamadas por las provincias. En todos los casos, se trató de temas que habían generado cuestionamientos tanto de la oposición como de legisladores habitualmente cercanos al oficialismo.

El despacho de mayoría tuvo 27 firmas sobre los 48 legisladores presentes: además de los 20 del oficialismo, suscribieron el dictamen Fernando de Andreis y Daiana Fernández Molero (PRO), Pamela Verasay (UCR), Eduardo Falcone (MID), la sanjuanina Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo), el catamarqueño Sebastián Nóblega (Elijo Catamarca) y la tucumana Elia Fernández (Independencia). Verasay y Picón Martínez lo hicieron sin disidencias, mientras que los cinco restantes firmaron con disidencias.

En contrapartida, los bloques Unión por la Patria y Provincias Unidas presentaron sendos dictámenes de minoría, mientras que el misionero Oscar Herrera Ahuad, presidente de Argentina Federal, no firmó ningún dictamen, en disconformidad con reclamos que solicitó y no fueron contemplados, entre ellos más partidas para ciencia y tecnología.

Discapacidad: el punto que más resistencia generó

Uno de los cambios centrales fue la eliminación de los artículos que modificaban el régimen de prestaciones para personas con discapacidad. La redacción original enviada por el Poder Ejecutivo había despertado críticas de organizaciones del sector y de distintos bloques legislativos, que advertían sobre el riesgo de afectar la continuidad de prestaciones y pensiones.

Finalmente, el oficialismo aceptó retirar ese capítulo e incorporar un artículo destinado a garantizar el financiamiento de las prestaciones vigentes, en una decisión que buscó además evitar contradicciones con el proyecto de fortalecimiento del sistema de discapacidad que viene avanzando en el Congreso.

La modificación fue una de las condiciones planteadas por sectores del PRO, la UCR y otros bloques provinciales para acompañar el dictamen.

La diputada oficialista Laura Rodríguez Machado fue la encargada de explicar las modificaciones referidas a las partidas para discapacidad.

“La ley de fortalecimiento en discapacidad es algo que nos interpeló a todos y eso tiene un reflejo obviamente en el Presupuesto”, arrancó y explicó que el dictamen contiene la “eliminación de algunos artículos que tenían conceptos opuestos a la media sanción”. “Eliminamos los artículos 36 a 41 que suprimían la pensión no contributiva por discapacidad para la protección social, la cobertura médica y la actualización mensual de compensaciones a prestadores, y además endurecían el acceso a las prestaciones”, señaló. Y agregó: “Esos programas son afrontados por la Jurisdicción 80 del Ministerio de Salud. El excedente que se requiera se atenderá con las reservas de la Jurisdicción 91. Con la firma de este Presupuesto es una prueba más de que cumplimos con nuestra palabra”.

Además, el último párrafo del nuevo artículo indica que el Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, “realizara las asignaciones y readecuaciones presupuestarias que resulten necesarias en cada ejercicio para garantizar la continuidad inmediata de todas las prestaciones y beneficios contemplados” para el sistema de discapacidad.

AUH y asignaciones: se mantiene la actualización automática

Otra corrección relevante estuvo vinculada con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares.

El proyecto original eliminaba el mecanismo de actualización automática de estas prestaciones y otorgaba mayor discrecionalidad al Poder Ejecutivo para definir futuros incrementos. La propuesta fue cuestionada por bloques opositores y también por parte de los aliados del oficialismo, que consideraban que podía traducirse en una pérdida de poder adquisitivo para millones de beneficiarios.

Tras la negociación parlamentaria, el Gobierno accedió a retirar ese artículo y mantener el esquema de actualización vigente.

El reclamo de gobernadores y aliados

La discusión presupuestaria también volvió a exponer las tensiones entre la meta oficial de sostener el superávit fiscal y los reclamos de gobernadores que buscan preservar recursos para obras e infraestructura.

Durante las últimas semanas, distintos bloques provinciales exigieron incorporar mecanismos que permitan sostener proyectos considerados estratégicos en sus distritos. Algunas de esas demandas fueron contempladas en la redacción final del dictamen y otras quedaron sujetas a nuevas negociaciones antes del debate en el recinto.

La negociación incluyó además pedidos del PRO y de sectores provinciales vinculados con concesiones viales, promoción productiva y financiamiento para proyectos específicos.

Universidades: una discusión que sigue abierta

Si hubo un tema que no terminó de resolverse fue el financiamiento universitario. El Consejo Interuniversitario Nacional viene reclamando una ampliación significativa de los recursos previstos para 2027, al considerar insuficientes las partidas contempladas en el proyecto oficial. Sin embargo, el dictamen mantuvo prácticamente sin cambios los montos originalmente previstos por el Poder Ejecutivo. El texto prevé 7,3 billones de pesos, cifra propuesta desde el principio por el Gobierno, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional reclamaba 11 billones.

Aun así, varios legisladores aliados señalaron que la discusión continuará antes de la votación definitiva y que podrían presentarse modificaciones durante el tratamiento en el recinto.

Con información de agencias.

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