Primera protesta del 2023: piqueteros definen marchar por el recorte en planes

La suspensión de casi 155 mil planes del programa Potenciar Trabajo por parte del Ministerio de Desarrollo Social tendrá un impacto inmediato en las calles: para la semana próxima ya se organiza la primera protesta del año por parte de las organizaciones sociales más combativas.

La movilización será definida hoy en una reunión que tendrá la Unidad Piquetera, el conglomerado de agrupaciones opositoras al Gobierno que integran, entre otras, el Polo Obrero, Libres del Sur y el MST Teresa Vive, aunque las probabilidades son altas, recogió elDiarioAR entre dirigentes territoriales. Sería una marcha sobre la avenida 9 de Julio –no un acampe– el miércoles o jueves, justo después de la visita del presidente de Brasil, Lula da Silva, y de la cumbre de presidentes latinoamericanos de la Celac, que Alberto Fernández encabezará el martes en el hotel Sheraton. 

Los piqueteros además exigen una cumbre con la ministra Victoria Tolosa Paz, quien estuvo al frente de la decisión oficial de suspender los planes luego de que finalizara un proceso de validación digital entre los casi 1,3 millones de beneficiarios del programa. La contraoferta de la cartera fue que haya una primera reunión con Emilio Pérsico, jefe del Movimiento Evita y secretario de Economía Social, el área encargada del programa, pero la posibilidad está lejos de concretarse.

Según el ministerio, hubo 154.441 personas que no completaron el trámite que estuvo vigente durante dos meses y se realizaba por la app Mi Argentina. A partir de febrero, esas personas cobrarán la mitad del ingreso previsto, y si demoran aún más la validación, en marzo lo perderán por completo. 

El Potenciar Trabajo entrega unos 30 mil pesos por 4 horas de contraprestaciones diarias en cooperativas. Muchos de los beneficiarios pertenecen a las organizaciones sociales –en su mayoría oficialistas–, aunque también hay planes manejados por los municipios, las provincias, asociaciones civiles y hasta la Iglesia. 

“Ajuste” y cambios en el programa

La Unidad Piquetera denunció que la decisión oficial se trata de un “ajuste”. “La falta de conectividad y los problemas de la aplicación, le sirven a la ministra para cumplir con su propósito dejando a decenas de miles sin el ingreso que es vital en este contexto cuando no son capaces de dar empleo formal y registrado”, expusieron en un comunicado. Reclaman dar marcha atrás a la suspensión y que el ministerio cite a las personas suspendidas en el distrito en el que viven “para que se les levante el programa sin pérdida del mes vigente”. 

El resultado del proceso de validación contó con el apoyo de la oficialista Unión de Trabajadores de la Economía Popular (la UTEP), que agrupa al Evita y al MTE de Juan Grabois, entre otras organizaciones. Incluso Tolosa Paz aseguró el lunes tener el aval de las organizaciones de base kirchneristas.

“Conversamos con Pérsico en tanto fue una medida acertada por la magnitud de la validación. Son números que miran auspiciosamente”, dijo la ministra, y se adelantó al planteo de protestas de las agrupaciones de izquierda: “Si hay un sector que quiere marchar o protestar, les decimos que hoy hay una ventanilla de reclamos abierta”. 

En concreto el ministerio abrió un canal especial dentro de la misma app Mi Argentina para quienes fueron suspendidos puedan exigir la reincorporación, siempre y cuando cumplan con los requisitos que exige el programa.

“El criterio es que el Potenciar Trabajo esté asociado a un trabajo, porque sino después dicen que se percibe por no trabajar. Ese 10% de compañeros que tendrán una suspensión de la mitad de sus haberes no validaron los datos por no vincularlos a una unidad productiva”, justificó ayer Daniel “Chucky” Menéndez, de Somos-Barrios de Pie y subsecretario de Políticas de Integración del ministerio.

“La no autenticación digital no quiere decir que son personas que no cumplan las condiciones para recibir el Potenciar Trabajo”, contestó Mauro López, dirigente de Libres del Sur. “Probablemente ese universo de personas sea el más expuesto a la marginalidad, o a zonas de difícil acceso de conectividad o tecnología, o pueblos del interior… Probablemente sean quienes más necesitan el ingreso”, señaló a elDiarioAR.

Pese a las críticas, las organizaciones tanto oficialistas como opositoras tuvieron un rol clave en el último tramo de la validación: acompañaron territorialmente el proceso cuando fue extendido dos semanas más del plazo original –hasta que finalizó el domingo pasado– ante la imposibilidad de que muchos beneficiarios puedan conectarse a la app. 

La auditoría digital la inició Tolosa Paz al poco de reemplazar a Juan Zabaleta en el cargo, en octubre del año pasado, y en medio del escándalo por la filtración de un informe de la AFIP que aseguraba que había 250 mil “incompatibilidades” e irregularidades entre los beneficiarios, como compra de dólares o tenencia de propiedades y vehículos –aunque no se trataba de datos nominales–. Esa polémica escaló a fines de diciembre a la primera movilización de las organizaciones oficialistas contra su propio gobierno. 

Ya con la espuma baja, las agrupaciones tienen pendiente negociar con Tolosa Paz cambios en los requisitos para ser beneficiarios del plan. “La idea es ver la normativa para recibir el programa y que no tengamos más interpretaciones cómo sucedió a fin de año”, apuntó un dirigente kirchnerista a elDiarioAR. La jefa de la cartera social adelantó que en las próximas semanas habrá un “direccionamiento” en los ejes del programa.

MC/MG