Vialidad: comienza en agosto el alegato del fiscal y una eventual sentencia abre un nuevo frente de conflicto entre Cristina y la Corte

En menos de dos semanas, el fiscal federal Diego Luciani comenzará su alegato en el tramo final del juicio oral y público del caso Vialidad, por presunta corrupción en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Cristina Fernández Kirchner. 

A partir del 1° de agosto, Luciani expondrá sus argumentos, pruebas, análisis de documentos y testimonios de la acusación y solicitará penas para algunos o todos los acusados. Esa lista de imputados incluye a la vicepresidenta, quien este lunes publicó en su cuenta de Twitter un crítico video sosteniendo, nuevamente, que el juicio en su contra se basa en una “causa fraguada” y que el Tribunal Oral Federal número 2 “ya tiene la condena escrita y firmada”.

La vicepresidenta también se quejó de la extensión del juicio, que ya lleva más de tres años y que tiene previsto llegar a su fin antes de finales de año. Además, criticó el fallo de la Corte Suprema -“la Corte de los cuatro”, la llamó- que desestimó a finales de junio los recursos presentados por su defensa para pedir la producción de nuevas pruebas y la nulidad de la causa. 

Este juicio es central para la vicepresidenta, ya que hasta el momento, es el único que sobrevivió a los designios de Comodoro Py 2002. En el resto de las causas en su contra que habían llegado a esta instancia -Dólar Futuro, Memorándum con Irán, Hotesur-Los Sauces- fue sobreseída de manera anticipada, antes del inicio de los juicios pautados. Casación debe revisar los sobreseimientos de las dos últimas causas y la Corte Suprema tiene desde hace más de un año el expediente de Dólar Futuro para analizar si confirma el sobreseimiento de febrero de 2021 o lo revoca y ordena realizar el juicio oral y público.

Todo conduce, nuevamente, al máximo tribunal. 

En la Corte Suprema declinaron hacer comentarios sobre el video de la expresidenta. En el Palacio de Justicia suelen responder a las críticas del Ejecutivo ante las vacantes en el máximo tribunal recordando que se trata de una responsabilidad del Gobierno y no de los jueces, y que el primer paso formal para el nombramiento de ministros de la Corte es que el Presidente envíe al Senado sus candidatos.

Cualquier decisión que el Tribunal Oral Federal número 2 tome con respecto a Fernández de Kirchner podrá terminar bajo revisión de la Cámara Federal de Casación y la Corte Suprema, que el kirchnerismo busca ampliar con nuevos jueces a través de una reforma de la ley para la cual no contaría aún con los votos en el Congreso. 

Tanto la Corte como Casación pueden dejar firme una eventual condena o incluso revertir una absolución. Además, una eventual pena de prisión en Vialidad sólo será efectiva una vez que la condena quede firme, generalmente por la Corte Suprema, de acuerdo con el nuevo Código Procesal Penal. 

Para cuando el caso Vialidad llegue a esas instancias, Fernández de Kirchner ya habrá cumplido los 70 años, que celebrará el próximo 19 de febrero. Podrá, a partir de entonces, gozar del beneficio de la prisión domiciliaria. Si entonces tuviera fueros como senadora o diputada, la cámara que integre deberá decidir sobre su desafuero.

Alegatos

Pocos saben qué penas solicitará Luciani, quien mantiene las conclusiones de su alegato con estricto hermetismo. Pero su postura en el juicio marcará la suerte de la vicepresidenta. El fiscal se encuentra trabajando en su alegato durante la actual feria judicial de invierno, confirmaron en los tribunales federales a elDiarioAR. Podría extenderse unas nueve audiencias que se repartirán a lo largo de tres semanas, según fijó el tribunal en su agenda. Luego será el turno de los alegatos de las defensas, quienes tendrán un máximo de tres audiencias cada uno para exponer sus argumentos de absolución. 

Lo que puede extender los plazos del juicio son las últimas palabras de los acusados y la posibilidad de ampliar sus declaraciones indagatorias, informaron dos fuentes del juicio. 

Vialidad acumula más de tres años de audiencias, 600 horas de juicio y más de tres toneladas de documentación, afirmó una fuente directa del caso a este medio. 

La vicepresidenta es juzgada junto a exfuncionarios de sus gobiernos y el exsocio de su familia, el empresario Lázaro Báez, por supuesta defraudación a la administración pública -con penas de hasta seis años de prisión- y asociación ilícita -con hasta diez años de prisión- en la adjudicación de 51 obras viales a las empresas del patagónico en la provincia de Santa Cruz. Estos delitos también implican inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso proyectan un posible  veredicto -que puede implicar una absolución, una condena parcial por sólo uno de los delitos o una condena por ambos- para finales de este año.

ED