ABUSOS EN LA IGLESIA ARGENTINA
Al menos 148 religiosos fueron acusados por “terribles vejámenes en nombre de la Iglesia” desde 1970

Julio César Grassi, el 23 de octubre de 2002 se difundió el informe que derivó en su condena por abuso sexual a menores. Hoy sigue siendo sacerdote.

elDiarioAR


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Desde 1970, al menos 148 religiosos y religiosas fueron denunciados por “terribles vejámenes en nombre de la Iglesia”. Aunque la mayoría de esos abusos están relacionados con ataques sexuales, el listado incluye también sacerdotes acusados por encubrimiento y varios casos por tormentos y castigos como ocurrió con las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, en Entre Ríos, donde la exsuperiora del convento, Luisa Toledo, fue condenada a tres años de prisión efectiva por privación ilegítima de la libertad

A 20 años del caso Grassi, 128 miembros de la Iglesia católica fueron denunciados por abuso sexual

A 20 años del caso Grassi, 128 miembros de la Iglesia católica fueron denunciados por abuso sexual

El listado fue difundido por la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina que este jueves cumplió diez años de existencia. Es una de las organizaciones más antiguas del país y una de las pocas de este tipo en América Latina.

“A lo largo de una década, cientos de sobrevivientes de situaciones traumáticas como consecuencia de los abusos cometidos por miembros de la Iglesia Católica y de otras denominaciones de culto, nos hemos reunido en torno a esta Red, encontrando en ella la

contención y comprensión necesaria para poner en palabras los horrores cometidos por clérigos, monjas y laicos en diferentes momentos de nuestra vida“, señala el Informe Anual, informativo y estadístico de las causas por abusos eclesiásticos en todo el territorio nacional.

“La base de datos es una lista de sacerdotes, hermanos, seminaristas, diáconos, laicos y monjas de órdenes religiosas y diocesanas en la iglesia católica romana en Argentina que enfrentan una acusación o acción legal (penal o civil) relacionada con el abuso

eclesiástico“, agrega el Informe --denominado ”Cuando rompa el silencio“- que aclara que la Red no tiene relación con ”agrupaciones vinculadas a la Iglesia Católica, con quienes hemos tomado la firme determinación de no dialogar ni trabajar de forma conjunta“.

De acuerdo a estos datos, desde 1970 fueron denunciados 89 sacerdotes diocesanos, es decir que pertenecen a alguna de las diócesis que existen en Argentina, en tanto otros 37 frailes y religiosos son integrantes de órdenes religiosas. Además del total de denuncias, once son monjas “con rango de superioras o responsables de establecimientos educativos o de cuidado de las infancias”.

También hay cinco obispos, en tanto tres de los acusados son fundadores de órdenes religiosas ultraconservadoras.

El pasado 23 de octubre, al cumplirse 20 años de que se conoció la acusación por abuso contra el padre César Grassi, elDiarioAR presentó una investigación especial que daba cuenta de que en Argentina, luego de que aquel escándalo actuara como disparador de las denuncias, se conocieron 128 casos en los que los acusados fueron miembros de la Iglesia.

Además de presentar un mapa interactivo con los religiosos denunciados, la Red de Sobrevientes detalló que de esos 148 casos sólo 66 fueron radicadas únicamente en el fuero penal, mientras que 27 se hicieron sólo en el ámbito eclesiástico y 38 en ambos ámbitos. El informe también incluye 17 denuncias públicas que no prosperaron porque fallecimiento del agresor.

A partir de estos datos, la Red advirtió que observan con “preocupación que los abusos eclesiásticos no son tomados en cuenta con la real dimensión con que éstos perjudican a infancias, adolescencias y adulteces vulnerables a lo largo de los años”.

Por esa razón, insisten en que las denuncias deben ser llevadas a cabo siempre en la justicia penal, la única que tiene validez para sancionar a los agresores. La Red recordó que su posición es “la firme recomendación de no acudir a tribunales eclesiásticos, ha permitido evitar acciones de revictimización en los llamados ”Tribunales Canónicos“, donde a nuestro entender, no se respetan las más mínimas garantías que contempla la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, actuando con imparcialidad y malicia en detrimento de la integridad de lxs sobrevivientes”.

Desde la Red también destacan que “la ausencia de organizaciones similares en países de habla hispana ha movido a diferentes sobrevivientesa la consulta, diálogo e implementación de abordajes multidisciplinares para acompañar de forma remota a numerosos sobrevivientes de países vecinos, como Brasil, Paraguay y Venezuela”.

MG

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