Uruguay redujo la mortalidad materna después de ocho años de aborto legal
Hace veinte años, los abortos inseguros eran la primera causa de mortalidad materna en Uruguay, es decir que en un país habitado por tres millones de personas, de las mujeres que fallecían durante el embarazo, parto o puerperio, una de cada de tres habían recurrido al aborto clandestino. Hoy, en el marco de la ley, allí no mueren mujeres por interrupciones inseguras. Esto sucede desde diciembre de 2012, año en que fue reglamentada la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Entre la entrada en vigencia de la norma y el año pasado se realizaron 65.202 interrupciones en los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS): un promedio de 9.315 por año. La mitad se gestiona en instituciones públicas. Las mayores de 20 años son las que más recurren al servicio.
Hubo una ligera estabilización de la curva de abortos en los últimos cuatro años en Uruguay, pero todavía registran una tendencia creciente. Mientras en 2017 se gestionaron 9.830 interrupciones, al año siguiente fueron 10.307. Y de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud Público, el año pasado 10.210 mujeres interrumpieron la gestación, 163 menos que el año anterior.
¿Por qué hay más abortos? Responde Lilián Abracinskas, directora de Mujeres y Salud en Uruguay (MySU): “El aumento de un 10% de abortos legales por año que se registró hasta el 2018 era esperable con una política pública tan novedosa, que aún no ha cumplido la década de existencia. Este comportamiento de las cifras se debe a un efecto de conocimiento de los servicios por el 'boca a boca' y la confianza progresiva de las usuarias de recurrir al sistema de salud para solicitar una prestación que antes estaba criminalizada. El Estado debería trabajar en la difusión del servicio, que continúa siendo tratado como si fuese un secreto”. La cifra, de todas maneras, contrasta con los 33.000 abortos clandestinos que se estimaban para 2002 según la Red Uruguaya de Autonomías (RUDA), que se basan en cálculos extraoficiales, debido a la dificultad de recoger información de una práctica que se realizaba en la clandestinidad.
Según la organización Iniciativas Sanitarias, legalizar el aborto implicó para ese país reducir la mortalidad materna: que esas mujeres que estaban en riesgo por acudir al circuito clandestino pudieran continuar con su plan de vida. O al cuidado de sus hijos, si los hubiera, sin necesidad de exponerlos a la orfandad o perjudicar su calidad de vida.
El Estado (uruguayo) debería trabajar en la difusión del servicio
La estadística indica, además, que en 2018, el 90% adoptó un método anticonceptivo luego de consultar por una IVE, por lo que evitaron embarazos no deseados en el futuro. ¿La fertilidad? Sólo se redujo un 3,2% si se comparan los meses anteriores con los posteriores a la legalización, lo que desmiente un “proceso de despoblación”. Un informe de MySU indica que “la disminución de los nacimientos cayeron antes de que el aborto sea legal y está asociado a que las mujeres quieren menos hijos, sin distinción de estratos económicos”. Mejoraron, además, los resultados sanitarios de los recién nacidos.
La “ruta de la IVE”
La ley uruguaya prevé cuatro instancias a las que llaman “la ruta de la IVE”. La primera posta es acudir a un centro de salud y expresar el deseo de no continuar con el embarazo; en esa instancia ordenan una ecografía para determinar la edad gestacional del feto. El segundo paso consiste en entrevistarse con un equipo compuesto por un especialista en salud mental, un ginecólogo o ginecóloga y un asistente social que asesorará sobre las opciones (dar en adopción, continuar con la gestación o interrumpirla) e indican cinco días de “reflexión”.
Si la mujer decide abortar, debe presentarse en el centro de salud a partir del sexto día y luego de firmar un consentimiento, le recetan la medicación, que es gratuita en el sistema de salud público y en el privado, no excede los $200. Como el método es ambulatorio, el último paso es el control, donde chequean que no queden restos. De esa última consulta se llevan un anticonceptivo. En 2018, sólo el 6% de las mujeres que entraron en “la ruta de la IVE” decidieron continuar con su embarazo.
Leonel Briozzo es profesor de Ginecotocología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, fundador de Iniciativas Sanitarias e integrante del Comité de Ética de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. A pedido del ex presidente José “Pepe” Mujica, impulsó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en su país. “Con evidencia, podemos decir que nuestra experiencia ha sido exitosa, eficiente y de calidad, y empoderante para las mujeres. El sistema de salud funciona bien”, dice.
Las diferencias con el proyecto de ley argentino
Plazos: en Uruguay el plazo para gestionar un aborto es de 12 semanas y seis días. El proyecto de ley argentino extiende el plazo hasta la semana 14, inclusive.
Acompañamiento: Las mujeres que desean interrumpir su embarazo deben entrevistarse con un equipo integrado por un profesional de la salud mental, un o una ginecóloga y un asistente social. El proyecto argentino habla de “atención integral de salud a lo largo de todo el proceso”, un servicio que no es obligatorio para quien solicite un aborto ni para la realización de la práctica.
El sistema de salud funciona bien
Días de “reflexión”: en Uruguay, la mujer tiene cinco días luego de expresado su deseo de interrumpir la gestación y puede presentarse en el centro de salud a partir del sexto. El proyecto argentino prevé diez días.
Medicamento: en Uruguay, donde el 98% de los abortos son medicamentosos, se gestionan con un combinado de misoprostol y mifepristona. El proyecto argentino solo contempla el uso de misoprostol.
Sujetos de la norma: en Uruguay la ley sólo se refiere a mujeres, aunque las migrantes deben comprobar un año de residencia en el país. El proyecto argentino incluye a las disidencias y no establece plazos de residencia para les migrantes.
El desafío de un proyecto que podría ser Ley
La objeción de conciencia no estaba prevista en el texto presentado por la Campaña, que aun tiene estado parlamentario, al considerar al aborto como un derecho que debe garantizarse. Pero el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo consiguió ayer dictamen de Comisión luego de algunas modificaciones. Originalmente, incluía entre sus artículos la posibilidad de abstenerse de manera individual. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que de prosperar el proyecto y finalmente convertirse en ley, “será central que se den mayores definiciones en su reglamentación, para determinar su alcance y las condiciones para su ejercicio”. Ahora el proyecto ingresa a Diputados con un cambio: las instituciones privadas pueden objetar, pero están obligadas a derivar a les pacientes.
La ley uruguaya establece el “ideario conciencia”, es decir, instituciones y profesionales pueden negarse a la práctica. Una de las dificultades que se presenta en Uruguay es que hubo dos instituciones que por ser objetoras de conciencia no gestionan abortos. En el departamento de Salto todos los profesionales se abstuvieron. Rivera, Paysandú y Soriano presentan niveles altos de objeción, por encima del 60%. Esa situación obliga a las mujeres a trasladarse, lo que entorpece el acceso al derecho. Y quiebra la confidencialidad. A ocho años de haber legalizado la práctica, en Uruguay sigue abierto el debate: ¿se respeta un derecho, el de los médicos objetores, para violentar otro, el de las mujeres que quieren abortar? La organización Mujeres en el Horno reúne en su cuenta de Instagram testimonios de mujeres que deben lidiar con estos obstáculos.
La resistencia de los antiderechos
El camino hacia la ley fue muy largo. En Uruguay -como en la Argentina-, el aborto era legal solo en caso de violación o riesgo de muerte. Desde 1985, con la apertura democrática, hubo proyectos para regularlo pero no prosperaron. En 2008, el fallecido presidente Tabaré Vázquez, vetó el capítulo de aborto incluido en la Ley Sexual y Reproductiva. El Frente Amplio, impulsor del proyecto y partido al que pertenecía Vázquez, no logró reunir las 78 firmas que necesitaba. Cuatro años después, Pepe Mujica, mandatario electo, habilitó el debate en el Parlamento. La votación fue ajustada, pero en octubre de 2012 salió.
En 2013, meses después de la sanción, el Partido Nacional y el Colorado, con el apoyo de grupos conservadores, quisieron derogar la norma y convocaron a una consulta popular. Necesitaban el 25% del padrón pero sólo el 8,9% se acercó a votar. Ese mismo año, un grupo de ginecólogos impugnó once artículos de la reglamentación. Entre otros puntos, reclamaban la objeción de conciencia en el primer paso de la “ruta de la IVE”, la instancia en la que la mujer expresa su deseo de abortar. En 2015, la Justicia falló a favor y hubo que adaptar la ley. Eso generó que en localidades del interior del país no pudieran formarse los equipos interdisciplinarios, el segundo paso de la ruta. Por eso muchas mujeres no pueden abortar donde residen.
En las últimas elecciones generales, ganó la Coalición Multicolor, un conglomerado integrado por el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente. Luis Lacalle Pou, representante del Partido Nacional, asumió la presidencia de Uruguay. Unas semanas después, cuando los gobiernos latinoamericanos tomaban las primeras medidas para frenar el impacto del coronavirus en la región, Lacalle Pou --que ya se había manifestado en contra del aborto-- garantizó que los servicios de Salud Sexual y Reproductiva funcionarían con normalidad durante la pandemia.
Sin embargo, en los últimos meses los integrantes de la coalición de Gobierno pidieron reabrir el debate en torno a la ley de aborto. El coordinador del área de salud es Fernando Silva y responde a Cabildo Abierto. Silva elaboró un informe titulado “Holocausto silencioso” en el que pone en duda los argumentos sanitarios que impulsaron la ley y se refiere al síndrome post aborto. Este cuadro, informaron desde el hospital público Pereira Rossell, no es común, sino que se desarrolla excepcionalmente luego de una interrupción.
Silva, quien elaboró el informe, asesora al senador y militar retirado Guido Manini Ríos, quien también está en contra de la ley. “El problema principal que tiene el país de acá a cien años es la falta de gente”, dijo Manini Ríos durante una entrevista con el semanario Voces. Además consideró que la comunidad LGBTIQ “también es parte del problema”. Los referentes del sector sanitario y las organizaciones de mujeres, en alerta.
VM
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