Qué es el Derecho al Olvido, la ley que rige en Europa y permite “borrar” el pasado digital de las personas

El diario La Vanguardia publicó un aviso de remate de una casa, propiedad del abogado español Mario Costeja que, en ese entonces, había sido embargado por deberle dinero al Estado. Era 1998 y la conexión doméstica a Internet, una rareza. Años después, cuando digitalizaron el diario, Google indexó su nombre a la subasta, por lo tanto cada vez que Costeja se googleaba (o googleaban su nombre) saltaba una deuda que ya no tenía. Costeja había levantado el embargo, es decir, en la “vida real” ya no era moroso. Pero cambiar ese dato en la “vida virtual” llevó varios juicios y varios años.

“Luchar contra Google es como luchar contra Dios”, dijo el hombre cuando logró vencer al “gigante de Internet”. Lo de “gigante” es cierto: la multinacional Google domina el 90% del mercado de búsqueda en la Web. El caso “Costeja versus Google” dio la vuelta al mundo.

Costeja argumentó a la Justicia que, como él ya estaba al día con el Estado, no había razón para que esa información estuviera disponible en Internet. En 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, le dio la razón y Google debió suprimir las URLs que derivaban a contenidos que lo relacionaban con una deuda.

Para los jueces, el hecho de que esa información quedara perpetuada en Internet chocaba con otro derecho, el que protege los datos personales. Para el buscador, y para especialistas en Derecho, pedir que se “elimine” cierta información de las personas colapsa con la libertad de expresión y el acceso a la información y al conocimiento.

El Derecho al Olvido rige en la Unión Europea desde 2016: un ciudadano puede completar un formulario y reclamar a un buscador que suprima los enlaces que redireccionan a información suya de vieja data y que lo perjudica en su vida cotidiana. No hace falta, en principio, iniciar una demanda en la Justicia sino llenar la solicitud y entregarse a los tiempos del buscador. Y hay que armarse de paciencia porque el asunto no solo puede demorar, sino que esta atado a los criterios del buscador, que es, ahora, “el nuevo juez”.

En Latinoamérica no contamos con legislación al respecto. Aun así, mediante demanda en la Justicia, es posible pedirle a un buscador que retire información de un individuo que circula en Internet. Pero de hacerlo, entran en juego el derecho a la libertad de expresión -que se borre contenido que sea de interés público- y el derecho a la Memoria, especialmente delicado en la región.

Cómo funciona el Derecho al Olvido en los países donde es ley

-¿Cómo se pide? En Google, el motor de búsqueda popular, pide que la persona que se ve afectada complete un formulario. Hay que rastrear antes las URLs porque deben quedar indicadas. Y además hay que argumentar los motivos del pedido.

-¿Vale para todos? ¿Cualquier ciudadano mayor de edad puede reclamar que lo desindexen? ¿Están habilitados todos los personajes públicos, es decir, políticos, famosos, empresarios o líderes religiosos...? En España, por ejemplo, el interés público y la libertad de información prevalecen frente al derecho al olvido. Que una persona tenga una vida expuesta impone un límite: el funcionario público debe tolerar mayor escrutinio de parte de la prensa y la sociedad, y el famoso debe demostrar un daño producto de la información -falsa o vieja- que permanece en la Web.

-¿Quién decide si se elimina o no el contenido? ¡El buscador! Google, por ejemplo, analiza cada solicitud de acuerdo a criterios. Tienen en cuenta el origen o la veracidad de la información que se intenta retirar, pero también consideran si ese dato que podría pertenecer a la vida privada no atañe a la vida pública de la persona que reclama. Y ahí... ahí avisan que es difícil que lo eliminen. Un ejemplo que el mismo buscador propone: “Es posible que la información sobre su vida personal no sea relevante para su vida pública como arquitecto. Sin embargo, si el contenido incluye críticas sobre la calidad de su trabajo como arquitecto, será menos probable que lo retiremos. Nuestro enfoque consiste en evaluar si el acceso a dicha información protegería al público frente a conductas públicas o profesionales inadecuadas, o bien permitiría al público informarse sobre su historial general como profesional o en relación con su actividad pública”.

-¿Es posible borrar contenido personal de la Web?. No: un ciudadano europeo o residente en Europa puede pedir que se elimine el link que deriva a ese contenido, pero el contenido permanecerá en la Web y puedo obtenerse por otros medios: tan fácil como hacer una captura de pantalla y repostearlo en alguna red social.

-¿Qué pasa si una persona que ha cometido un delito y cumplió una condena pide que levanten esa información de Internet? Explica Google Support: “Si la información está relacionada con una condena penal, valoraremos si es estrictamente necesario seguir mostrándola para proteger la libertad de información de nuestros usuarios (por ejemplo, para permitirles que se protejan frente a posibles delitos similares en el futuro)”. 

VDM