Un ex fiscal de Entre Ríos fue denunciado por abuso sexual de una menor mientras trabajaba como chofer de una aplicación

La trayectoria de Federico Uriburu, ex fiscal de Nogoyá y Rosario del Tala, es un espejo incómodo para el Poder Judicial entrerriano. Su nombre vuelve a ocupar titulares por las peores razones: fue denunciado por abuso sexual y por privación ilegítima de la libertad de menores de 16 años a quienes trasladaba como chofer de aplicación. Pero el caso, más que un episodio aislado, revela un patrón de violencia y manipulación sostenido durante años y tolerado por una justicia que hasta ahora, demoró en actuar.

Un mecanismo de acoso y manipulación

El episodio que reactivó las alarmas ocurrió la madrugada del 30 de agosto de 2025. Uriburu, que había salido a trabajar después de haber festejado su cumpleaños 45, contactó a las menores mediante la apliación y así trasladó a las menores. Pero no respetó el recorrido que ellas le habían indicado y en su lugar inició un itinerario marcado por la manipulación y el hostigamiento: ofreció alcohol, insistió en que bebieran y llegó incluso a obligar a una de ellas a que condujera el vehículo, lo que derivó en un choque en pleno centro de Paraná.

Detrás de la fachada de simpatía y confianza, las adolescentes reconocieron un patrón clásico de grooming: mensajes previos cargados de cercanía artificial, insistencia en encuentros fuera de la aplicación, intentos de control psicológico y, finalmente, la manipulación directa en una situación de vulnerabilidad. “No les digas nada a tus padres”, les advirtió tras el accidente, en una frase que condensa la lógica de sometimiento y amenaza velada.

Antecedentes de un funcionario violento

La denuncia actual no sorprende a quienes siguieron su carrera. Uriburu ingresó al Poder Judicial en 2002, alcanzó notoriedad en 2014 al ordenar el allanamiento de un convento de Carmelitas Descalzas luego de que una investigación periodística revelara tormentos por parte de las monjas. Pronto comenzó a acumular denuncias que mostraban la otra cara de su ejercicio del poder.

En 2020 fue acusado de hostigar y acosar a una mujer en un bar de Nogoyá, hecho que derivó en un pronunciamiento del Colegio de Abogados de Entre Ríos. Ese mismo año dejó libre a un imputado por abuso infantil al no solicitar la prórroga de su prisión domiciliaria. En Rosario del Tala, en 2023, una trabajadora judicial denunció que Uriburu ejercía violencia psicológica y sexual, amparándose en sus vínculos con altas figuras del Poder Judicial. El manto de protección le permitió ser derivado de un juzgado a otro, aun cuando en cada uno de ellos tuvo agresiones y denuncias por abuso y hostigamiento, lo que derivó en que el propio Superior Tribunal de Justicia (STJ) le indicara al Ministerio Público Fiscal tomar una decisión al respecto, en el marco del sumario en su contra por “conducta incompatible con el cargo”. Uriburu renunció y de ese modo evitó una sanción formal, aunque siguió cobrando parte de su salario como empleado administrativo. 

¿Un caso individual o un síntoma institucional?

La pregunta que deja el derrotero de Uriburu excede su figura: ¿cómo es posible que un funcionario denunciado reiteradamente por acoso, violencia de género y abuso sexual continuara en funciones o dentro del Poder Judicial durante más de dos décadas? ¿Por qué se habilitó que tras la renuncia siguiera percibiendo su salario como empleado administrativo? ¿Por qué no se tomaron otras medidas o sanciones que pudieran prevenir otros casos como el que ahora se denuncia?

Las posibles respuestas deben pensarse en el marco de una realidad que, como plantea Rita Segato, históricamente los crímenes contra las mujeres parecen ser “crímenes menores”, algo que profundizo en el libro de igual nombre y donde analizo el rol de la justicia ante el femicidio de Micaela García: violencias reducidas al ámbito privado, doméstico o consideradas de menor gravedad frente a otros delitos. Esa mirada hace que las víctimas no sean consideradas, se las invisibiliza, se las deja sin protección, lo que garantiza la impunidad de los agresores

Las adolescentes lograron escapar del auto aquella madrugada tras el siniestro pero el episodio pudo haber tenido consecuencias irreversibles. El choque interrumpió el plan del ex fiscal, que desplegaba el mismo patrón de hostigamiento con que había marcado su paso por los tribunales.

La justicia entrerriana tiene ahora la responsabilidad de procesar con celeridad estas denuncias, pero también de revisar hacia adentro los mecanismos que durante años permitieron que un funcionario con poder de acusación se convirtiera en un lobo suelto, primero en los pasillos de tribunales y ahora en las calles.