Trump estrecha el cerco sobre Venezuela por tierra, mar y aire

Por tierra, mar y aire. Con el espacio aéreo cerrado por decreto de Donald Trump, incomunicado con el exterior, con las relaciones comerciales intervenidas hasta el punto de apresar un petrolero cargado frente a las costas de Venezuela, y con la amenaza recurrente de operaciones terrestres después de casi 90 asesinatos extrajudiciales en el Caribe y el Pacífico Oriental.

La presión de Donald Trump contra Venezuela y el Gobierno de Nicolás Maduro no deja de crecer cada semana que pasa. Y una muestra de su presencia en el país ha sido la ayuda prestada para que la líder de la oposición, María Corina Machado, saliera de Venezuela por las mismas aguas en las que se han producido 22 ataques contra civiles desde el 2 de septiembre y llegara a Noruega a recoger el premio Nobel de la Paz y expresar, de nuevo, sus simpatías por un hipotético derrocamiento de Maduro por la fuerza de EEUU.

Francesca Emanuele, analista internacional especializada en América Latina del Center for Economic and Policy Research (CEPR), afirma: “Todo apunta a una estrategia complementaria de asedio. A las sanciones económicas devastadoras, que han provocado una caída de más del 70% del ingreso per cápita en la última década, la mayor contracción registrada en la historia contemporánea de América Latina, se suma ahora el cierre de rutas aéreas, tanto desde EEUU como desde Europa y otros países, así como la amenaza de avanzar hacia la incautación de más buques petroleros venezolanos. Este conjunto de acciones no puede interpretarse sino como una forma de guerra no declarada con el mismo objetivo de derrocar al gobierno. De continuar esta escalada, las consecuencias humanas serán catastróficas, más muertes evitables por la falta de acceso a alimentos y medicinas derivadas de las sanciones, mayor colapso social y una nueva ola migratoria”.

“Se trata de muchas cosas”, reconoció el jueves Donald Trump en el Despacho Oval, “nos han tratado mal. Y supongo que ahora nosotros no los estamos tratando tan bien. Y vamos a empezar también en tierra. Vamos a empezar en tierra muy pronto”.

Alexander Main, director de política internacional del CEPR, con experiencia en asesorar gobiernos latinoamericanos, analizó: “Creo que el alcance potencial de la acción de la Administración Trump es, prácticamente, toda la región. Y creo que están utilizando en ello la amenaza de sanciones y la imposición de aranceles, es decir, diferentes modos de guerra económica para intentar imponer la agenda de Trump en la región. Pero también han puesto al Ejército en primera línea con este enorme despliegue en el Caribe. Y están llegando a acuerdos para albergar activos militares en el Caribe y Centroamérica. Y para mí esto representa, básicamente, que Estados Unidos mantiene abiertas sus opciones en términos de intervención en toda la región. Y, por supuesto, se ha hablado de posibles ataques terrestres contra Colombia y México. Se ha hablado de la ocupación del Canal de Panamá. Y, en esencia, Trump, está reafirmando la doctrina Monroe y sugiriendo que está dispuesto a intervenir militarmente en toda la región para lograr sus objetivos, porque ve toda la región como parte de su esfera de influencia y en territorio para la explotación, porque los recursos naturales también son una prioridad en la agenda de Trump, como los minerales raros necesarios para el desarrollo de la IA y otras tecnologías avanzadas. En cuanto al petróleo, ha sido muy explícito en el caso de Venezuela”.

“En el contexto geopolítico actual, y entendiendo la necesidad política que tiene Donald Trump de mostrar victorias para aumentar su aprobación entre votantes estadounidenses y consolidar apoyo en la fracción más radical del Partido Republicano, la presión sobre Venezuela adquiere un matiz claramente instrumental. A esto se suma el interés de figuras como Marco Rubio por fortalecer su perfil político con resultados visibles”, explicaron fuentes diplomáticas, que añaden: “Paralelamente, potencias como Rusia (por Ucrania y su influencia en Europa) y China (por Taiwán y su proyección global) buscan expandir su espacio geopolítico, lo que limita un alineamiento pleno con cualquier aventura contra militar estadounidense. Aun así, las acciones de Washington muestran que no descarta escenarios de mayor fuerza: el expediente histórico de intervenciones militares de EEUU es amplio, y aunque hoy un despliegue a gran escala no sea el camino más probable, la posibilidad de una acción militar —limitada, focalizada o encubierta— sigue siendo real”.

Alexander Main apuntó: “La Administración Trump suele enviar mensajes muy contradictorios, pero lo que estamos viendo forma parte de la campaña de escalada y de presión contra Maduro que va de la mano de la presión militar”.

Tanto la incautación del petrolero con todo el crudo que llevaba dentro como el bloqueo hace unos días a que un barco ruso entrara en aguas venezolanas y el cierre del espacio aéreo son medidas que tienen poco que ver con la supuesta lucha contra el “narcoterrorismo” y mucho más con asfixiar poco a poco a Nicolás Maduro, cuya presidencia considera “ilegítima” Donald Trump y cuyos días “están contados”, según ha dicho en más de una ocasión el presidente de EEUU.

“Este conjunto de acciones no puede interpretarse sino como una forma de guerra no declarada con el mismo objetivo de derrocar al gobierno. De continuar esta escalada, las consecuencias humanas serán catastróficas, más muertes evitables por la falta de acceso a alimentos y medicinas derivadas de las sanciones, mayor colapso social y una nueva ola migratoria”, afirmó Francesca Emanuele.

El jueves, Trump volvió a decir que “más cosas van a suceder” y que “los ataques por tierra van a empezar pronto”. Ni el presidente de EEUU ni su equipo dieron pistas de en qué se traducirá eso, pero varios medios publicaron listas de posibles objetivos diseñadas por el Ejército de EEUU.

“Trump ha sugerido, por supuesto, que Estados Unidos se quedará con el al menos un millón y medio de barriles de petróleo que hay en el petrolero incautado”, analizó Main, “lo que confirma en cierto modo lo que decía Maduro, que esto parece un acto de piratería y que Trump está dispuesto a utilizar cualquier medio necesario. Trump ve más que nunca la región como su patio de recreo para hacer lo que quiera y para colocar a sus amigos en los gobiernos y destituir a aquellos que son menos afines. Hemos estado viendo amenazas contra Colombia y la intervención en las elecciones hondureñas recientemente, así como en las elecciones argentinas a través del rescate financiero”.

Y todo esto se produce en un contexto en el que no hay apenas presión internacional contra los asesinatos extrajudiciales y la presión militar y política de EEUU sobre Venezuela. “Tras múltiples treguas fallidas, misiones diplomáticas y la fragmentación de la oposición —donde la figura más radical ha ganado visibilidad—, la presión internacional tiende a intensificarse más con el recién galardón de María Corina Machado dándole fuerza a su discurso”, analizó una fuente diplomática: “Las acciones recientes (captura de embarcaciones, sanciones más duras, advertencias públicas) muestran que EEUU ya ha movido sus primeras piezas”. “Si la escalada continúa con el mismo ritmo, hacia finales de este año podríamos tener una señal concreta del rumbo definitivo: un endurecimiento mayor que abra la puerta a acciones no convencionales, o una negociación forzada si Caracas decide ceder espacio. En resumen: la amenaza de mayor coerción es tangible y dependerá de la capacidad del Gobierno chavista para maniobrar diplomáticamente, asegurar apoyos internacionales y mantener cohesión interna. Las justificaciones públicas (drogas, terrorismo, derechos humanos) se entrelazan con intereses geoeconómicos, y eso garantiza que la presión no solo continuará, sino que probablemente aumentará. Creo que la escalada continuará, Maduro resistirá y si la sed de victoria de Trump y Rubio continúa habrá un carnaval rojo rojito... no hablo de los colores de la revolución, sino del desenlace menos deseado por todos, en especial los venezolanos”.

La mirada de la Administración Trump a lo que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, describió este jueves como “patio trasero”, emana de la celebrada doctrina Monroe (1823) por parte de Trump, y que se verbaliza en plena operación de presión contra el Gobierno de Maduro, cuyo derrocamiento persigue el presidente de EEUU.

Articulada por el presidente de EEUU James Monroe, declaraba el continente americano como esfera de interés de Estados Unidos. En este sentido, el documento de seguridad nacional de la Administración Trump promete “afirmar y hacer cumplir” un “corolario Trump” de la doctrina Monroe, que implica que EEUU “reclute” a países que quieran ayudar a salvaguardar los intereses nacionales estadounidenses.

Main explicó que “la estrategia de máxima presión, devastación económica y enorme sufrimiento humano hasta ahora ha llevado a la consolidación del gobierno de Maduro. Eso es lo que ocurrió en la primera Administración Trump. Y ahora están intentando esta estrategia militarizada de máxima presión y estamos viendo algunas de las mismas cosas en términos de endurecimiento dentro de Venezuela y mayor represión interna, al tiempo que no hay ningún indicio de que haya grietas que puedan llevar a la destitución de Maduro. Pero lo que está en juego ha aumentado enormemente porque Estados Unidos ha invertido mucho militarmente movilizando tantos recursos militares en el sur del Caribe a un nivel que no habíamos visto en muchas décadas. No puedes hacer eso y luego simplemente irte si no puedes mostrar algún tipo de victoria”.

Presión del Congreso al Pentágono

Los ataques contra supuestas 'narcolanchas' que arrancaron el 2 de septiembre en aguas del Caribe y el Pacífico Oriental, y tres meses después empiezan a hacer mella en la Administración Trump. Así, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, se encuentra sometido a presión del Senado y la Cámara de Representantes por haber ordenado rematar a dos supervivientes en el primer hundimiento, que terminó con 11 asesinatos extrajudiciales.

Tanto republicanos como demócratas en el Congreso abrieron investigaciones ante lo que podría constituir un crimen de guerra por la ejecución de personas a la deriva.

Un ataque posterior a finales de septiembre llevó a la familia de un colombiano a presentar una denuncia formal ante el principal organismo de vigilancia de los derechos humanos en el continente americano. La petición de la familia de Alejandro Carranza afirma que el ejército bombardeó su barco pesquero el 15 de septiembre, violando las convenciones de derechos humanos.

“Por el momento”, dice Francesca Emanuele, “percibo una falta de voluntad por parte de líderes políticos de América Latina y el Caribe —con contadas excepciones, como Colombia— para ejercer presión sobre la administración Trump y frenar una escalada que podría derivar en una guerra o en un conflicto militar de gran envergadura en territorio venezolano. Las medidas coercitivas y las amenazas arancelarias que pesan sobre los países de la región contribuyeron a que solo un número reducido de figuras políticas del continente americano denuncien, exijan explicaciones y condenen el objetivo de derrocar al gobierno venezolano, objetivo que hoy constituye el trasfondo central de la militarización del Caribe y de las al menos 87 ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo órdenes del gobierno de Estados Unidos”.

Según Emanuele, “al menos por ahora, la posibilidad de desescalar el conflicto parece residir en el Congreso de EEUU, que en noviembre votó una resolución de poderes de guerra (una prerrogativa que solo tiene el Congreso de EEUU), que obligaba a la Administración Trump a rendir cuentas y a reconocer que, por el momento, no existía justificación legal para llevar a cabo ataques militares en territorio venezolano”.

Aquella resolución de noviembre no prosperó en el Senado por dos votos, pero la Cámara de Representantes, que estuvo casi dos meses sin actividad porque los republicanos no querían presión política durante el cierre del Gobierno, tiene pendientes de votar varias resoluciones registradas para evitar el ataque a Venezuela que viene telegrafiando Donald Trump desde septiembre.

La última, registrada, el martes de la semana pasada, dice lo siguiente: “El Congreso ordena al presidente que retire a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades dentro de Venezuela o contra este país, a menos que se autorice explícitamente mediante una declaración de guerra o una autorización legal específica para el uso de la fuerza militar”. La resolución fue impulsada por el representante demócrata por Massachusetts James McGovern, y apoyada por el republicano por Kentucky Thomas Massie.

Y el miércoles pasado, los demócratas del Senado, junto con el senador Rand Paul (republicano por Kentucky), presentaron otra resolución sobre los poderes de guerra para impedir que la Casa Blanca utilice las fuerzas armadas en hostilidades con Venezuela sin la aprobación del Congreso.

La resolución, presentada por Paul y los senadores Tim Kaine (demócrata por Virginia), Adam Schiff (demócrata por California) y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), ordenó a Trump que deje de utilizar el ejército “a menos que esté específicamente autorizado por una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar”.

Todo indica que la próxima semana se votará en el Congreso alguna de las resoluciones. En principio, los demócratas parecen no contar con votos suficientes, pero a medida que pasa el tiempo suman votos republicanos a su causa. El último, el de la ultra MAGA ahora caída en desgracia Marjorie Taylor Greene.