Población “inflada” en La Matanza: qué puede pasar cuando se revelen los datos del nuevo censo
El 18 de mayo, cuando los censistas matanceros salgan a las calles, se sabrá el número exacto de la población que habita en el territorio de La Matanza. En la oposición hay expectativas con respecto a qué pasará en caso de comprobarse una sobreestimación descubierta por los investigadores Federico Tiberti y Hugo Infantino en el Censo 2010, que tendría considerables efectos al día de hoy en la asignación de los recursos de la coparticipación. Las dudas apuntan a si se publicarán los datos inmediatamente y quién cargará con la responsabilidad. Desde el INDEC evitaron referirse al tema y Marco Lavagna, citado a hablar en la Comisión de Población y Desarrollo Humano, aseguró que el Censo 2022 será la mejor forma de dar respuesta a lo sucedido doce años atrás.
Sectores de Juntos por el Cambio creen que la responsabilidad de una población “inflada” en el Censo 2010 es de Fernando Espinoza, actual intendente de La Matanza, quien ya había ocupado ese cargo entre 2005 y 2015. La disposición de realizar el censo es del INDEC, pero la implementación, explican, corre a cuenta de las provincias. La sospecha sería que en La Matanza, los censistas fueron, en su gran mayoría, militantes kirchneristas que, o bien confundidos tras la muerte, el mismo día del censo, de su líder, Néstor Kirchner o bien con el propósito explícito de captar más recursos presupuestarios, “inflaron” (adrede o por error) los números.
“Cuando aparezcan los verdaderos datos ahora en 2022, va a saltar el escándalo. El tema es que no creo que lo pongan en la parrilla a Espinoza pero… ¿cómo la van a dibujar”, aseguraron desde JxC a eldiarioAR.
“Haciendo cuentas, uno podría imaginar un monto de más de 30 mil millones de pesos a lo largo de los últimos 11 años que -sí esta sobreestimación se prueba que existió- recibió un municipio en detrimento de los demás”, sostiene Diego Valenzuela en diálogo con eldiarioAR. “Podrían haber inflado los números justamente para esto, para tener un mejor reparto de los recursos: el 36% del coeficiente de distribución de la coparticipación de la Provincia de Buenos Aires depende de la población, por lo que a mayor población, mayores recursos. Aunque también una razón podría ser para tener mejores resultados en algunos indicadores, como la cantidad de ”delito por habitante“, dice Valenzuela.
Haciendo cuentas, uno podría imaginar un monto de más de 30 mil millones de pesos a lo largo de los últimos 11 años que -sí esta sobreestimación se prueba que existió- recibió un municipio en detrimento de los demás
“Si se evidencia que hubo una alteración de los datos, lo importante es que Marco Lavagna los ponga a disposición de la población inmediatamente”, sostiene Camila Crescimbeni, titular de la Comisión de Población y Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados, encargada de monitorear el Censo 2022. “Quiero creer, por su sólida trayectoria (la de Lavagna) que, en caso de detectarse anomalías, se publicarán. Uno se juega la carrera con estas cosas”, sostiene Crescimbeni en diálogo con eldiarioAR.
“No hay que olvidarnos que teníamos un INDEC intervenido, cuya voluntad explícita era tergiversar los datos. También del anterior INDEC es la responsabilidad en caso de comprobarse la sobreestimación”, sostiene Crescimbeni
La semana pasada, la Comisión de Población y Desarrollo Humano citó a Lavagna. Ante las consultas de los diputados Alejandro Finocchiaro y Martín Tetaz respecto al Censo 2010 y la veracidad en el relevamiento de los datos, Lavagna evitó la polémica asegurando que “la mejor forma de dar respuesta a lo que sucedió hace 12 años, es a través de un Censo 2022 de mucha calidad que dé información precisa sobre cómo estamos y cómo vivimos en cada rincón del país”.
En diálogo con eldiarioAR, desde el INDEC evitaron también hablar del tema y sostuvieron que no conocen “a ciencia qué sucedió en el 2010”. Desde el gobierno de La Matanza sostuvieron a este diario que no harán tampoco declaraciones al respecto.
La investigación
Doce años después del Censo 2010, los investigadores Federico Tiberti y Mauro Infatino encontraron, a través del estudio de los datasets casos/fallecidos por el covid-19 y vacunados, anomalías en la población de La Matanza. Los datos del Censo 2010 arrojaron que vivían en este municipio 1.775.816 personas, distribuidas en 484.909 viviendas. Cuando Tiberti e Infantino empezaron a investigar los números de vacunados y fallecidos, La Matanza se desviaba de casos de municipios con similar composición socio-económica de la población: había mucho menos fallecidos y casos por cantidad de habitante, y con respecto a la vacunación, habían menos vacunados por habitante que los demás municipios.
“Ponele que hiciste una buena gestión y tenes menos fallecidos, pero justo eso sucede en el lugar de menos porcentaje de vacunación por cantidad de habitantes?”, sostiene Federico Tiberti, responsable de la investigación y candidato a doctor por la Universidad de Princeton, en diálogo con eldiarioAR. “Después se nos ocurrió corroborar la cantidad de electores que hay registrados en el municipio y la matrícula escolar, ambos indicadores independientes de la población estimada por el INDEC. Y en ambos casos, a partir de 2010, cae abruptamente la matrícula escolar y el padrón electoral como porcentaje de la población (cifra estimada por el INDEC). ¿En La Matanza hay muchas personas que en el resto de los municipios que ni van a la escuela ni están inscriptas en el padrón? Es raro”.
“Eso nos llevó a concluir con bastante certeza, sobre todo si ves que la gente no se vacunó, ni se contagió, ni va a la escuela ni vota, que esa gente que no existe. Son fantasmas”, asegura Tiberti.
¿Hubo una sobreestimación de la población únicamente en el caso de La Matanza? “Por lo pronto y tras haberlos estudiado, podemos decir que en ninguno de los otros municipios del conurbano sucedió algo similar”, asegura Tiberti. “Pero después de publicar los datos de La Matanza, nos contactó gente del interior del país que llegó a conclusiones similares con respecto a sus municipios”. eldiarioAR, sin embargo, no pudo rastrear a estas personas que denunciaron anomalías también en sus municipios.
“Lo que se hizo en 2010 está mal, y tiene consecuencias no solo para la política fiscal sino también para la investigación. Muchos investigadores nos aseguraron que tuvieron que excluir, a lo largo de los últimos años, a La Matanza de ciertas investigaciones justamente porque los datos poblacionales no cerraban”, sostienen.
CC
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