A días de su vencimiento, el Gobierno evalúa prorrogar el decreto antidesalojos

El Gobierno analiza por estas horas la prórroga del decreto 320/2020, que mantiene suspendidos los desalojos desde el 29 de marzo pasado. La norma en cuestión también dispuso la renovación automática de los contratos y postergó el cobro de los aumentos hasta su vencimiento, primero fijado para el 30 de septiembre, luego prorrogado hasta el 31 de enero y ahora con posibilidades de ser extendido por un período más. 

“Se está trabajando para prorrogar el decreto y, seguramente, algún día de esta semana habrá novedades”, señalaron a elDiarioAR fuentes del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que conduce Jorge Ferraresi. Todavía no hay precisiones respecto de cuál sería el período acordado para mantener la medida.

El DNU vigente no suspendió los aumentos sino que difirió su cobro y generó una deuda que deberá ser afrontada, junto con los alquileres atrasados y sus intereses compensatorios, en hasta 6 cuotas a partir de febrero. Esto expone al riesgo de perder su techo al 42,3% de las familias inquilinas que tiene deudas de alquiler, según una encuesta realizada en septiembre por el CELS y el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad de San Martín.

El estudio, que se basa en 805 casos del Área Metropolitana de Buenos Aires, reveló que el 66,5% de los hogares inquilinos tuvo menos ingresos durante la pandemia y necesitó endeudarse para cubrir gastos cotidianos, devolver dinero a familiares o amigos y cubrir expensas e impuestos. Además, el 40% de las personas que recibieron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) lo destinaron al alquiler y ya no pueden contar con ese beneficio, que el Gobierno dio de baja luego de ejecutar tres rondas.  

Entidades que agrupan a propietarios o inmobiliarias vienen solicitando al Gobierno que dé por finalizada la medida. Desde su punto de vista, el decreto aumentó la incertidumbre para los dueños —que también vieron reducidos sus beneficios a partir de la Ley de Alquileres, sancionada en junio— lo que llevó a aumentar los precios y a sacar del mercado de alquileres algunas propiedades para volcarlas a la venta. 

Para las asociaciones de inquilinos, en cambio, de la prórroga depende que miles de familias no se queden en la calle. A principios de este mes el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, y pares de todo el país enviaron una carta al presidente Alberto Fernández y a Ferraresi para solicitarles la extensión del decreto por motivos que consideraron “urgentes”. 

La carta mencionó que el problema habitacional ya existente se agravó por la crisis del coronavirus. Por la reducción de ingresos —precisó el texto—, se deben destinar la mitad del ingreso total de los hogares sólo a pagar el alquiler. “En estas condiciones, el decreto firmado por el presidente de la Nación a fines de marzo y renovado en septiembre es una herramienta básica para evitar una catástrofe habitacional”, apunta. 

DT