ANÁLISIS

Un discurso económico de choque por el FMI, sin cambios en las tarifas y con miras en la reactivación

Alberto Fernández, bajo la atenta mirada de la Vicepresidenta.

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En la inauguración de las sesiones ordinarias del año en que probará su Gobierno en las urnas, Alberto Fernández eligió un tono confrontativo a la hora de hablar de economía. Anunció que abrirá una investigación penal contra los funcionarios de Cambiemos que tomaron el préstamo récord que el Fondo Monetario Internacional (FMI) concedió a la Argentina en 2018 y anticipó, en línea con lo que ya había prometido en la campaña electoral de 2019, que desdolarizará las tarifas de electricidad y gas -aunque en la práctica estas ya dejaron de estarlo desde hace tres años-. También habló de una recuperación económica mayor a la esperada, recordó las obras públicas que desplegará este año e informó que enviará al Congreso proyectos de ley para alentar la industria automotriz -sobre todo los vehículos eléctricos y a hidrógeno-, la producción de cannabis medicinal y medicamentos, la agroindustria -sector enfrentado durante toda la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner- y los hidrocarburos -ya lo había mencionado hace un año, pero aún no lo concretó, en un planeta urgido por salir de la dependencia de los combustibles fósiles hacia las energías renovables-.

Fernández arrancó señalando que recibió una Argentina “endeudada como nunca antes”. Es cierto que Mauricio Macri batió récords en el ritmo de tomar deuda, pero el pasivo era mayor al estallar la convertibilidad en 2002. El Presidente recordó que debió “enfrentar incendios sabiendo que otros habían terminado con el agua”. Y es real que el país, a diferencia de los vecinos, careció de acceso a los mercados de deuda para financiar el necesario incremento del déficit fiscal para enfrentar la pandemia y debió recurrir entonces a la emisión monetaria, con el consiguiente riesgo de devaluación brusca del peso y de mayor inflación. Fernández se felicitó por bajar el índice de precios al consumidor (IPC) del 54% en 2019 al 36% en 2020. Si bien influyó la profundización de la recesión, también es verdad que, sobre el fin de año el ministro de Economía, Martín Guzmán, domó al dólar y evitó que se cumplieran los pronósticos de 60% de algunos bancos internacionales como Citi y HSBC. Después fue el turno de enumerar las ayudas que el Estado dio en la cuarentena ante el parate de la actividad económica. Fernández admitió que la pobreza subió del 35% al 40% en los primeros seis meses de 2020, pero no perdió oportunidad para lanzar el dardo a Cambiemos, al hacer memoria del salto mayor en el índice, del 25% al 35%, entre 2017 y 2019.

Más adelante anunció la denuncia penal contra los funcionarios que tomaron y gastaron el megacrédito de US$ 44.000 millones del FMI. Se supone que apuntará contra Macri, su ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el de Finanzas, Luis Caputo, y los entonces presidentes del Banco Central, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris. El jefe de Estado sostuvo que ese dinero “se esfumó”. Gran parte de él se usó para saldar una deuda que era ya entonces impagable o para salvar a los acreedores (y excluirlos del ajuste que recayó sobre la sociedad). Hubiera sido mejor reestructurar entonces el pasivo, como finalmente se hizo en 2020, de modo de repartir las cargas de forma más equitativa y de evitar que ahora la Argentina deba afrontar el pago de la deuda con el Fondo, al que no le puede aplicar una quita, por cuestiones normativas. Fernández destacó que, con la renegociación del año pasado con los bonistas, el país redujo sus vencimientos en 34.800 millones entre 2020 y 2030, más allá que también recibe críticas por izquierda de que la poda terminó siendo bastante menor a la anhelada en un principio. 

Con la denuncia judicial, Fernández responde a los reproches internos del cristinismo de que Guzmán se siente a negociar un préstamo objetado por su legitimidad. También había llamado la atención que los senadores cristinistas pidieran hace unas semanas al Fondo que investigara el préstamo -algo que ya está haciendo- en lugar de emprender una indagación propia. El Presidente recordó que Mauricio Claver Carone, exasesor de Donald Trump y actual jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), admitió que aquel salvataje tenía como intención asegurar la reelección de Macri. Claro que el ajuste que debió emprender la Argentina a cambio del crédito, hundió la economía y la popularidad que Cambiemos había conseguido en los comicios de 2015 y 2017. Aquel ingreso de divisas sirvió también para que el Banco Central intentara infructuosamente frenar las devaluaciones, con lo que permitió que grandes capitales pudieran comprar dólares para fugarlos del país.

Fernández tira entonces la pelota a la Justicia, para que se encargue de dirimir si hubo lo que él consideró las mayores malversación de fondos y administración fraudulenta de la historia argentina. "Que endeudarse no sea más gratis”, dijo. Y despejó la cancha para que el ministro de Economía negocie la deuda con el FMI, sea o no legítima. En el Palacio de Hacienda consideran que es imposible desconocer ese pasivo y que lo que pueden hacer ahora es negociar la postergación de los vencimientos, concentrados entre 2021 y 2013, a diez años, como permite el Fondo, o a mayor plazo, como desea la vicepresidenta. Fernández sostuvo que no tiene prisa por acordar, lo que puede interpretarse que el pacto quedará para después de las legislativas de octubre próximo, pero dejó la puerta abierta para cerrarlo antes cuando sostuvo que “el único apuro es el de poner de pie a la producción y al trabajo”. Y en ese sentido la tensión con el FMI puede enturbiar las expectativas financieras. Fernández dijo que “no hay más lugar para ajustes recesivos”.  

Para reactivar la economía y alegrar el año electoral, el Gobierno se encomienda a una obra pública que duplicaría su nivel respecto de 2019, del 1,1% del PBI al 2,2%, según el presupuesto. También a la exención del impuesto a las Ganancias a 1,2 millones de trabajadores, a la reforma del monotributo -para suavizar el salto al régimen de autónomos- y a los proyectos de ley para incentivar sectores específicos como los hidrocarburos. El Presidente repitió el discurso de la industria petrolera de que el gas es el camino para “minimizar el efecto del cambio climático” y apenas nombró las energías solar y eólica cuando se refirió a algunos consensos federales que ha trazado con los gobernadores, que incluyen la minería y los puertos. 

Antes de adentrarse en temas políticos, el discurso inaugural de las sesiones ordinarias del Congreso se enfocó en un tema económico que obsesiona a Cristina Kirchner: las tarifas. Recordó los fuertes aumentos de la era Macri y prometió un proyecto de ley para desdolarizarlas. En la práctica queda poco por desdolarizar. El primer ministro de Energía de Cambiemos, Juan José Aranguren, había dolarizado los precios del gas en boca de pozo y el mayorista de la electricidad, pero, a partir de la devaluación de 2018, ese esquema quedó desbaratado (hubiera supuesto un alza imposible de afrontar por los usuarios). Por eso, en la práctica, la iniciativa que enviará al Congreso ya no cambiará las reglas. Los que siguen dolarizados son el subsidio que este gobierno le prometió a las petroleras por el Plan Gas - y que seguramente mantendrá- y algunos contratos de centrales eléctricas: los de energías renovables, que tienen garantía del Banco Mundial y difícilmente se toquen en plena discusión con el FMI; y los de las generadoras térmicas que impulsó el propio kirchnerismo, cuyo vencimiento está por llegar, y las que promovió Macri, que podrían renegociarse.

Expertos consideran que ni las petroleras ni las eléctricas invertirán si no les aseguran ingresos en moneda dura, aunque también admiten que las promesas de precios dolarizados en la Argentina han resultado imposibles de cumplir. Habrá que buscar otra solución en un país con un peso endeble y que cambia de reglas cada cuatro años. Otro capítulo son las tarifas que cobran las transportistas y las distribuidoras, que son en pesos. Fernández dijo que pretende que las facturas se adecuen a la capacidad patrimonial, no de ingresos, de cada usuario y que los subsidios sólo amparen a quienes los necesitan. Mientras lo decía, la vicepresidenta asentía, pese a que en su gobierno las subvenciones beneficiaron a todos y así desincentivaron la inversión. Tampoco los tarifazos la incrementaron. Dramas de la Argentina pendular que, quizás, algún día se superen para que el país pueda caminar hacia un desarrollo socioeconómico y ambiental sostenible.

AR

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