El Gobierno apuntala los programas de precios para estimular el consumo en 2021

Inspecciones de precios y abastecimiento en supermercados porteños.

Precios Cuidados, Precios Máximos, Ahora 12. Pese a los cortocircuitos que generan con empresas y bancos, el Gobierno apuesta a sostener los instrumentos que, considera, le ayudarán a alcanzar tal vez su principal objetivo para 2021: estimular la economía a través del consumo. Los tres programas tienen una fecha próxima de vencimiento pero, según pudo saber elDiarioAR, en todos los casos se prepara una extensión, aunque con algunos cambios. 

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El programa de Precios Máximos fue lanzado el 19 de marzo pasado como una medida coyuntural destinada a evitar situaciones de desabastecimiento y abuso de precios durante la cuarentena. A diferencia de Precios Cuidados, en donde se acuerda con las empresas qué productos se incluyen en el programa, es una medida obligatoria. En su debut dispuso la retracción al 6 de marzo del precio de todos los productos de alimentos, bebidas, artículos de limpieza y higiene personal. El programa fue luego prorrogado y se permitieron dos ajustes de precios: de entre el 2% y el 4,5% en julio y de entre el 2%y  el 6% en octubre, según el grupo de productos.  

Precios Máximos vence el 31 de enero y en el Ministerio de Desarrollo Productivo anticipan que se extenderá, aunque con esquema de “desenlistamiento” de productos que buscará desactivarlo gradualmente y hacerlo converger con Precios Cuidados. Este proceso ya comenzó con la eliminación de más de 50 productos en noviembre entre los que se contaron vinos premium, queso azul y cápsulas de café. Ese es el criterio que seguirá el Gobierno para retirar productos: primero los de consumo ABC1, menos esenciales. 

“En la misma negociación en que desenlistás, discutís qué aumento le van a aplicar al salir del programa y le preguntás al empresario qué aporta a Precios Cuidados. La idea es que a medida que se reduzca Precios Máximos se amplíe la canasta de Precios Cuidados”, explicaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo, que conduce Matías Kulfas. Este plan de convergencia culminaría con la extinción del programa de emergencia y la ampliación de la canasta de Precios Cuidados de los 401 productos actuales a alrededor de 2.000 ítems. 

La negociación con las empresas está encabezada por la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, que desde noviembre se reúne por separado con cada empresa o grupo empresario. Con algunas ya hay acuerdo y con otras todavía no. Las próximas semanas se anticipan de actividad intensa porque el 7 de enero es la fecha en la que vence el Precios Cuidados y debe relanzarse con las modificaciones. Español apunta a terminar el año con un aumento total del 11% en los productos de Precios Cuidados, muy por debajo de la inflación, que hasta noviembre acumuló una suba general de 30,9% y de alimentos en particular del 36,1%.

Para Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), el programa de Precios Máximos se convirtió en un programa de “congelamiento”, con dos “pequeños retoques que no responden a la realidad de la evolución de la estructura de costos”. 

En diálogo con elDiarioAR, aseguró que el sector se vio impactado por el 35% de aumento del tipo de cambio oficial, una suba en las materias primas que es “del 45% en adelante y llega hasta el 90% en algunos casos” y “aumentos de salarios no menores al 30%”. Además, mencionó el “costo Covid-19”, asociado al reemplazo de personal con licencia, a la readecuación de los circuitos logísticos y a la implementación de protocolos sanitarios en las compañías. 

Para el empresario “hay un desfasaje entre estructura de costos y estructura de precios” que genera problemas de aprovisionamiento de insumos y pone en riesgo la continuidad de las líneas de producción. “Tenemos la expectativa de que de aquí al 7 de enero la política de Precios Cuidados contemple esta situación. Estamos de acuerdo filosóficamente con el programa, siempre que represente el acuerdo voluntario entre el Gobierno y empresarios para incluir determinada cantidad de productos y con ello tener algún tipo de quita o reducción del impacto impositivo, que en los alimentos es del 38% y en las bebidas del 47%”, sostuvo. 

“Los empresarios siempre van a decir que se están fundiendo y que no pueden más. Se contempla su situación, pero también la extrema vulnerabilidad de los ingresos de los argentinos. Está a las claras que el que tuvo la suerte de mantener su trabajo este año, no le gana a la inflación. No hay margen para aumentos muy altos”, insistió una fuente cercana a Kulfas.

En cuanto al Ahora 12, que vence el 31 de diciembre, dijeron que se renovará aunque todavía se están negociando las condiciones. La última modificación de este programa fue en septiembre pasado, cuando se anunció la inclusión de cuatro nuevos rubros —servicios educativos, de reparaciones, de cuidado personal y de instalación de alarmas—, se eliminó a los teléfonos celulares y se estableció un período de tres meses de gracia antes del primer pago. Es decir que quien hace una compra hoy con Ahora 12 o Ahora 18, comienza a pagar recién a los 90 días. 

En el Gobierno apuntan a mantener los tres meses de gracia, pero desestiman la posibilidad de sumar opciones de más cuotas, como demandan algunos sectores que quieren llevarlo a hasta 36 pagos. “Por ahora se mantendrían las opciones de 12 y 18. En un contexto inflacionario que sigue siendo tan alto, lo vemos difícil”, señalaron.

Los bancos, que tienen sus reparos frente a este programa —perciben una tasa del 15 % y una compensación por vía de encaje que no llega a compensar el costo de fondeo—, participan de la discusión y buscan llegar a un acuerdo más conveniente para su sector. Consultados por este medio, tanto la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) como en la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y en el Banco Central no hicieron comentarios. 

Más controles

Por la importancia que le otorgan al cumplimiento de estos tres programas en el mandato de reactivar el consumo, en el Gobierno también se preparan para profundizar el monitoreo en los comercios de todo el país. La semana pasada el presidente Alberto Fernández participó de una reunión del gabinete económico en la que hizo eje en ese punto: le pidió a sus funcionarios que sean “muy rigurosos con los controles” de precios.  Además, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezó una reunión con intendentes de 22 municipios bonaerenses en la que se insistió en la necesidad de “fiscalizar”.

En esa oportunidad Augusto Costa, creador del programa Precios Cuidados y actual ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, dijo que la reactivación de la economía depende de dos variables: que la gente “tenga plata en el bolsillo” y del "esfuerzo que haga el Estado para que la economía traccione”. “Si todo ese esfuerzo se va en aumento de precios y en unos pocos que tienen la capacidad de aprovecharse de su posición en el mercado, no solo se pierde todo ese esfuerzo, sino que implica peores condiciones de vida, peores posibilidades de acceso a consumo básico, y además se vende menos y más caro”, señaló.  

La Secretaría de Comercio Interior labró este año 6.800 actas por incumplimiento de los programas y se concretaron 700 clausuras preventivas

Las palabras de Costa van en el mismo sentido que las que manifestó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en un acto el viernes pasado en La Plata, cuando llamó a evitar que “el crecimiento de 2021 se lo queden tres o cuatro vivos” y aseguró que la forma de reactivar la economía es alineando salarios, precios de alimentos y tarifas.  

Según datos de la Secretaría de Comercio Interior, en lo que va del año se realizaron 33.557 fiscalizaciones en toda la cadena de producción, distribución y comercios para el control del cumplimiento de precios y el abastecimiento de productos de consumo masivo. Durante las inspecciones se labraron 6.800 actas y se concretaron 700 clausuras preventivas. El 45% de las multas, que sumaron un total de $87 millones, corresponde a infracciones al programa Precios Máximos.

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