La ilusión subsidiada de la Argentina saudita

Con sus reservas de gas y petróleo no convencional comprobadas y la certeza de que los recursos son extraíbles a precios competitivos, Vaca Muerta viene actuando como el novio ideal que promete mucho y concreta poco.

La ilusión que atraviesa a todos los gobiernos es que la explotación de los recursos enterrados en la cuenca neuquina podría mitigar el eterno problema argentino de la restricción de dólares. Para ello, se deben conjugar algunas variables endógenas y exógenas, como que los precios internacionales no caigan debajo del umbral de los costos, la construcción de más ductos para trasladarlo a las ciudades argentinas que necesitan gas natural o a puertos para exportar, el equilibrio medioambiental y la famosa “seguridad jurídica” que establezca reglas que duren años.

A la historia conocida de recesión, cierre del crédito internacional y sucesión de devaluaciones que quemó los papeles del Gobierno de Mauricio Macri, la explotación del gas en Vaca Muerta sumó una particularidad. La cotización del recurso descendió bruscamente no bien se puso en marcha la resolución 46. Los US$7.50 por millón de BTU prometidos por el diseño de Juan José Aranguren terminaron duplicando en poco tiempo lo que conseguían las productoras como YPF, Total Austral, Tecpetrol, Wintershall, Pampa Energía, CGC, Vista, Pluspetrol, Capex o Pan American Energy si lo tenían que vender de acuerdo a la demanda. Algunas de ellas (YPF; PAE, de Bulgheroni; Total Austral; Capex y otras) tenían proyectos inscriptos en la resolución 46 que no constituían el centro de su negocio; a diferencia de Tecpetrol y CGC, de Eduardo Eurnekián, afincada en la cuenca de Santa Cruz, que también sacó provecho del esquema diseñado por Aranguren.

Dos años después de la aceptación de proyectos dentro de la resolución 46, el valor del gas sin subsidios ya era de un tercio del precio estímulo. Las cuentas públicas habían entrado en colapso, por lo cual, el premio se volvió impagable.

Con el gas sobrante excepto en los tres meses de invierno y los valores por el piso, los números de algunas petroleras se pusieron en rojo en 2019. En especial, los de YPF, líder en todos los segmentos de gas y petróleo en la Argentina, tanto en upstream como en downstream. En el último semestre de Mauricio Macri en el Ejecutivo, las energéticas comenzaron a mudar sus pozos en Vaca Muerta de gas a petróleo, cuya cotización internacional no brillaba, pero resultaba más rentable y, sobre todo, más fácil de exportar.

Tecpetrol se convirtió en la única empresa que tenía un estímulo para continuar la producción de gas a toda marcha. Como su remuneración no dependía de las condiciones del mercado sino del generoso subsidio (que pagaba la diferencia entre el valor promedio en boca de pozo y los US$ 7,50 por milón de BTU), carecía de incentivos para no inundar la plaza. Así funcionó hasta que Gustavo Lopetegui informó que la Secretaría de Energía pagaría el subsidio según la estimación de la empresa al momento en que fue aceptado el plan y no según la producción alcanzada. No sólo ello, sino que también recalcularía los montos ya abonados sobre la eyección del segundo trimestre de 2018. Como Tecpetrol había previsto producir 7 millones de metros cúbicos y despachaba el doble, recién entonces comenzó a contener su producción, lo que se extendió todo 2020.

La caída interanual en la producción de gas en la Argentina era superior a 12% a mediados de 2020. A ese ritmo, por más recesión que continuare, habría que aumentar las importaciones desde Bolivia o a través de la onerosa barcazas de gas licuado afincadas en Bahía Blanca a mediados de 2021. El Gobierno de Macri despidió a esa terminal móvil portuaria con bombos y platillos. Lo que no aclaró fue que la recesión no sería eterna y que, con la caída en el precio y las complicaciones en Vaca Muerta, el gas producido en la Argentina no alcanzaría.

El Banco Central cuenta los dólares uno a uno, por lo que la hipótesis de pagar US$ 2.000 millones de dólares para compensar el declive en 2021 espantaba al ministro de Economía Martín Guzmán. Con esa necesidad, el Gobierno puso en marcha un nuevo Plan Gas, a fin de garantizarse un bloque de 70 millones de metros cúbicos diarios hasta 2024. En diciembre pasado, el Gobierno asignó, mediante subasta pública, algo menos del objetivo buscado. Los oferentes fueron YPF, Tecpetrol, Pluspetrol, PAE, Petrobras, Metro Holding SA, Shell, Alianza Petrolera Argentina, Pampa Energía, CAPEX, Wintershall, DEA Argentina, Vista Oil & Gas, ExxonMobil, Corporación Financiera Internacional y Compañía General de Combustibles.

Según la visión generalizada, la subasta será insuficiente para evitar el aumento de las importaciones en los más fríos, en especial, si se confirma el fin de una de las peores recesiones de la historia. Mientras tanto, el tiempo pasa, la perspectiva de un cambio energético a recursos no convencionales gana terreno, y la revolución de Vaca Muerta no aparece.

SL