La Justicia ordenó una intervención parcial en SanCor, que adeuda sueldos desde mitad de año
La cooperativa láctea SanCor quedó bajo una intervención parcial ordenada por la Justicia de Santa Fe, en el marco del concurso preventivo que atraviesa desde febrero. La medida, dispuesta por el juez civil y comercial Marcelo Germán Gelcich, apunta a reforzar el control sobre la administración ante una serie de incumplimientos laborales, previsionales y contables detectados en los últimos meses.
El magistrado resolvió la designación de un coadministrador judicial con amplias facultades de auditoría, control y representación. No se trata de una intervención total, por lo que las autoridades actuales continuarán en sus cargos, pero ya no podrán tomar decisiones patrimoniales o contables sin la firma conjunta del funcionario designado, condición sin la cual cualquier acto será considerado nulo.
La resolución se apoya en tres ejes críticos señalados por la Sindicatura y el Comité Provisorio de Control (CPC):
- Deudas salariales persistentes: SanCor adeuda sueldos desde junio de 2025 y no pagó ninguna de las cuotas del aguinaldo de este año. Más de 300 trabajadores enviaron telegramas de intimación en las últimas semanas, que se suman a los 3.800 presentados desde la apertura del concurso.
- Irregularidades previsionales: se denunciaron recibos de sueldo con datos presuntamente falsos y falta de aportes a la seguridad social, lo que derivó en causas penales contra exdirectivos por apropiación indebida de recursos del sistema previsional.
- Falta de información clave: la empresa no entregó documentación sobre el funcionamiento de sus plantas, los contratos con terceros, los niveles de producción ni el destino de los fondos que ingresa, incumpliendo el deber de colaboración previsto en la Ley de Concursos y Quiebras.
Para el juez, esta combinación de incumplimientos configura un riesgo para la continuidad del proceso concursal y para los acreedores, y justifica la adopción de una medida “intermedia” que permita un control real y efectivo sin desplazar por completo a la conducción de la cooperativa.
Qué podrá hacer el coadministrador
El coadministrador será un profesional con certificación en sindicatura concursal, elegido a partir de una terna que deberá presentar la Sindicatura. Tendrá un mandato inicial de 60 días, prorrogable, y podrá designar hasta seis auxiliares técnicos, entre ellos contadores, abogados e ingenieros vinculados a la actividad láctea.
Entre sus facultades se incluyen:
- Acceder a todas las plantas e inmuebles de la cooperativa, incluso con auxilio de la fuerza pública.
- Requerir documentación e información a la empresa, sus dependientes y terceros.
- Auditar contratos, flujos de fondos, niveles de producción y stock.
- Intervenir en cualquier acto con impacto económico o contable.
Un nuevo capítulo en una crisis prolongada
La intervención llega en un contexto de creciente conflictividad interna. En paralelo, grupos de trabajadores comenzaron a presentar pedidos individuales de quiebra con continuidad laboral, denunciando meses de salarios impagos, falta de aportes a la obra social y un “vaciamiento” que pone en riesgo la continuidad de la actividad y el sustento de sus familias.
La cooperativa, fundada en 1938 y símbolo de la industria láctea argentina, atraviesa desde hace años un proceso de achicamiento, venta de activos y pérdida de mercado. La decisión judicial abre ahora una etapa de supervisión reforzada, en la que la Justicia buscará determinar si la empresa puede sostener su operatoria bajo control conjunto o si será necesario avanzar hacia medidas más drásticas dentro del concurso.
El pedido de procesamiento a expresidentes de SanCor por apropiación indebida de aportes
La fiscalía federal de Rafaela había solicitado a comienzos de febrero el procesamiento de dos expresidentes de SanCor Cooperativas Unidas Limitadas por apropiación indebida de recursos de la seguridad social por más de $1.644 millones.
El requerimiento alcanza a José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, quienes estuvieron al frente del Consejo de Administración de la firma entre febrero de 2020 y enero de 2024, periodo en el que, según la acusación, se retuvieron aportes de los trabajadores sin ser depositados en los sistemas de jubilaciones, pensiones y obras sociales, tal como establece la ley.
Gastaldi habría incurrido en 17 hechos entre 2020 y 2022, mientras que a Sánchez se le imputaron otros 16 correspondientes a los años 2022, 2023 y enero de 2024, todos ellos en concurso real y en carácter de autor.
El expediente se inició tras denuncias penales realizadas por trabajadores de las plantas de Sunchales y Don Torcuato, quienes detectaron que la empresa no había transferido los aportes retenidos. En ambos casos, la justicia federal asumió la competencia tras la declaración de incompetencia de la justicia provincial y la acumulación de las causas.
La investigación, sustentada en reportes del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la base de datos de la AFIP, concluyó que durante 33 períodos fiscales SanCor actuó como agente de percepción y retención sin cumplir con la obligación de depositar los fondos retenidos.
A pesar de que ambos imputados se abstuvieron de declarar al ser indagados, no negaron los hechos que se les atribuyeron. Por eso, la fiscalía solicitó que el juez disponga su procesamiento conforme al artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación.
En cuanto a medidas de coerción, la fiscalía consideró suficiente la obligación de informar cambios de domicilio, dado que los acusados carecen de antecedentes penales, tienen domicilio fijo, actividad laboral declarada y se presentaron a las citaciones judiciales.
Deudas, despidos y el ingreso a un concurso preventivo de acreedores
A comienzos de este año, SanCor solicitó la formación y apertura del concurso preventivo de acreedores en medio de la crisis que atraviesa por las deudas acumuladas y la merma en la producción que incluyó despidos a comienzos del año. El 14 de febrero, el juez Guillermo Adrián Vales, titular del Juzgado Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de Rafaela, Santa Fe, se declaró competente para llevar adelante el Concurso Preventivo de Acreedores de SanCor.
En esa oportunidad, SanCor dio a conocer mediante un comunicado el dificultoso devenir que afrontó en los últimos años indicando que “tras atravesar una profunda crisis en 2017, la cooperativa inició un proceso de reestructuración que fue cumpliendo distintas etapas”.
Al respecto, precisaron que “este plan incluyó una instancia extrajudicial, así como la venta y cierre de varias dependencias productivas, comerciales y administrativas”, asegurando que “estas medidas permitieron una paulatina estabilización de la situación que transitaba la cooperativa”. Durante este transcurso, la empresa pasó de tener 12 plantas a seis.
En relación a la reducción del personal de las diferentes plantas, que también forma parte de la mencionada reestructuración, a finales de enero pasado se produjo la desvinculación de 300 empleados. Esta realidad se venía acentuando ya que en 2017 la compañía contaba con 4.000 trabajadores, mientras que actualmente apenas supera los 1.000.
Continuando con la recopilación de lo sucedido en los calendarios pasados, la cooperativa sostuvo que “con el paso del tiempo, SanCor evaluó diferentes alternativas y mantuvo negociaciones con un grupo empresarial interesado en desarrollar un fideicomiso que impulsara su recuperación. Sin embargo, luego de dos años, esa iniciativa no prosperó, lo que marcó un punto crítico en el camino de la Cooperativa”.
Al mismo tiempo, recordó que “a fines de 2023, y hasta agosto de 2024, SanCor, por razones que son de público conocimiento, vio reducida sustancialmente su operatoria, afectando su recuperación”, haciendo alusión al conflicto con la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea Argentina (Atilra).
Aún ante este escenario, se explicó que “SanCor continuó dialogando con nuevos interlocutores interesados en participar del negocio, logrando progresos significativos en dichas gestiones”.
Sin embargo, desde la firma informaron meses atrás, antes de la decisón judicial de intervenir parcialmente la empresa, que “antes de avanzar con cualquier iniciativa concreta, la cooperativa debe resolver los problemas derivados de sus deudas y otras circunstancias que podrían frustrar futuras negociaciones”, por lo que “en este contexto, y con el objetivo de ofrecer una solución a todos los interesados, SanCor decidió dar este paso judicial”.
Ante esta determinación, expresaron que “aunque los resultados de esta medida no pueden preverse con certeza, la cooperativa confía en que las partes involucradas llegarán a un entendimiento”, remarcando que “esto permitirá concretar, con el apoyo de herramientas técnicas y financieras adecuadas, una solución definitiva que garantice la consolidación de SanCor”.
Con información de agencias.
IG
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