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Entrevista
Etiquetado frontal
Mélissa Mialon, sobre el debate por el etiquetado frontal: “No hay una porción adecuada para productos que te pueden dar cáncer”

Mélissa Mialon

Delfina Torres Cabreros

Bocado —
14 de julio de 2021 11:52 h

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Este lunes obtuvo dictamen en Diputados el proyecto de ley que propone estampar sellos de advertencia en los alimentos con exceso de azúcar, grasas y sodio, lo que posibilitará que sea tratado en el recinto y convertido en ley. El dictamen llegó nueve meses después de la media sanción en el Senado y décadas después de que comenzarán a presentarse en el Congreso iniciativas para darle información más clara a los consumidores sobre los productos que comen. En ningún país en que se intentó avanzar con una norma de este tipo el proceso fue rápido; la dilación es la marca registrada de los debates que afectan los intereses comerciales de sectores de peso económico, como lo son en la Argentina y el mundo las empresas alimenticias.

La ingeniera en alimentos francesa Mélissa Mialon, también doctora en nutrición, hizo de la interferencia de las corporaciones en las políticas de salud pública el eje de su carrera científica. En los últimos diez años investigó en Australia, Fiji, Irlanda, Colombia, Chile, Brasil y otros países las estrategias que utiliza la industria para afectar el curso de las políticas, lo que plasmó en 33 artículos científicos publicados en revistas como Lancet Planetary Health.

Mialon, que actualmente es investigadora en las universidades Trinity College Dublin y la Universidad de San Pablo, asegura que no hay diferencia: las estrategias son las mismas en todo el mundo y se repiten en las distintas industrias como la del tabaco, el alcohol y el juego. Sí hay particularidades en el tono y en la virulencia con la que se emplean. “La industria es mucho más agresiva en Latinoamérica”, asegura desde Clermont-Ferrand, la ciudad del centro de Francia en la que está instalada desde que se inició la pandemia.

¿Hay evidencia suficiente para afirmar que las corporaciones interfieren con las políticas públicas de salud?

Sí, hay mucha evidencia en Latinoamérica y también específicamente sobre el tema del etiquetado. Pero es algo global: tenemos evidencia en Francia, en Bélgica, en España, en Italia. También en Australia, donde hice mi doctorado y la industria se oponía a un sistema de rotulado que era voluntario. También tenemos evidencia en Uruguay, en Chile, en Guatemala, en Colombia, donde la industria fue súper agresiva en contra de los modelos de advertencia. 

¿Cuáles son las estrategias que utilizan para interferir? 

Hay dos grandes grupos de estrategias: las instrumentales, las acciones de la industria, y las discursivas, sus argumentos. Dentro de las instrumentales, la primera que mencionaría es la de crear grupos de apoyo a la industria; las empresas conforman grupos de lobby porque tienen más poder cuando están juntas y también apoyan a grupos de la sociedad civil o directamente a las comunidades —a través del deporte o el apoyo a actividades para niños, por ejemplo— para tener su respaldo. La industria también paga estudios científicos y documentos de distinto tipo para que digan que sus productos son buenos para la salud y que las empresas tienen un rol económico central en la sociedad. Es decir, se utiliza la ciencia con fines políticos. Hay también influencia directa en las políticas públicas mediante el lobby o cuando se sientan a la mesa de decisión junto con los gobiernos, pero también con donaciones a partidos políticos y a personas en el Congreso. 

¿Estas estrategias se asemejan a las que utilizan otras industrias reñidas con la salud pública, como el tabaco o el alcohol? 

Sí, claro. Con las del tabaco, el juego, el alcohol, las farmacéuticas... porque a un lobbista o  profesional del marketing no le preocupa el producto sino aplicar ese conocimiento que tiene de cómo llegar con su mensaje, hablarle a los políticos, afectar las decisiones que pueden jugar en contra. No se trata de tabaco, alcohol o alimentos, sino de prácticas que las corporaciones utilizan cuando están en contra de una norma que amenaza su posición, ya sea en un país o a nivel mundial. 

¿El modo de accionar de la industria varía según la región? ¿Se ve alguna particularidad en Latinoamérica? 

En los países de alto ingreso estas estrategias son un poco más transparentes porque los propios gobiernos son más transparentes. Hay registros de lobbistas, topes máximos para las donaciones a los políticos y medidas de ese tipo. La imagen en esos países es más importante para la industria, porque la población está un poco más pendiente de la salud. En los países de medio o bajo ingreso es más complicado porque no hay tanta transparencia y es más difícil saber lo que la industria está haciendo detrás de puertas cerradas. La diferencia también es que la industria es mucho más agresiva en Latinoamérica. Se ven ataques directos a los defensores de salud pública, por ejemplo en Colombia, y una captura de científicos de la academia que no es tan explícita en otros lados. 

En la Argentina hay casos muy claros de personas que tienen que tomar decisiones en torno a la ley de etiquetado y que provienen justamente de puestos relevantes en la industria. ¿Es algo a lo que hay que prestarle atención? 

Sí, son conflictos de interés y muchas veces cuando se lo denuncia las personas lo toman como un ataque personal, no entienden los problemas de ética y los daños que hacen a la salud de la población. Creen que se limita a un tema de su imagen. Muchas veces ni siquiera registran que cuando reciben dinero o son invitados a comer por una marca es un problema, creen que son independientes a pesar de eso. Es más fácil ver que tus colegas tienen un conflicto de interés que verlo en uno mismo. Además, a veces los lobbistas son parte de la misma clase política. Personas que han crecido en los mismos ambientes y se conocen o van al parque juntos el fin de semana. 

Uno de los argumentos más frecuentes de la industria es que la ley de etiquetado “demoniza” a los alimentos, cuando la clave sería moderar la ingesta y hacer actividad física. ¿Qué le parece?

Que son muy inteligentes para cambiar la conversación y capturar conceptos. Hace 15 años que proponen como solución la “autorregulación”, pero sabemos que no es una buena idea. Ellos no entienden el concepto de “moderación”. Nosotros en nutrición y salud pública cuando hablamos de moderación y de balancear la dieta siempre lo pensamos entre opciones que son saludables. Ellos aplican este concepto a los ultraprocesados, pero es diferente: no hay una porción adecuada para productos que te pueden dar cáncer. 

Esto se relaciona con un punto que hacías en otra conversación: la diferencia que muchas veces no se registra entre lo que es el campo de la ingeniería en alimentación y el de la nutrición.

Lo que digo es que por un lado está la ciencia de los productos —cómo hacer que algo sea rico y perdurable— y está bien que la industria apoye ese tipo de investigaciones sobre la tecnología del producto. Pero en el campo de la nutrición se habla de salud, que es algo diferente. La pregunta ahí es sobre el efecto de esos alimentos en tu cuerpo. La industria trabaja para vender sus productos, entonces hay un conflicto de interés cuando hablan de la salud. Pueden hacerlo para su marketing, pero es solo marketing. 

Cuando pensamos en los ultraprocesados, ¿el problema son los nutrientes críticos que tiene en exceso o también hay que considerar el procesamiento en sí?

Hay evidencia de que el problema no es sólo los nutrientes sino el nivel de procesamiento de los productos, porque una empresa puede disminuir el nivel de azúcar pero agrega otra cosa para que la textura y el sabor sea igual y muchas veces no sabes qué efecto tiene en el cuerpo. Hace años en Francia se descubrió que la mamadera tenía en el plástico bisfenol, que migra a la leche y hace daño a la salud de los bebés. Entonces la industria cambió por otro plástico, que diez años después entendemos que no es mejor. Eso mismo pasa con los alimentos. Incluso la industria muchas veces sabe que lo que agrega en reemplazo no es mejor, pero como la investigación para probarlo demora diez años lo piensa como diez años más para vender su producto. 

Otra cosa que se ve es que la industria percibe que no hay margen para oponerse al etiquetado, entonces lo que hace es proponer un modelo alternativo, más afín con sus intereses. 

Claro, dicen: “No estamos en contra de la idea, somos parte de la solución, pero tenemos  nuestra propuesta que es diferente y sabemos que la suya no funciona”. En Francia, por ejemplo, teníamos cuatro modelos y en el mundo científico ya se sabía que el mejor de esos era el Nutriscore, pero la industria pedía que se hagan estudios sobre los otros. Al final se demostró que el Nutriscore era el mejor, pero demoraron la aplicación un año. Lo hacen para ganar tiempo. Otra estrategia que usan es la de tratar de que las modificaciones surjan de acuerdos voluntarios, que tienen un alcance más limitado que una ley.

¿Hay mecanismos para detectar y tratar de neutralizar la interferencia?

Sí, nosotros compilamos 49 mecanismos diferentes utilizados en distintos países, como registro de lobbistas, limitación de donaciones a políticos o blanqueo de financistas en universidades e investigadores. Son cosas concretas que otros países pueden adoptar. 

Esta entrevista es parte del informe especial sobre etiquetado frontal en América latina de Bocado, la red de investigación periodística sobre alimentación.

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