El proyecto de etiquetado frontal tuvo dictamen de Diputados y será tratado en el recinto

Los octógonos negros del etiquetado frontal obtuvo media sanción en el Senado

A casi nueve meses de su media sanción en el Senado, el proyecto de ley que dispone sellos de advertencia en la cara frontal de alimentos con exceso de azúcar, grasas y sodio obtuvo dictamen y será tratado en el recinto con la posibilidad de ser transformado en ley. En un plenario de las comisiones de Legislación General, Salud, Defensa del Consumidor e Industria la iniciativa que ingresó desde la Cámara Alta obtuvo 91 acompañamientos y superó ampliamente las tres propuestas alternativas que se presentaron.  

Etiquetado frontal: la ley para saber qué comemos se empantana entre el lobby y los tiempos legislativos

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Además de los sellos de advertencia, el proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable suma la prohibición de utilizar personajes infantiles y promociones que atraigan a los niños y niñas, regula la publicidad en segmentos infantiles y elimina el expendio de productos etiquetados en las escuelas. Es el resultado de la unificación de 15 iniciativas presentadas sobre el tema, que en el Senado no fue acompañado solo por tres legisladoras. 

El presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin —médico y ex ministro de Salud de la provincia azucarera de Tucumán—, fue el primero en hablar y presentó un dictamen alternativo por considerar que el proyecto tiene "errores que no podrán ser saldados en la reglamentación". Yedlin propuso cuatro modificaciones, todas ya manifestadas en ocasiones previas por representantes de la industria y retomadas a lo largo de la sesión por otros diputados. 

Por un lado, solicitó que los sellos de advertencia se apliquen solo a procesados y ultraprocesados y que se definan excepciones a una serie de productos como "fórmulas para lactantes" y otros complementos nutricionales con una población objetivo puntual. En segundo lugar, que los estándares puedan adecuarse y no “remitir directamente” al perfil de nutrientes que establece la Organización Panamericana de la Salud (OPS), como define el proyecto. En tercer lugar, pidió ampliar los plazos de implementación a 12 meses en general y a 24 para las pymes. Por último, agregó que se deje asentado que "es menester" del Poder Ejecutivo adecuar la normativa con fin de "armonizarla" con el resto de los países del Mercosur. 

La argumentación —y la consecuente votación— fue heterogénea al interior de los distintos bloques. La diputada Daniela Vilar, también del Frente de Todos, señaló su apoyo al proyecto tal como fue remitido por el Senado y dijo que los legisladores cuentan con "dos certezas que da la evidencia científica": que los octógonos negros con la palabra "exceso" en blanco son el mejor sistema gráfico disponible y que "el perfil de nutrientes más apropiado es el de OPS", que además permite "saldar un montón de perspicacias [en la definición de los estándares] que pueden surgir de parte de determinados sectores".

La diputada del PRO Carmen Polledo, vicepresidenta de la comisión de Salud, también presentó un dictamen propio, con un proyecto de ley alternativo. Consideró que hay una postura "que tiene mucho de fanatismo" y sostiene que hay un solo método sólido para etiquetar, pero que existen "otros métodos con respaldo científico menos agresivos y estigmatizantes". Polledo propuso el sistema de etiquetado GDA (Guía Diaria de Alimentación), que fue el modelo implementado voluntariamente por Coca-Cola en todo el mundo cuando, hace más de diez años, comenzó a hablarse de la necesidad de exigir una información más clara a la industria. Es decir, es el que ya está estampado en las gaseosas más famosas del mundo. 

"Yo no he visto lobby para un proyecto alternativo, el mío fue redactado en mi despacho, de manera independiente", se defendió de las posibles críticas. En un debate que fue por momentos agitado, se refirió indirectamente a la presentación que hizo en una reunión informativa previa el senador chileno Guido Girardi —autor de la norma de etiquetado que rige en el país vecino y que fue pionera en la región— y dijo que “la República Argentina no produce ni come basura". “Los alimentos argentinos no son basura ni veneno, son una bendición", agregó. 

El diputado del PRO Alejandro García, presidente de la Comisión de Industria, fue el autor del cuarto dictamen, de rechazo al proyecto. García consideró que "no se escuchó a los representantes del sector productivo" y se enfocó en un argumento económico. Dijo que el sector alimentario es el único que tiene presencia en todas las provincias, “representa un 32% de los trabajos industriales, 375.000 empleados directos y más del 50% de las exportaciones totales del país”. Según su punto de vista, la iniciativa forma parte de una agenda política del oficialismo que busca avanzar sobre los sectores productivos. 

La obligación de imprimir sellos de advertencia en los productos que tengan “exceso” de “nutrientes críticos” se fundamenta en su relación con hipertensión, hiperglucemia y obesidad. Es decir, los factores de riesgo asociados al 40% de las muertes del continente según la Organización Panamericana de la Salud.

Incluye puntos específicamente dedicados a la infancia porque da cuenta de una situación sanitaria relevada recientemente por un informe reciente de Unicef, OPS, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos: la Argentina tiene el primer puesto de la región en sobrepeso en menores de 5 años. El dato alcanza al 13,6% de esa población y escala al 41% en chicos y chicas de entre 5 y 17 años.

En la apertura del plenario la diputada Cecilia Moreau, presidenta de la comisión de Legislación General, dijo que se apuntaba a “saldar” una “deuda reclamada por la sociedad”. Efectivamente, la sociedad civil tuvo un rol central en todo el proceso de elaboración y discusión de la ley, acompañada por distintas organizaciones. 

Pocos días atrás, en la previa de la discusión en comisiones, se lanzó la campaña "Que no te tapen los ojos" motorizada por la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) Argentina; la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (FAGRAN); Consumidores Argentinos; la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps); y la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales (SANAR). Además, se difundieron mensajes de apoyo de otras organizaciones reconocidas como Unicef Argentina. 

Este proceso de discusión en el Congreso se da como una vía paralela a la que planteó el Ejecutivo en la Comisión Nacional de Alimentos (Conal), donde hay otro proyecto de etiquetado —más laxo que el que tiene media sanción— que podría ser impuesto mediante una resolución. Sin embargo, fuentes oficiales señalaron a elDiarioAR que decidieron poner pausa y "dar espacio" para ver qué resuelve el Congreso.

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