Nueve meses después de la media sanción en el Senado, vuelve la discusión por el etiquetado frontal en el Congreso

Pieza de la campaña en favor de la ley de etiquetado frontal de alimentos

El cartel anclado en la vía pública porteña, en la avenida Figueroa Alcorta, muestra la imagen de un hombre con los ojos tapados con etiquetas que dicen "natural", "light", "2x1", "sin azúcares", "0% calorías": algunas de las leyendas con las que las marcas de alimentos ultraprocesados buscan llamar la atención de los consumidores desde las góndolas. La imagen es parte de una campaña lanzada por distintas organizaciones que reclaman la aprobación del proyecto de ley de etiquetado frontal, que saldrá este martes del cajón y será discutido a las 15 en un plenario de comisiones convocado por la legisladora del Frente de Todos Cecilia Moreau.

Etiquetado frontal: la ley para saber qué comemos se empantana entre el lobby y los tiempos legislativos

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El proyecto de ley de Promoción de la Alimentación Saludable, que establece la obligación de aplicar sellos de advertencia con forma de octógonos negros a los alimentos con exceso de azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio (llamados “nutrientes críticos”) obtuvo media sanción del Senado el 30 de octubre de 2020 casi por unanimidad. Votaron 64 senadores a favor y solo tres en contra, representantes de dos provincias azucareras: Silvia Elías de Pérez y Beatriz Mirkin, de Tucumán; y Clara Vega, de La Rioja.

Sin embargo, una vez girado a Diputados la discusión entró en pausa, empantanada por las presiones de la industria alimenticia, que —como se ha visto en cada uno de los países donde se dio la discusión— utiliza su poderío para intervenir en las decisiones de salud pública. La primera dilación se dio cuando el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, giró el proyecto a seis comisiones, una maniobra que las organizaciones civiles que monitorean el tema denunciaron en las redes con el hashtag #ExcesoDeLobby y que lo forzó a volver sobre sus pasos y descartar dos. 

Diputados realizó en abril una reunión informativa con especialistas y un plenario de debate, pero no se llegó a emitir dictamen y el proyecto volvió a ser postergado. Es que la iniciativa pone al Gobierno en una posición difícil: por un lado, regula un problema urgente desde el punto de vista sanitario —el consumo de ultraprocesados se vincula a la obesidad y otras enfermedades no transmisibles que son responsables del 80% de las muertes en el continente— y tiene el apoyo de buena parte de la sociedad civil y organizaciones como Unicef, La Sociedad Argentina de Pediatría, la Organización Panamericana de la Salud y la Fundación Interamericana del Corazón. Por otro lado, genera un rechazo abierto de la industria alimentaria, que amenaza con consecuencias económicas catastróficas y anticipa hostilidad en plena campaña electoral.

Al mismo tiempo que el proyecto da vueltas en el Congreso, la discusión se da también en el Ejecutivo. La Comisión Nacional de Alimentos (Conal), conformada por representantes de las carteras de Salud, Agricultura y Desarrollo Productivo de todo el país, tiene su propio proyecto de etiquetado frontal, que podría ser impuesto con una resolución conjunta. En el caso de la Argentina, el proyecto de ley es más amplio que la propuesta del Ejecutivo e incluye, entre otras cosas, la prohibición de publicitar productos con sellos, venderlos en entornos escolares o incluir en los paquetes personajes infantiles, sorteos o regalos para atraer a los niños y niñas

¿Es la convocatoria a comisiones una decisión del Gobierno de darle luz verde a la vía legislativa? Un funcionario que integra la Conal señala que simplemente se definió “dejar espacio para que el proyecto se pueda tratar en el Congreso”, sin que esto signifique el aborto de la vía del Ejecutivo. Según dijo, el tema estaba en agenda de la reunión de Conal de la semana próxima, pero se decidió “esperar políticamente un poco para ver cómo lo resuelve el legislativo”. 

Fuentes que siguen de cerca la discusión hablan de un viaje de la ministra de Salud como un elemento clave en la reactivación de la discusión. Se refieren a la visita de Carla Vizzotti a México, en mayo pasado. Fue programada para avanzar con la gestión de vacunas contra el Covid-19, pero la ministra tuvo también la oportunidad de ver el sistema de etiquetado implementado en las góndolas. México es el principal consumidor de gaseosas del mundo y su ley de etiquetado —la más abarcativa de todas las que existen en la región, porque incluyó también leyendas de advertencia sobre edulcorantes y cafeína— comenzó a regir en octubre del año pasado, sumándose a las que ya existían en Chile, Perú y Uruguay.

Formalmente, en el entorno de Vizzotti se limitaron a decir que la discusión del tema depende de los tiempos de la Cámara de Diputados, pero que “desde Salud se acompaña”. Cerca de la diputada Moreau también se inclinaron por una explicación burocrática. “El proyecto siempre estuvo para tratarse pero iban surgiendo otras cosas”, señalaron, con la complicación adicional de que para convocar al plenario es necesaria la firma de todos los presidentes y vices de las comisiones que lo integran. En este caso, Legislación General, Salud, Defensa del Consumidor e Industria.

Según pudo saber este medio, la oposición trabaja en un dictamen de minoría que recoge la principal crítica al proyecto que tienen desde la Conal: que remite directamente a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para establecer los límites a los nutrientes críticos, en vez de proponer un “perfil propio”, definido por las autoridades locales competentes. 

Si el texto sufre modificaciones en Diputados debe volver a la Cámara de Senadores, que puede aceptar los cambios o insistir con la redacción original, que se transformaría en ley con dos tercios de los votos. 

Días antes de que se reinicie la discusión, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) —que preside el también titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja— volvió a hacer un reenvío masivo de su posición crítica al proyecto, que incluye la exigencia de que sea “armonizado” con la normativa del resto de los países que integran el Mercosur. 

 “Solicitamos que el texto aprobado por el Senado recupere la mirada y aportes del sector productivo”, señaló la organización en un comunicado, en el que agregó que el modelo de etiquetado propuesto “demoniza” a los alimentos y constituirá “una traba para una industria que no solo alimenta a argentinos, sino que también exporta al mundo”.

DTC/WC

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