El temor a un juicio internacional desalentó las intenciones en el Gobierno de estatizar Edesur

Desde la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, hasta la secretaria de Energía, Flavia Royón, pasando por el interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, hablaron la semana que pasó de reestatizar el servicio eléctrico del sur de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano, aquel que quedó en manos de Edesur hace 30 años. Pero pese a los reiterados cortes de luz que dejaron a oscuras a decenas de miles de usuarios hasta por siete días, y que se repiten en las últimas dos décadas, el ministro de Economía, Sergio Massa, terminó usando la amenaza de expropiación sólo para presionar al principal accionista de Edesur, el grupo italiano Enel, pero sólo para eso porque teme que si efectivamente lo hiciera el país terminaría en un juicio que seguro se pierde en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal del Banco Mundial.

En el Ciadi se han acumulado 48 demandas contra la Argentina, de las cuales la mitad finalizaron con fallo favorable al país o con el demandante desistiendo pero a cambio de alguna renegociación contractual beneficiosa para él, como en el caso de las accesos Norte y Oeste de la española Abertis. En ocho casos hubo sentencias contra el país. Otros 22 siguen abiertos, pendientes de una resolución.

Frente a esos antecedentes, la orden de Massa -amigo de los dueños de Edenor (Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti-, fue manejarse con “prolijidad” para evitar el Ciadi. Por eso, quedó a un lado la idea de Martello de que, sin desplazar a Enel, ingrese también el Estado a participar de una Edesur que tiene todavía 60 años de concesión del servicio por delante. Mientras, la empresa italiana sigue buscando desde el año pasado un comprador para la distribibuidora: se quiere ir del país y por eso acaba de lograr la venta de sus centrales eléctricas, Costanera y Dock Sud, al grupo Central Puerto, de Guillermo Reca, Carlos Miguens Bemberg y Eduardo Escasany.

También se dejó por ahora un costado la propuesta del jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, de que los municipios del área compren Edesur a Enel. La iniciativa fue respaldada por los intendentes de Lomas de Zamora, Mariana Lesci, de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y de San Vicente, Nicolás Mantegazza. Faltaría el apoyo de otros jefes comunales como el de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, para recuperar el servicio a manos del Estado. En 1992, se privatizó la estatal Segba tras años de cortes programados.

Tampoco prevaleció la idea de intervenir la gestión de Edesur sin estatizarla, como se barajó en un momento de la semana. Triunfó la del veedor, pero que no será un simple observador. La cuestión operativa seguirá en manos de Enel porque se trata de una responsabilidad que excede las atribuciones del ENRE y que el concesionario debe cumplir. Si el Estado se hacía cargo de la gestión, también iba a quedar como único destinatario de las protestas de los usuarios, que derivaron esta semana en la represión de la policía de la ciudad en Villa Lugano.

Por eso, Massa apoyó la alternativa de un monitoreo permanente, en tiempo real. Es decir, la compañía no le contará al veedor lo que sucede sino que será testigo directo minuto a minuto de la administración. Este control también fue rechazado por los dueños italianos, pero el country manager de Enel Argentina, Claudio Cunha, y el presidente de Edesur, Juan Carlos Blanco, terminaron aceptándolo por escrito en un acto administrativo.

AR