El estado de emergencia prolongado por Gabriel Boric en la Araucanía chilena

El gobierno de Chile obligado por el incremento de la violencia extiende el estado de excepción en la Macrozona Sur.

La ampliación de la vigencia de la medida, un giro en la política del gobierno progresista de  Boric - quien antes de asumir la presidencia criticó fuertemente la medida instaurada por su antecesor, el ex presidente Sebastián Piñera-,  da respuesta al pedido de las autoridades  y víctimas de la violencia en la provincia de Arauco. A la que suma el reclamo de la restitución de tierras a la comunidad mapuche.  

En la llamada “Zona Macrosur”, que comprende la Región de la Araucanía y las vecinas provincias de Arauco y Biobío ,existe desde hace décadas una disputa territorial no resuelta entre el Estado chileno, empresas forestales y comunidades mapuche que resisten a la explotación de sus tierras ancestrales.

La medida habilitó el despliegue en la “Zona Macrosur”  de las FFAA que  ingresaron a la región de La Araucanía - puerta de entrada a la zona sur del país,   a  unos 600 km al sur de la ciudad capital de Santiago de Chile- escenario de la lucha incrementada las últimas semanas que libran los mapuches, la etnia más numerosa de Chile, desde la segunda mitad del siglo XIX.  

En plena vigencia del estado de excepción ‘acotado’, el martes 26 el trabajador mapuche Segundo Catril murió asesinado. El  24, Catril con uno de sus hijos y “25 personas, hombres y mujeres”, muchos de ellos mapuches de la zona se dirigían en una camioneta  a su trabajo. El transporte que pertenecía a la empresa  de Santo Reinao, conocido dirigente mapuche y excandidato a la Convención Constitucional, quien ya había denunciado amenazas y amedrentamientos por sus vínculos con la Forestal Mininco, en un camino rural a la altura del cruce Santo Domingo, cerca del límite entre Lumaco y Tirúa fue emboscado por personas armadas que dispararon a los vidrios. Uno de los tiros impactó a Catril y provocó su muerte.  Otros dos trabajadores fueron heridos.

Catril pertenecía a de la comunidad Humberto Millahual de Tirúa una de las once del Lago Lleu Lleu que el 7 de abril denunciaron hostigamiento por parte de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML): “Movimientos armados como la CAM y Franja Lavkenche insisten en hostigar y estigmatizar a nuestros dirigentes a través de sus comunicados en redes sociales y rayados […] Dejamos claro a los winka (extranjeros) que vienen desde ciudades como Concepción o Santiago a infiltrarse en territorio mapuche que el hecho de empuñar un arma no los convierte en weichave (combatientes), ni menos en mapuche” dijeron en su declaración.

En el  origen de estas disputas estaba  una toma (por control territorial) realizada en 2018 en el fundo Choque, que zanjaron vía negociación y no por las armas.

La noticia del asesinato de Catril – otra víctima más de la Araucanía -agravó la crisis en La Moneda, que ya había enfrentado críticas por la ineficacia del estado de emergencia acotado. “Nuevamente la violencia ha cobrado una víctima. Lo dije esta mañana y lo reafirmo ahora: No vamos a tolerar que la violencia se imponga como método de resolución de conflictos ni que ese sea el rumbo del país”, escribió el Presidente Boric en su cuenta de Twitter.

La CAM – que en el mes de mayo hizo un llamado al Pueblo Nación Mapuche “a preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada por la autonomía por el territorio y autonomía para la nación mapuche” - emitió una declaración asegurando no tener vinculación con el atentado. La Corporación de Profesionales Mapuche Enama, cercana a Chile Vamos, afirmó que “todo movimiento o grupo que dice defender los intereses del pueblo mapuche pero que agrede a su propia gente, pierde toda legitimidad moral”.  A su vez,  Fernando Fuentealba,  presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo de la Macrozona Sur , Fernando Fuentealba, pidió a que el presidente Boric entregue un apoyo explícito y claro a los militares para poder enfrentar, lo que, dijo, es el principal flagelo en Arauco; el narcoterrorismo.

El  jefe de la Defensa en la región de La Araucanía por el Estado de Excepción, Edward Slater, emplazó a los responsables de los ataques a que “eviten seguir en esta línea” y añadió que “a los militares no nos van a asustar”.

 El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien después del asesinato de Catriel visitó la Araucania y se reunió varias horas con las autoridades, aseguró que el estado de excepción “es una herramienta que se va a ir evaluando” ante los cuestionamientos de quienes acusan que la medida es acotada. Subrayó la necesidad de  terminar con las agrupaciones criminales que operan en la Macrozona Sur y aseguró que el Estado de Excepción, si bien otorga mayor seguridad, no impide que se registren homicidios.

Los mapuches llevan décadas defendiendo sus derechos ante el Estado por sobreexplotación de sus recursos y pérdidas de tierras, una cuestión que esperaba tener solución después de  la Constituyente chilena.  Las expectativas se centran en la nueva Carta Magna -sujeta al plebiscito nacional obligatorio del 4 de septiembre- que contempla la instauración del  Estado plurinacional, de un doble sistema de justicia, además de autonomías, autogobiernos y devolución de tierras. 

El eventual nuevo  Estado chileno Plurinacional -fórmula constitucional que existe en Ecuador y en Bolivia (y no en Europa, a pesar de los fuertes regionalismos)- permitiría, o eso sostienen algunos analistas como Tomás Mosciatti, que quienes no se sientan parte del futuro de la nación chilena, puedan buscar un futuro distinto y en algún momento aspirar a un Estado independiente de los mapuches.

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