Los médicos de México protestan ante la negativa oficial de vacunar a los trabajadores sanitarios de primera línea

Ana Sofía es radióloga en un hospital estatal en la ciudad mexicana de Monterrey, capital de estado de Nuevo León, no lejos de la frontera con Texas. Muy a menudo, su trabajo la pone en contacto cercano con los pacientes. Sin embargo, esa no fue razón suficiente para que accediera a la vacunación. Esta profesional de la salud dice que se le negó la vacuna contra el coronavirus porque sus superiores no la consideraban una trabajadora de primera línea.

Desesperada, se dirigió a una localidad rural donde se llevaba adelante el programa de vacunación para la tercera edad y solicitó que le aplicaran una dosis sobrante de la vacuna Sinovac desarrollada por una farmacéutica china. Tampoco tuvo buen éxito esta segunda vez, porque fue rechazada, en esta oportunidad no por superiores médicos, sino por agentes políticos, que le indicaron: “Espera tu turno”.

“Fue lo peor que tuve que hacer en mi vida: rogar por un derecho universal”, afirmó. “Tenían órdenes de vacunar a las personas mayores y tiraron las dosis adicionales”.

México ha administrado aproximadamente 27,7 millones de dosis, alrededor del 10,9% de la población está vacunado. El presidente Andrés Manuel López Obrador -AMLO- ha expresado su esperanza de que todas las personas adultas hayan recibido al menos una dosis para octubre.

 Sin embargo, se les ha negado las vacunas a profesionales de la medicina, la odontología y o que prestan servicios en instituciones no públicas sino de la de la medicina privada, pero también a personal médico que revista en instituciones públicas. A pesar de que en México ha muerto más personal de la salud durante la pandemia que en cualquier otro país del hemisferio, según un informe de la Organización Panamericana de la Salud.

Una decisión del gobierno que hizo crecer aún más el descontento fue la de vacunar al personal docente, tanto de escuelas privadas como públicas, antes que al personal médico del sector privado.

La medida se extendió, y llegó hasta cubrir a la burocracia de la Secretaría de Educación Pública y al personal de apoyo, o no-docente, de las Universidades públicas. Incluso periodistas y editores de los medios de comunicación del sistema público de educación se jactaban de haber recibido la vacuna.

“Esta es una decisión política, porque la Organización Mundial de la Salud (OMS) siempre ha dicho que los países miembros tienen que dar prioridad a quienes trabajan en el área de Salud”, afirma Roselyn Lemus-Martin, una especialista mexicana en Biología Celular y Molecular que trabaja en la Universidad de Oxford, donde investiga sobre el Covid-19.

Según esta bióloga mexicana, la política de vacunación de AMLO tiene en su horizonte dos fechas que se aproximan: elecciones leigislativas de mitad de período el 6 de junio y una vuelta a clases presenciales en las escuelas de la Ciudad de México el 7 de junio. “Parece que [el Presidente] prefiere haber vacunado a los docentes porque así tendría votos asegurados, porque es urgente volver a las clases presenciales”, opina.

Las protestas de trabajadores médicos desesperados han despertado hasta ahora pocas simpatías en el gobierno federal. El presidente, comúnmente llamado AMLO, comunicó que el personal de la Salud no vacunado deberá “esperar su turno” y luego atribuyó las manifestaciones gremiales a una campaña mediática en su contra.

La respuesta de AMLO a la pandemia ha confundido a los expertos en Salud Pública. Según la Universidad de Washington, el número de muertos en México es de más de 600.000, casi el triple de la cifra oficial. Sin embargo, el país ha gastado menos del 1% del PBI en su respuesta a la profunda crisis sanitaria, económica y social.

No son pocos los aspectos de la campaña federal de vacunación que han dado lugar a vivas controversias. El gobierno ha utilizado al Ejército para distribuir vacunas, excluyendo al sector privado, que ha jugado un papel central en otros países. Se han registrado escenas multitudinarias y caóticas cuando miles de personas habían sido convocadas a centros de vacunación temporarios en lugar de a farmacias o clínicas. El gobierno también fue criticado por dirigir los esfuerzos de vacunación temprana hacia áreas rurales con bajas tasas de transmisión, en lugar de hacia áreas urbanas de alta densidad poblacional y hacinamiento residencial, donde el ritmo de contagios e infecciones ha sido desenfrenado.

Cuando un grupo de médicos empleados en instituciones privadas litigó ante los tribunales y ganó una orden judicial para vacunarse, Hugo López-Gatell, a cargo de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, conocido en México como “el zar del coronavirus”, los acusó de “colarse y querer adelantarse en la fila en vez de esperar su turno”.

“Es una vergüenza. Siguen ignorándonos”, dice David Berrones. Este oftalmólogo es el portavoz de una agrupación que nuclea a más de 31.000 personas que trabajan en el área de Salud y que todavía están esperando su turno en la fila de la vacunación.

En el sector privado rechazan las afirmaciones de que es en el sector público donde se trata la mayoría de los casos de COVID-19 y de que por ello deben esperar todavía más que allí las esperadas vacunas. Berrones remite a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2018-19, que contabiliza que un tercio de los pacientes que trabajan en el Estado o que tienen cobertura de la seguridad social mexicana buscan primera atención ambulatoria en clínicas privadas.

“Gracias a que también existe el sector privado, el sistema de Salud no se ha derrumbado”, dice Carla Cordero, una médica clínica, cuyo sanatorio privado en el sur de la Ciudad de México se ve inundado por pacientes con COVID-19 desde hace más de un año.

Algunos de sus colegas han resuelto el problema subiéndose a un avión y volando a EEUU para vacunarse. Cordero, sin embargo, sostiene que su propio país debería proteger al personal sanitario mexicano, e inmunizarlo.

“Tengo derecho a que el Presidente me proporcione una vacuna”, dijo Cordero. “No debería tener que ir a otro país cuando hay vacunas aquí”.

Finalmente, Ana Sofía tomó la decisión opuesta y cruzó la frontera para conseguir una vacuna que la proteja del Covid. En un supermercado de la ciudad texana de Eagle Pass le aplicaron la vacuna de la empresa farmacéutica multinacional estadounidense Johnson & Johnson. Al menos 20 de sus colegas han hecho el mismo viaje.

“Nunca tuve grandes expectativas [sobre la vacunación en México] porque tuve que comprar todo mi propio equipo de protección personal desde el primer día”, dice. “He gastado miles de pesos en barbijos a prueba de protección facial y ahora pagarme el viaje a EEUU Unidos para vacunarme”.

Traducción de Alfredo Grieco y Bavio