Un desafío judicial a las libertades de prensa y de expresión en el Perú

La sentencia del juez peruano Raúl Rodolfo Jesús Vega incluyó al director de la editorial Penguin Random House Perú, Jerónimo Pimentel que publicó el libro Plata como cancha de Acosta, quien lidera la unidad de investigación de Latina Noticias, un importante canal de televisión en la ciudad de Lima. Todas las denuncias de su libro, dijo el ‘condenado’ autor al Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), son citas directas de entrevistas o artículos periodísticos, investigaciones de la fiscalía o declaraciones juradas o testimonios legislativos. 

El autor de 38 años en su Plata como cancha construye un perfil de Acuña de 69 años, a partir de su triunfo como congresista de la República, seguido por el cargo de alcalde de la ciudad de Trujillo y gobernador regional del Departamento de La Libertad hasta su doble fallido intento de ganar la presidencia del Perú -en 2016 y en 2021. La primera vez, le prohibieron participar en la contienda luego de que apareció en un video prometiendo la entrega de dinero en efectivo en un barrio pobre.

El libro relata los momentos claves de la “popularidad” de este empresario millonario -propietario de las Universidades César Vallejo y la Señor de Sipán- y político peruano con un historial de escándalos difundidos por los medios, entre otros el de cometer plagio en su tesis doctoral que presentó en 2009 en la Universidad Complutense de Madrid del trabajo escrito por el profesor universitario Otoniel Alvarado Ayarce. 

Uno de los episodios claves que fijó la atención del juez Vega - titular del 30° Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima- se basa en  el relato de tres testimonios sobre una eventual visita que realizó Acuña a Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional durante el régimen del ex presidente Alberto Fujimori. Según cuenta Acosta en el libro, en el año 2000 el entonces congresista Acuña, en lugar de aceptar los pagos habituales de entre 10.000 y 15.00 dólares mensuales que el asesor otorgaba a distintos congresistas para que apoyaran a Fujimori, habría pedido, sin que le fuera concedido, un ministerio.

Acuña, fundador y líder del partido político Alianza para el Progreso (APP), acompañado en la campaña presidencial por el slogan “Acuña ayuda como cancha” , con una bancada de 15 congresistas, desestimó la acusación que calificó de falsa. Y en marzo de 2021, pocos días después de asegurar que no lo haría, Acuña presentó una demanda ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), donde argumentó que el título del libro había sido registrado por él como marca y, por lo tanto, el escritor y la editorial infringieron sus derechos de autor. En junio, INDECOPI declaró esta demanda infundada. 

La expresión popular como cancha significa “en abundancia” y el término plata es la forma coloquial referido al dinero en Perú. En 2013, cuando era alcalde de Trujillo, en el transcurso de una reunión con miembros de su partido Acuña cuando explicó la estrategia para su futura campaña presidencial  dijo: “Así no se gane, tener 12, 13, 10 congresistas, es un poder político. Plata como cancha para ustedes”. El video de la reunión se filtró y la frase se asoció burlonamente a Acuña.

En el mismo mes de marzo, Acuña interpuso otra denuncia ante el Poder Judicial  donde acusó a Acosta y Pimentel, como coautores, del delito de difamación, e incluyó como tercero civil responsable a la editorial. La querella presentada por Acuña califica al libro de “libelo que busca lucrar con mi imagen pública a sabiendas de que soy una persona intachable”. 

Como a tantos otros políticos, Acuña mostró su afecto a presentarse como un líder respetuoso y garante de las libertades. En 2019 se incorporó a la Fundación Internacional para la Libertad (FIL) liderada por premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. En mayo de 2021, irónicamente. participó en el Foro Iberoamericano: Desafíos de la Libertad, organizado por esa misma institución, y, en junio, estuvo presente en el Foro Atlántico: Iberoamérica: Democracia y Libertad en tiempos recios, también de la FIL. En una entrevista más reciente, el político proclamó : “Yo apoyo la libertad de prensa, soy defensor de la prensa”. En esa misma entrevista, cuando el periodista le preguntó si ya había leído el libro Plata como cancha que, según la querella, atenta contra su derecho al honor, Acuña respondió que no y que no lo pensaba leer. “Para eso está el abogado”, acotó. 

Los expertos en medios sostuvieron que el caso de Plata como cancha es particularmente preocupante porque, en su análisis, el juez Vega elevó significativamente las exigencias para los periodistas al sugerir que no es suficiente entrevistar y citar a varias personas con conocimiento de un tema sino que la información debe ser examinada por alguna autoridad como comisiones ad hoc del Congreso. La situación planteada por el fallo judicial que determina delito de difamación contra Acosta y Pimentel desconoce los fundamentos en materia de libertad de expresión e información de la doctrina del “reporte fiel” por la cual “la reproducción fiel de información no da lugar a responsabilidad, aun en los casos en que la información reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona”.

A diferencia de lo que sucede en EEUU y México, donde la difamación es un asunto civil, en Perú está tipificada como un asunto penal, y se define como el acto de atribuir públicamente a una persona “un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación”.

De acuerdo a la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) , las instancias en que se empleó el sistema judicial contra periodistas aumentaron de 18 a 29 por año entre 2018 y 2020. Estas demandas por difamación sucedieron luego de años de un crecimiento económico que colmó las arcas públicas a la vez que creó nuevas oportunidades de autocontratación en la clase gobernante. En los últimos años, los escándalos de corrupción que involucran expresidentes, jueces y congresistas desataron una batalla campal con enfrentamientos entre el Congreso y el Ejecutivo y protestas masivas que acentuaron la inestabilidad política del Perú.  

Si bien un número significativo de los delitos fueron denunciados por periodistas, los personajes poderosos respondieron a menudo a través del sistema judicial, y en muchos casos con éxito. “Usan al poder judicial y a la fiscalía como látigos para callar a periodistas”, dijo la reportera de investigación Paola Ugaz quien junto a Pedro Salinas enfrentó varias demandas y una indagatoria penal luego de revelar denuncias de abuso sexual y físico en la elitista organización católica del Soldalicio.

Natalie Southwick del CPJ  afirmó que el caso Plata como cancha “refleja una sensación duradera entre las personas poderosas en varios países de la región de que están por encima del escrutinio” y ejemplificó con sucesos parecidos recientes en Guatemala y Brasil donde personajes poderosos contaron con el poder judicial para demandar a periodistas.

El caso ilumina con nitidez la instrumentalización de la justicia. Si el abogado Enrique Gershi en la última campaña electoral pidió un voto en defensa de la libertad de expresión fue también el patrocinante de la demanda de Acuña. Y si Augusto Álvarez Rodrich, presidente del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) -que en 1993 se conformó en reacción a la censura impuesta por el gobierno de Fujimori – denunció el hostigamiento contra Ugaz y Salinas, respecto a la querella de Acuña expresó que se trataba de un “error de su amigo” cuyo principal negocio es la Universidad César Vallejo, donde Rodrich forma parte del directorio.

Tras la lectura de la sentencia contra Christopher Acosta, se oyeron los repudios de la Defensoría del Pueblo, la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú, la Sociedad Interamericana de Prensa, el ministro del Interior Avelino Guillén entre otros.

No fueron pocos los especialistas que señalaron que muy probablemente la sentencia será revertida por una instancia superior. Sin embargo, la revocación del proceso llevará tiempo y dinero además del daño a los derechos de libertad de expresión de la comunidad.  

El tema preocupa también a muchos defensores de la libertad de prensa en Europa: las embajadas de EEUU y  Gran Bretaña  en Perú como también la UE rechazaron el fallo que ilustra la epidemia de demandas que utilizan poderosos funcionarios o grandes empresas “para amordazar a periodistas y medios, para evitar la crítica y que salgan a la luz casos de corrupción y otros temas de interés público”, como lo formuló Jorge Canahuatí, presidente de la SIP. Este tipo de pleitos estratégicos contra la participación pública son conocidos como “SLAP”, bofetada para amedrentar y callar a toda voz disidente.  

La palabra inglesa slap (bofetada) describe adecuadamente la intención de este tipo de demandas que persiguen intimidar y silenciar a las voces críticas ante el elevado costo de una defensa legal. La ola de protesta en contra el fallo no fue obstáculo para que en el Congreso   la bancada de Podemos Perú gestionara la  actualización de un proyecto de ley que busca penalizar como forma agravada el delito de difamación cometido con obtención de beneficio o lucro económico, incrementa las penas vigentes y genera la sanción de cárcel efectiva, una iniciativa que viola el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Simultáneamente, la demanda Plata como cancha por parte del público se acrecentó. Acosta confirmó a través de su cuenta de Twitter: “Plata como cancha ha vuelta a ingresar a imprenta. No le hemos cambiado una coma”. La editorial Penguin Random House, informó que se registró la venta de 14 mil ejemplares, una cifra notable para un libro de no ficción en el Perú. 

SS