OPINIÓN

¿Qué esperamos de la política social?

Barrio 31, Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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Entre muchas otras cuestiones, la crisis que atravesamos puso en tela de juicio la política social llevada adelante por el estado argentino en los últimos 20 años, desde la salida de la crisis del 2001. Es tiempo de una revisión para, también en esta materia, generar un nuevo ciclo que permita a la Argentina reencontrarse con una senda sostenible de desarrollo y crecimiento. En este desafío la política social, así como la económica, la educativa, la laboral, tiene un rol que cumplir.

¿Qué esperamos de la política social? ¿Qué objetivos le marcamos y por cuáles la juzgamos? ¿Que contenga a los que están más abajo? ¿Que genere un piso mínimo de consumo? ¿Que integre personas al sistema (laboral, educativo)? ¿Que transforme dinámicas estructurales de pobreza?

Preguntas como estas son cruciales para hacer un juicio de valor sobre la política social de estos años, y también para empezar a construir una nueva que esté sustentada en otras bases y se proponga otros desafíos. Porque la política social, como todas las políticas de un gobierno, necesita ser planificada, construida en base a diagnósticos sólidos y horizontes concretos de transformación de la realidad. ¿Qué objetivos debería trazarse la política social para ser transformadora en la Argentina de hoy?

Para entender el éxito o no de una política social debemos pensar de antemano qué objetivos le trazamos

Estoy convencida de que esta política debería plantearse tres objetivos centrales:

1) Generar condiciones mínimas que permitan el desarrollo a través de la integración de Barrios Populares.

Hoy en la Argentina todavía el lugar donde se nace condiciona las posibilidades de futuro. Según datos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), tenemos más de 5000 barrios populares en donde viven más de 5 millones de personas sin acceso a los servicios elementales para poder llevar adelante una vida. Se trata de una problemática federal, pero focalizada: el 80% de las personas que viven en barrios populares se encuentran en 5 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

La integración es la herramienta política que tenemos para nivelar el punto de partida, instalando servicios básicos, mejorando las viviendas existentes, abriendo y asfaltando calles, construyendo escuelas, centros de salud, oficinas policiales, plazas y canchas. Atacar la pobreza estructural a partir de una inversión innovadora que genere infraestructura para el desarrollo.

De hecho, creo que la experiencia en estos años muestran que se puede construir una política social seria y transformadora: durante el gobierno de Mauricio Macri se construyó el ya mencionado RENABAP, una herramienta de diagnóstico y anclada en el territorio que permitió generar por primera vez un registro sobre los barrios populares a nivel nacional. Con ese diagnóstico nacional, desde la Ciudad de Buenos Aires implementamos una política de integración socio urbana de los barrios populares que representa la inversión en infraestructura social más importante desde la vuelta de la democracia, y que se constituyó como una política transformadora y legítima para empezar a resolver este problema estructural que la Argentina acarrea desde hace décadas.

2. Ampliar, formalizar y regularizar la base productiva.

Más de 7 millones de argentinas y argentinos trabajan en la denominada economía social y popular, ocupados o sub-ocupados en tareas de baja escala, baja renta y baja productividad, típicamente en la informalidad.

Integrar este universo de trabajadores a la economía formal es uno de los desafíos cruciales que tenemos por delante, sobre todo mirando la tensión que esto genera en el sistema previsional argentino: según datos de la organización Fundar, en 2019, la cantidad de trabajadores que aportan al sistema previsional argentino fue de tan solo el 49.7%. La tasa de formalidad argentina está muy por debajo de otros países de la región: Brasil 63%; Chile 68%; Uruguay 75%. Esta informalidad -que creció en la última década-, resquebraja cada vez más la capacidad de autofinanciamiento de nuestro sistema previsional.

Para lograr esta integración hay que transitar dos vías. La primera es la vía del empleo. Lograr que una porción de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular puedan ingresar al mercado formal de trabajo. Esta política tiene que estar focalizada en la población de hasta 30 años, ya que está probado que acceder a un primer empleo en esta etapa de la vida mejora notoriamente la trayectoria laboral futura de una persona. Trabajar con instrumentos correctos -la formación laboral en rubros estratégicos, la intermediación laboral con el sector privado y la generación de incentivos a los empleadores para impulsar su contratación-, para que muchos jóvenes que hoy están en la economía popular consigan un empleo que les permita vivir mejor.

Sin embargo, siguiendo datos del CEDLAS, se necesitarían 26 años ininterrumpidos de crecimiento a tasas del 7% - 8% para poder integrar a todo este universo al mercado tradicional de trabajo. Algo imposible.

Por eso, hay que transitar una segunda vía que es la del desarrollo económico de la economía popular. Esta economía es un punto de largada, no de llegada. Para que desarrolle su productividad y pueda integrarse al sistema, hace falta construir nuevos marcos normativos (laborales, tributarios, jurídicos) y herramientas concretas para que el sector sea más productivo, se formalice y se integre al sistema económico formal. Facilitar el acceso de los emprendimientos de la economía informal a las herramientas que accede el emprendedor/empresario formal: financiamiento, registración, formación técnica, comercialización. Instrumentos para ampliar el acceso al mercado.

En la Ciudad, a nivel local venimos transitando ambas vías: trabajando en capacitación y la intermediación laboral para que vecinos de la Ciudad -sobre todo jóvenes de la zona sur-, puedan acceder a un empleo formal. Y, a su vez, generamos herramientas para desarrollar económicamente a la economía popular: sancionamos la ley de economía popular, que es el marco general que crea las políticas para el sector. Construimos un registro (Rupeys) que en poco más de un año cuenta con más de 5700 unidades productivas, y que apunta a recabar datos para conocer a fondo la realidad del sector. Y generamos herramientas concretas para desarrollarla: incentivos para la registración, capacitación en la producción, acceso al crédito y ampliación de los canales de comercialización.

3. Afianzar la red de protección social existente

Por último, tenemos que asumir que, en la Argentina de hoy, hay gente que continúa necesitando la asistencia del estado. Por eso, necesitamos afianzar la red de protección social existente. Generar mecanismos para que sea cada vez más universal, transparente y esté focalizada en la niñez y la adolescencia, ya que la inversión en la cobertura alimentaria de los más chicos es crucial para su desarrollo futuro (actualmente, el 54,3% de los niños menores de 15 años se encuentra bajo la línea de pobreza).

Para entender el éxito o no de una política social debemos pensar de antemano qué objetivos le trazamos. Si realmente queremos que sea un puente al trabajo, que integre trabajadores que hoy están al margen, que levante el piso cada vez más bajo en el que se encuentra la Argentina, tenemos que hacer algo distinto. Construirla de otra manera, a partir de un enfoque económico-productivo. Por poner solo un ejemplo: en el Barrio 31 hay más de 1000 comercios, emprendimientos y talleres. Podemos mirarlo como un lugar en que la gran mayoría de los vecinos y vecinas está por debajo de la línea de pobreza (que es real) y requieren asistencia. O podemos también mirar ese entramado económico y generar mecanismos para que su productividad aumente y se haga parte de la economía formal.

Hacia ahí tiene que ir la política social, para que pueda convertirse en componente central de un nuevo ciclo, en el que el crecimiento y la integración de personas y trabajadores al sistema vayan de la mano. 

MM

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