Rosario y el callejón sin salida del populismo penal

El domingo, Rosario amaneció desolada. Tras cuatro muertes de inocentes en una semana a manos de bandas narco, sus habitantes tienen un justificado terror a salir a las calles. El silencio dominical rosarino es la otra cara del ruido ensordecedor del pedido de su ciudadanía a la política: “Que alguien haga algo; así, ya no podemos ni salir de casa”. La forma en que los gobernantes, tanto nacionales como provinciales, encaren estos reclamos determinará el futuro de la amenaza narco.

Por ahora, el Gobierno nacional tomó el camino del populismo penal. En criminología, el populismo penal es caracterizado como la adopción de respuestas emocionales, en lugar de técnicas, ante el delito. A diferencia del populismo en general, que puede ser tanto de derecha como de izquierda, el populismo penal siempre es de derecha, porque la reacción emocional que propone es la de la mano dura. Patricia Bullrich recayó en su muletilla de “guerra sin cuartel” y prometió duplicación de penas y la aplicación de sanciones a personas por “participar de la banda” que no se entiende cómo funcionarían. Javier Milei, por su parte, habló de “ellos contra nosotros”. La semana pasada, el Gobierno provincial también había optado por el populismo penal al difundir imágenes bukelianas de las cárceles santafesinas y explicar que los narcotraficantes la iban a pasar cada vez peor.

El populismo penal puede servir para fines políticos a corto plazo, pero no va a resolver el problema del narcotráfico: lo va a empeorar y, de yapa, va a generar problemas paralelos. La retórica de la guerra contra las drogas tiene su antecedente más conocido en la campaña que llevó a Nixon a la presidencia en 1968. Una vez en el poder, Nixon aumentó penas, desplegó fuerzas de seguridad y bajó estándares probatorios para condenar gente. El resultado, cuarenta y cinco años después, es una multiplicación de la población carcelaria norteamericana del 500%, que convierte a Estados Unidos en el país occidental con más presos cada 100.000 habitantes. Estos presos son, en su mayoría, pertenecientes a minorías y a clases desaventajadas económicamente (hay 4.8 afroamericanos presos por cada persona blanca presa). El delito, mientras tanto, continuó su crecimiento. La retórica y las técnicas de la guerra contra las drogas luego se extendieron a todo tipo de delitos, lo que exacerba la utilización de la prisión como método de exclusión social, y no como resolución de problemas. Esta dinámica, además de crear un complejo carcelario cada vez más caro, retroalimenta la delincuencia: quienes son encarcelados por ofensas menores, luego son incapaces de reinsertarse en la sociedad. 

La retórica de la guerra contra las drogas tiene antecedente en la campaña de Nixon de 1968. Aumentó penas, desplegó fuerzas de seguridad y bajó estándares probatorios para condenas. El resultado, 45 años después: se multiplicó 500% la población carcelaria

La contracara de la expansión del Estado represivo suele ser el desmantelamiento del Estado de Bienestar, que es precisamente lo que está sucediendo en Argentina. La criminología comparada revela que los países con mayor contención social y mayor igualdad de oportunidades son los que mejor controlan el delito. Suecia, Noruega o Japón tienen tasas de encarcelamiento hasta veinte veces menores que países que desmantelaron su estructura de contención social estatal, como Estados Unidos, Inglaterra y Gales o Nueva Zelanda. En el caso de Rosario, el recorte del Estado Nacional al Estado Provincial posiblemente genere un aumento de la cantidad de personas cuya vulnerabilidad las lleve optar por el delito como vía de ganarse su sustento. Al mismo tiempo, situaciones como la desfinanciación de comedores generan vacíos que pueden ser ocupados por el narcotráfico, que puede brindar contención social como modo de legitimación popular. La experiencia de Pablo Escobar en Medellín es una muestra de esa realidad.

Con todo esto no pretendo decir que no sean necesarias la presencia policial ni la severidad penal para combatir al narcotráfico. Por mucho tiempo, la izquierda recayó en visiones ingenuas que planteaban a la cárcel y al derecho penal como mecanismos de disciplinamiento que había que abolir en nombre del pueblo. Pero estas posturas venían desde universidades y profesores de élite, sin contacto con las realidades urbanas. Los estudios disponibles reflejan que los lugares más azotados por el crimen suelen ser los barrios carenciados, y que sus habitantes reclaman, y con razón, presencia policial y castigo a los delincuentes.

El desafío es cómo compatibilizar el despliegue de mecanismos de seguridad con otro tipo de políticas y enfoques, para poder erradicar el narcotráfico. En Medellín, por ejemplo, parte de la solución consistió en incluir a los barrios carenciados en la ciudad, a través de programas de asfaltado e iluminación de las calles, de construcción de edificios públicos en esos barrios y de inclusión a través de transporte público. Otra vía a explorar es la legalización de ciertas sustancias. En Holanda, la legalización de la marihuana fue una vía para desincentivar el consumo de otras sustancias más peligrosas. Hoy, Holanda tiene un promedio de consumo de drogas menor a la media europea, y el narcotráfico, con legalización, pierde su razón de ser. Estas son sólo algunas muestras de que hay otros caminos que el ya gastado y sistemáticamente fracasado del populismo penal.

Otra vía a explorar es la legalización de ciertas sustancias. En Holanda, la legalización de la marihuana fue una vía para desincentivar el consumo de otras sustancias más peligrosas. Hoy tiene un promedio de consumo de drogas menor a la media europea

Si el gobierno quiere, realmente, terminar con el narcotráfico, tiene que plantearse alternativas serias, con sustento científico, y no para la tribuna. Además, debe frenar con el señalamiento a otras fuerzas políticas como responsables del narcotráfico, porque un problema de esta índole requiere de un trabajo mancomunado tanto de las distintas fuerzas políticas como de los distintos niveles estatales. Por ahora, también en este tema, las medidas de LLA parecen apuntar más a Twitter que a mejorar la vida de los rosarinos.

MA/JJD