CASO CICCONE

Boudou denunció al Estado ante la CIDH por supuesta violación a los derechos humanos

La CIDH deberá analizar la denuncia del exfuncionario y decidir si la remite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El exvicepresidente Amado Boudou denunció este viernes al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la supuesta violación de sus derechos y garantías durante el desarrollo de la causa Ciccone Calcográfica, según el escrito al que accedió elDiarioAR. El organismo internacional deberá analizar si da trámite al caso y lo remite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El exfuncionario presentó una denuncia de más de 20 páginas ante la CIDH, con sede en Washington, Estados Unidos, con el patrocinio de uno de sus abogados, Alejandro Rúa. En el documento, Boudou relató los roles que habrían cumplido distintos actores en una supuesta maniobra del lawfare o “guerra judicial” en su contra. “El Estado argentino es responsable por la violación” de nueve artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo.

“He sido sometido en mi país a un proceso judicial amañado y arbitrario en el que no ha habido garantía convencional que no se haya violado, comenzando por la de legalidad, en un contexto de discriminación política y persecución”, expresó Boudou en su denuncia.

El exvicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015) fue condenado en 2018 por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública por haberse quedado con el 70% de las acciones de la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica, junto a varios cómplices y a cambio de garantizar el salvataje de la compañía, que se encontraba al borde de la quiebra, según el fallo del Tribunal Oral Federal número 4.

Durante su indagatoria en el juicio, Boudou refutó haber intervenido a favor del levantamiento de la quiebra de la imprenta; y dijo que el dueño de ese 70% era el exbanquero Raúl Moneta, entonces inimputable por una severa enfermedad, y quien falleció en 2019. 

Moneta fue investigado en el expediente Ciccone II junto al banquero Jorge Brito, señalado como supuesto financista de la compra, pero Brito fue sobreseído. Falleció en 2020. Boudou explicó a la CIDH que su caso fue enviado a juicio antes de que se avanzara contra Brito y Moneta, lo que entendió que fue parte de la maniobra denunciada.

He sido sometido en mi país a un proceso judicial amañado y arbitrario en el que no ha habido garantía convencional que no se haya violado.

Las pruebas en su contra fueron consideradas contundentes por 17 jueces de distintas instancias y cinco fiscales. Sin embargo, Boudou sostiene que se cometieron irregularidades durante sus reiteradas y publicitadas detenciones (tres en los últimos tres años y medio), y también a lo largo del juicio oral en su contra y la revisión de su caso en los tribunales de apelaciones, incluso en la Corte Suprema. 

“Ante la manipulación de las voluntades judiciales afectadas no hubo ningún recurso real a mi disposición para la defensa de mis derechos, pues todo eso fue ratificado por la Corte”, aseguró. El máximo tribunal consideró en diciembre que los planteos de la defensa debían ser rechazados.

Boudou enumeró la presunta violación de nueve artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos por parte de dos poderes del Estado (el Ejecutivo y el Judicial) y supuestos cómplices externos. En el escrito apuntó al gobierno de Mauricio Macri; a exmiembros del Servicio Penitenciario Federal y de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI); a jueces de distintas instancias y a medios de comunicación. Detalló cómo habrían articulado acciones en su contra.

“Se trataba de lograr una sentencia anticipada construida mediática y judicialmente, sin que existiera correlación alguna con la verdad de los hechos”, afirmó. “El objetivo político central era borrar o montar una nueva memoria popular sobre el ciclo político que había gobernado la Argentina desde el año 2003 hasta el año 2015”, aseguró citando a la Comisión Bicameral de inteligencia y al comparar el supuesto accionar denunciado con las prácticas de la última dictadura militar. También adjudicó la presunta maniobra a una campaña a favor del macrismo, con fines electorales.

Boudou criticó el desempeño de todos los jueces que intervinieron en el caso Ciccone: desde el juez de primera instancia, Ariel Lijo (que comenzó a instruir la causa en 2012 y lo procesó en 2014) hasta el máximo tribunal, que confirmó su sentencia en apenas un párrafo en diciembre último. “La Corte Suprema de Justicia de la Nación no revisó el caso, haciendo aplicación del artículo 280 del código de procedimientos civiles” y “sin dar razón alguna de su negativa a abrir la instancia extraordinaria ante la gravedad de los reclamos”, sostuvo ante la CIDH.

Los servicios y el arrepentido

La denuncia de Boudou ante el organismo internacional también incluyó un pormenorizado relato del supuesto espionaje ilegal de la AFI a sus abogados y al propio exfuncionario mientras estuvo alojado en la cárcel federal de Ezeiza, hecho que es objeto de una investigación penal en la que están procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, exjefes de inteligencia de la gestión macrista, y exautoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF), entre otros. Todos han negado los cargos. Boudou contó que existen pruebas de que se instalaron en el penal dispositivos para escuchar sus conversaciones con sus abogados, algo prohibido por la ley.

A los fines de una condena impuesta de antemano, ante jueces de distintas instancias afectados en su imparcialidad, se pagó ilegalmente una declaración y se mantuvieron ocultas dichas circunstancias.

“El objetivo de la extorsión política y económica era claro: quebrar emocional, económica y políticamente a las víctimas seleccionadas” para el lawfare, dijo citando nuevamente a la Comisión Bicameral de inteligencia en el Congreso.

La causa Ciccone fue objeto de interés de los servicios de inteligencia desde su inicio. Los primeros abogados de Boudou en la causa fueron Diego Pirota y sus colegas del estudio de Darío Richarte, exjefe de la SIDE durante el gobierno de Fernando De La Rúa, un estudio apuntado en los tribunales como uno de los que coordinó la práctica profesional con supuestas instrucciones del exjefe de los espías Jaime Stiuso y del auditor por el peronismo en la Auditoría General de la Nación (AGN), Javier Fernández, señalado como “operador judicial” del kirchnerismo, un rol que siempre ha negado. Stiuso y los abogados de dicho estudio también han negado haber participado de cualquier irregularidad.

Tras el quiebre entre el kirchnerismo y Stiuso, el estudio renunció a todas las defensas de funcionarios kirchneristas y Boudou dio un giro de 180 grados para elegir a sus nuevos defensores: Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, fervientes críticos de la intromisión de la exSIDE en la Justicia.

En su denuncia contra el Estado argentino, el exfuncionario también hizo hincapié en la negociación atribuida a la exministra Patricia Bullrich con Alejandro Vandenbroele -testaferro de Boudou, para la Justicia-, con el fin de que declarara como arrepentido en su contra; ahondó en el pago de $1.500.000 al arrepentido, dispuesto por el Ministerio de Justicia macrista (Boudou presentó actas oficiales que lo prueban); y supuestas irregularidades durante el desarrollo del juicio, como la imposibilidad de presentar prueba a su favor durante el proceso.

“A los fines de una condena impuesta de antemano, ante jueces de distintas instancias afectados en su imparcialidad, se pagó ilegalmente una declaración y se mantuvieron ocultas dichas circunstancias en que intervinieron las agencias de inteligencia y otros funcionarios del Gobierno” de turno, afirmó. Comparó el hecho con otro caso que analizó la CIDH: el pago de US$400.000 a Carlos Telleldín en el caso AMIA, antecedente que analizó en detalle.

“Mi declaración como arrepentido fue libre, no fue pagada por nadie”, dijo Vandenbroele a Infobae. “El Ministerio de Justicia también ha autorizado fondos muy elevados para reubicar a otros testigos protegidos”, dijo una fuente macrista de esa cartera a elDiarioAR ante una consulta en enero.

Afuera de la política

Otro de los puntos por los que demandó al Estado es la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que recibió en 2018. La definió como contraria a lo dispuesto por la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica y la Declaración Universal de Derechos Humanos, al encuadrarla dentro de las categorías de penas “degradantes”, “arbitrarias” y/o “crueles”.

Boudou cumple un arresto domiciliario que se encuentra en revisión ante la posibilidad de ser trasladado por cuarta vez a una cárcel federal para cumplir el resto de la pena. Para mediados de año, estará en condiciones de solicitar la libertad condicional, ya que habrá cumplido los dos tercios de su pena, confirmaron fuentes de su defensa y una fuente judicial del caso.

En su escrito, definió como arbitrarias sus detenciones preventivas, previas a la condena, y contó que el tribunal que lo juzgó lo obligó con una resolución a presentarse a todas las audiencias del juicio para “obtener la máxima espectacularidad político-mediática”. También recordó la publicidad de sus traslados “esposado y disfrazado con casco y chaleco antibalas ante el tribunal”. 

En su denuncia ante la CIDH, Boudou adjuntó presentaciones judiciales ante distintas instancias (apelación, documentos de los expedientes, recursos ante tribunales de apelación), el informe de la Bicameral de Inteligencia, copia de otros expedientes (La Mesa Judicial del macrismo) y notas periodísticas, entre otras pruebas de su denuncia. 

En trámite

La CIDH es un organismo independiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y su objetivo es proteger los derechos humanos en el Continente, según su estatuto. Está integrada por siete miembros “independientes”.

Tras la presentación de Boudou, el caso ingresará a la Comisión para su evaluación y posible remisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el tribunal internacional que juzgará si el Estado argentino violó la Convención Americana.

Argentina es uno de los veinte Estados que han reconocido la competencia de esta corte interamericana, pero una sentencia contra el país no necesariamente modificaría la situación procesal de Boudou en Argentina. 

En 2017, la Corte Suprema de la Nación estableció que la Corte Interamericana no puede revocar sentencias del máximo tribunal argentino. Hay otros antecedentes que van en sentido contrario. Por lo tanto, si existiera un fallo a su favor a nivel internacional, Boudou podría reclamar en Argentina que se revise y revoque su condena.

ED

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