Un Congreso vallado y fuertes limitaciones para participar: así arrancó la primera audiencia por la ley de Glaciares

El Congreso amaneció vallado y con un enrevesado dispositivo de seguridad, como si fuera el 1 de marzo y el presidente fuera a hablar ante la Asamblea Legislativa. No era la apertura de sesiones ordinarias, sin embargo: era el primer día de la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares. Más de 100 mil personas se anotaron, pero solo 360 tendrán la oportunidad de exponer en la Cámara de Diputados. Por eso, muchos quedaron afuera del vallado, exigiendo poder participar y denunciando, a modo de advertencia, que la audiencia era una “farsa” y que la ley, de aprobarse, será rápidamente judicializada. 

Hubo inscriptos que recibieron la citación de la Cámara de Diputados a los que no dejaron ingresar. Otros pensaban que habían sido citados para el jueves, de manera virtual, y se enteraron, gracias al comentario de un diputado, que aparecían en el listado de oradores del miércoles. Las autoridades de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales, los libertarios Nicolás Mayoraz y José Peluc, no comunicaron el listado de expositores hasta iniciada la audiencia pública, por lo que la oposición –que está diseñando la estrategia legislativa con las organizaciones ambientales– decidió impugnar la convocatoria. 

“Estamos frente a una audiencia pública que se transformó en una farsa. Hay más de 100 mil personas inscriptas para opinar sobre un tema de enorme relevancia en todo el país. Y, en lugar de garantizar la escucha, la Libertad Avanza eligió limitar la participación al 0,3% y silenciar las voces”, denunció el lilito Maximiliano Ferraro, uno de los diputados opositores que presentó la impugnación, junto a la peronista Sabrina Selva y el radical Pablo Juliano. El objetivo era sentar las bases para la judicialización futura.

De los 180 inscriptos que pudieron participar de la primera jornada de debate de la reforma de la ley de Glaciares, la inmensa mayoría coincidió en un punto: la ley, de sancionarse, abriría la puerta a un largo litigio y, probablemente, sería declarada inconstitucional por la Justicia. 

“Este proyecto busca seguridad jurídica para los inversores. Pero sepan que la única seguridad que van a tener es que va a haber cientos de demandas, que va a haber litigio abierto por mucho tiempo, y que por cada glaciar que quieran sacarle la reserva estratégica de agua se van a presentar miles de denuncias”, advirtió Andrés Napoli, el director de FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales), al comienzo de la audiencia pública.

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