"INJUSTIFICADA DILACIÓN"

Correo: el fiscal pide reabrir una investigación del Ejecutivo cerrada por Michetti en 2018

El expresidente Macri con su vice Michetti, en sus años en la Casa Rosada.

Desde hace dos años, la Justicia debe decidir sobre un tercer capítulo del caso Correo Argentino SA, la empresa de la familia del expresidente Mauricio Macri, que podría determinar si la exvicepresidenta Gabriela Michetti cerró de manera anticipada una investigación interna sobre el desempeño de miembros del gabinete de Cambiemos que acordaron una quita del 98,87% de la deuda de la empresa con el Estado Nacional. 

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El fiscal general Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), instó el último 9 de marzo al juez Pablo Cayssials, quien subroga el juzgado Contencioso Administrativo Federal número 7, a que dicte sentencia en el caso. El magistrado debe determinar si se reabre la investigación administrativa disciplinaria contra los funcionarios de Macri que aceptaron en junio de 2016 la oferta efectuada por la firma de la familia del expresidente y “todos aquellos que puedan tener responsabilidad administrativa” en el caso, incluyendo al propio exmandatario. Así consta en el expediente, según confirmó una fuente judicial del caso a elDiarioAR.

Si bien los funcionarios de Macri ya no están en el Ejecutivo, una nueva investigación administrativa quedaría a cargo del actual gobierno y podría tener consecuencias para quienes intervinieron en el caso: si se determinan sanciones para los exfuncionarios quedarán registradas en sus legajos en la administración pública pero además el sumario tendría efectos penales, ya que el rol de los agentes estatales también es investigado por el juez federal Ariel Lijo.

La conducta desplegada por los letrados no importó violación a la Ley ni al Código de Ética de la Función Pública, no se vio comprometido el erario público, ni se efectuó renuncia alguna a un interés patrimonial del Estado Nacional.

El expediente que tramita desde hace dos años en el fuero contencioso administrativo federal, donde se dirimen las demandas contra el Estado Nacional por las decisiones que toman sus funcionarios a nivel administrativo, es uno de los tres frentes judiciales en torno al caso Correo. En el fuero penal federal, el juez Ariel Lijo investiga si el expresidente, funcionarios del entonces Ministerio de Comunicaciones y ejecutivos de la empresa de los Macri cometieron delitos al acordar la quita de la deuda de Correo con el Estado, en junio de 2016.

En el fuero comercial, la jueza Marta Cirulli tramita el concurso de acreedores y el salvataje de la empresa de los Macri, que de no concretarse este 7 de abril, iría a la quiebra, como adelantó este medio. En la Justicia comercial también tramita un expediente satélite en el que debe determinarse si los administradores de la compañía vaciaron Correo, supuestamente desviando hacia otras compañías de los Macri fondos que debían destinarse al pago de las deudas, una acusación que viene sosteniendo la fiscal general Gabriela Boquin y que los ejecutivos de Correo siempre negaron.

Antecedentes de un decreto

Luego de que el caso Correo saliera a la luz, la PIA, como parte de sus funciones, ordenó en febrero de 2017 que se iniciara un sumario administrativo para determinar si los funcionarios que intervinieron o tenían intereses en el caso cometieron irregularidades, como la violación a la ley de Ética Pública y una inadecuada defensa de los intereses del Estado en la negociación con la empresa de la familia Macri. 

La investigación interna quedó a cargo de la Procuración del Tesoro. En octubre de 2017, el organismo entonces a cargo de Bernardo Saravia Frías dio por clausurado el sumario y declaró “la inexistencia de perjuicio fiscal y de irregularidad administrativa imputable a agente alguno”. Ante esa decisión, la PIA recurrió ante el Tesoro y luego ante Presidencia solicitando que se reabra el sumario y se continúe investigando a los funcionarios, ya que el fiscal Rodríguez resaltó que el sumario no había incluido las medidas de prueba necesarias para el objetivo.

Sin embargo, Michetti estableció en un decreto de octubre de 2018, que también lleva la firma del entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, que el sumario había sido instruido correctamente y que la prueba producida “respetó cabalmente el principio de congruencia”. 

Sobre el presunto perjuicio al Estado que hubiera significado la quita de la deuda a Correo acordada entre la empresa y los funcionarios ante la Justicia comercial en 2016, Michetti sostuvo que no puede reprochársele a los funcionarios ya que el hecho no se llegó a consumar.

La fiscal Boquin, del fuero comercial, se opuso al acuerdo entre el Ejecutivo y la empresa en diciembre de 2016. “La conducta desplegada por los letrados no importó violación a la Ley ni al Código de Ética de la Función Pública, no se vio comprometido el erario público, ni se efectuó renuncia alguna a un interés patrimonial del Estado Nacional”, afirmó la entonces vicepresidenta en el decreto.

elDiarioAr intentó comunicarse con Michetti para ampliar su posición sobre el caso pero una vocera de la exfuncionaria explicó que se encuentra abocada a un tema familiar y que no se encuentra disponible. Michetti debió intervenir porque Macri se había excusado días antes de intervenir en cualquier cuestión relacionada con la firma Correo Argentino SA.

La demanda

En marzo de 2019, el fiscal Rodríguez presentó la demanda contra Presidencia, la Procuración del Tesoro y el Estado Nacional por la decisión de Michetti de cerrar la investigación interna. Pero tras dos años sin sentencia, el titular de la PIA instó al juez Cayssials a un “pronto pronunciamiento” ante la “injustificada dilación” en el expediente, debido al tiempo transcurrido desde el inicio de la demanda. La PIA busca que declare nulo el decreto de Michetti y todo lo actuado en el sumario administrativo y que se reabra la investigación interna en el Estado. 

La PIA sostuvo en su demanda de 2019 que no puede afirmarse por decreto que no hubo irregularidad alguna que investigar, cuando existe una causa penal, con exfuncionarios indagados por el caso, como el exministro de Comunicaciones, Oscar Aguad; y que la investigación interna realizada por el macrismo fue “parcial”, “cercenada de los hechos” y con “cierre apresurado”. Aguad niega los cargos en su contra al igual que el resto de los indagados: su subalterno, Juan Manuel Mocoroa; y los dos representantes de Correo Argentino SA que firmaron el acuerdo con el Ejecutivo.

ED

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