La crisis de Misiones evidencia las consecuencias sociales del ajuste de Milei en las provincias

“Los voy a dejar sin plata, los voy a fundir a todos”. La frase que Javier Milei pronunciara en enero durante una reunión de gabinete suena a los oídos del presente como una maldición. En medio de las negociaciones por la primera versión de la ley Bases, que luego terminó naufragando en el recinto de Diputados, el Presidente mostraba los dientes y amenazaba a los gobernadores con desfinanciar todavía más a sus ya alicaídas arcas provinciales en su camino por alcanzar su objetivo más preciado: el déficit cero. Cuatro meses después, el conflicto salarial que mantiene en vilo a la provincia de Misiones parece convertir en realidad aquella premonición y abre un interrogante en torno de lo que puede llegar a suceder en otros distritos del país.

El ida y vuelta de la Casa Rosada con los gobiernos provinciales marcó a fuego el tiempo que lleva Milei al frente del Ejecutivo. A lo largo de su primer medio año de gestión, cada mandatario buscó tender puentes con Balcarce 50 a partir del planteo de demandas particulares, pero con una urgencia en común: la necesidad de recomponer sus ingresos, alcanzados por la motosierra del gobierno nacional. Con el recorte a casi la totalidad de las transferencias discrecionales, la caída en la coparticipación y la eliminación tanto del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) como de los subsidios al transporte, la situación social y económica en sus territorios se agravó. No puede se comprender el caso misionero sin contemplar este cuadro de ajuste generalizado.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, durante el primer cuatrimestre de 2024 el monto total de las transferencias no automáticas efectuadas por el Estado nacional a las provincias y municipios se redujo un 89,5% en términos interanuales. A ese escenario se suma el de la sostenida pérdida del poder adquisitivo del salario, que desde la asunción de Milei registra un 15%, y que tiene a los trabajadores del sector público como los más afectados. De acuerdo con un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra), el ingreso real de un empleado público cayó 21,3%. Un porcentaje de pérdida muy superior al del privado, que tuvo una baja del 11,2%.

Para intentar paliar esas asimetrías, el gobierno de Hugo Passalacqua puso en marcha en marzo la creación de un fondo propio de incentivo docente. El oficialismo provincial hace alarde de que Misiones es una de las pocas jurisdicciones del país que, con recursos propios, “cubre el desfasaje generado por las medidas de la administración central”. Sin embargo, el monto de $28.700 del Fopid, que fue abonado el pasado martes 21, no deja de representar la mitad del extinto fondo nacional, que había sido creado en 1999 y que La Libertad Avanza eliminó de un plumazo.

Así y todo, en la Casa Rosada se desentienden de la suerte que corre por estas horas la provincia de Misiones. Este viernes, el ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que las protestas impulsadas por policías, maestros y personal de salud configuran un “tema de la provincia” que debe resolver la administración local. “El Gobierno no puede meterse a tratar de solucionar los problemas porque ellos tienen sus metodologías, sus formas”, aseguró Francos, en referencia a la gestión del provincialista Frente Renovador de la Concordia, y detalló que conversó con el gobernador Passalacqua para transmitirle su “apoyo”. “Nos pusimos a disposición”, acotó el funcionario, que hace apenas un mes se reunió en Posadas con el mandatario y su “conductor”, el mandamás Carlos Rovira.

En la misma línea de Francos, el vocero presidencial Manuel Adorni también debió salir a aclarar este viernes que la administración de Milei “está atenta a lo que pasa, a cómo se desenvuelven los hechos”. Y auguró que el conflicto “se va a resolver” porque “la provincia va a estar a la altura de las circunstancias”. El día anterior, en tanto, había asegurado que la protesta salarial “es un tema de estricta jurisdicción provincial”. “Los docentes dependen del gobierno provincial, por lo tanto el gobierno nacional no puede interferir ni en esa negociación ni en ese conflicto, que es entre partes y el Estado (nacional) no es una de ellas”, sentenció el portavoz durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

Pero Misiones no es la excepción a la regla y en los últimos días comenzaron a conocerse reclamos salariales en otros puntos de la Argentina. Uno de ellos es el de los trabajadores judiciales de Mendoza, que decidieron extender el paro que hace dos semanas realizan por mejoras en los salarios y exigen que la Corte Suprema local salga en su apoyo. No sirvió para desactivar el conflicto el aumento del 10% otorgado por decreto por el gobernador radical Alfredo Cornejo, quien es cuestionado por los propios manifestantes por su cercanía política con los jueces locales.

En la ciudad de Rosario, en tanto, los trabajadores municipales realizaron un paro de 48 que luego fue desactivado debido a la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe. La medida de fuerza había iniciado el miércoles y planeaban extenderla hasta el jueves. Horas más tarde, se supo que el Sindicato de Municipales votó por unanimidad aceptar la propuesta de aumento que le extendieron las autoridades. Se trata de una suba del 9% para el mes de abril, 5% en mayo y 4% en junio. Desde el municipio rosarino destacaron que es un incremento “igual la que distintos gremios estatales provinciales, como docentes, médicos y empleados estatales habían convalidado en esta misma semana”.

Sin Pacto de Mayo a la vista, Milei parece encontrarse ante una encrucijada: dejar libradas a las provincias a la buena de Dios o utilizar el poder que le concede el centralismo para disciplinar a los gobernadores a partir de una práctica tan vieja como recurrente: la del “látigo” y la “chequera”. Esta última opción comenzó a ser ensayada en los últimos meses, en el marco de la necesidad oficial de juntar apoyos para aprobar la aletargada ley Bases en el Congreso. En lo que va de 2024, el Gobierno giró discrecionalmente $10.300 millones a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a varios mandatarios provinciales considerados afines por la Casa Rosada, entre los que se encuentra el misionero Passalacqua. ¿Qué evitaría que esa “billetera” pueda ser abierta de nuevo en caso de “emergencia política”? Solo el tiempo tiene la respuesta.

PL/JJD