Análisis

Esperando el tuit de Cristina

Cristina Fernández, el 3 de marzo pasado, en su duro alegato ante Casación. Sobreseída por el dólar futuro.

Además de disponer el sobreseimiento de la ex presidente Cristina Kirchner y otros exfuncionarios de su gobierno, el fallo de Casación -que es el máximo tribunal penal del país- muestra cierto grado de inconsistencia en la llamada teoría del lawfare, la doctrina en base a la cual la vicepresidenta y otros responsables de su anterior administración vienen articulando desde hace tiempo y con mayor énfasis en los últimos meses, su defensa en la Justicia.

El tribunal, integrado por los jueces de la Sala I Ana María Figuero, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, archivó la causa por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por operaciones con el dólar en el mercado de futuros por inexistencia de delito. Lo hizo con el voto de sus tres integrantes.

El fallo del tribunal confirma lo evidente: son múltiples las instancias judiciales que intervienen en una causa penal que en este caso investiga el comportamiento del poder político. El sistema, con todas las imperfecciones y cuestionamientos en los que coincide -excepcionalmente- toda la clase política-, funciona y ofrece garantías para los acusados. Causas con fundamentos fútiles o infundados, nos dice la Sala I por unanimidad, van a parar a vía muerta. 

La investigación sobre la responsabilidad de Cristina Kirchner y un grupo de exfuncionarios de su gobierno en torno a las operaciones con el dólar futuro fue controvertida desde el comienzo. Como se sabe, se trata de una herramienta financiera a la que recurrió la gestión de Axel Kicillof en Economía y Alejandro Vanoli en el Banco Central en un contexto de alta presión cambiaria -con el dólar oficial casi anclado- que caracterizó los últimos meses del último gobierno de Cristina Kirchner, con la intención de preservar las reservas y evitar una devaluación. La devaluación llegaría más tarde, con el gobierno de Mauricio Macri.

La causa, sin embargo, avanzó por empeño del fallecido juez federal Claudio Bonadio, quien en 2017 procesó a la expresidenta y a los otros involucrados, obtuvo un fallo favorable de la Cámara Federal y la elevó a juicio oral. Nunca se le puso fecha a ese juicio. Pero el Tribunal Oral Federal 1, al que había sido asignado, rechazó el pedido de sobreseimiento de los acusados. Casación dejó sin efecto hoy esa decisión.

Dirigentes con miradas políticas antagónicas coinciden en que medidas de esta naturaleza no son justiciables. Tal ha sido el temperamento del tribunal de Casación. El mismo criterio puede ser aplicado a la causa por la que la expresidenta Kirchner está procesada, camino a juicio oral, por la firma del memorándum de entendimiento firmado con Irán en 2013, que impulsaba la creación de una “comisión de la verdad” que investigara a los presuntos responsables  del ataque a la AMIA, de 1994. Aunque controvertida, no sólo fue una decisión de política exterior para la que estaba facultado el Poder Ejecutivo sino que, con el voto de la mayoría oficialista, el Congreso de la Nación la convirtió en ley. Más tarde el memorándum sería declarado inconstitucional por la Corte Suprema. 

El fallo de hoy beneficia a Cristina Kirchner pero podría haber, además, un beneficiario indirecto: Macri. Contradiciendo la lógica acerca de que las decisiones del poder político no deben ser materia de discusión judicial, el Gobierno de Alberto Fernández empuja una investigación penal contra el expresidente por el acuerdo stand by con el Fondo Monetario Internacional que derivó en el préstamo de US$57.000 millones de dólares (de los que se desembolsaron US$ 44.000 millones), al que considera gravoso para el país. 

Fue el presidente Fernández, docente de Derecho en la UBA, quien impulsó esta querella el 1° de marzo pasado, durante su mensaje de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, ante la Asamblea Legislativa. La causa está en marcha en la Justicia y su destino es incierto: se ignora si puede comprometer, además de a Macri y su equipo económico de entonces, a autoridades del FMI en momentos en que el Gobierno negocia un nuevo acuerdo con el organismo y el apoyo de sus principales países miembros. Difícil de comprender.

La decisión de Casación implica algún grado de alivio en el complejo frente judicial de la expresidenta. Pero hace tiempo se sabe que las principales causas que la comprometen son las que corresponden a la asignación de obra pública y los negocios inmobiliarios de empresas de su propiedad vinculadas a esas adjudicaciones, según tiene probado la Justicia. Están pendientes juicios orales por estas causas.

La doctora Kirchner había presentado un furibundo (el término tal vez no le disguste) e ¿intimidante? alegato frente a este tribunal a comienzos de marzo pasado, en el que denunció la maquinaria del lawfare y acusó a los jueces de haber facilitado el triunfo electoral de Macri y ser corresponsables del endeudamiento de la Argentina. La ofensiva de la vicepresidenta contra Casación continúa, por otras vías.

Esperamos expectantes su próximo tuit.

WC

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