Cómo funcionan las brigadas de prevención de la policía porteña
Se mueven sin identificarse como policías. Parecen civiles. En realidad ese es el objetivo de las brigadas de investigación y prevención: no mostrarse como agentes de las fuerzas de seguridad. Cada una de las 15 comunas de la ciudad de Buenos Aires cuenta con una brigada. Cumplen dos tareas: seguir las órdenes de jueces y fiscales en causas judiciales específicas; pero también dedicarse a la prevención genérica de delitos, como robos o narcomenudeo. Bajo este último paraguas consiguen mayores niveles de libertad. Cuando se dedican a la supuesta prevención, vestidos de civiles y sin mandato de un juez, los controles externos se vuelven más laxos.
En ese contexto actuaron los tres oficiales involucrados en el asesinato de Lucas González. Se trata del oficial José Nievas, el oficial mayor Fabián López y el inspector Gabriel Alejandro Isassi. Son tres policías experimentados de 36, 43 y 40 años.
La figura de la prevención hecha sin uniforme está permitida. Pero la ley 5688 sobre la Seguridad Pública en la Ciudad la regula y limita de forma estricta. “El personal con estado policial usa obligatoriamente el uniforme reglamentario y su debida identificación en todos los actos de servicio, salvo en los casos de excepción que, por autorización expresa, realice la superioridad o exista orden emanada de autoridad judicial”, plantea el artículo 158 de la ley.
El 97 detalla: “Para hacer uso de la fuerza directa, el personal policial deberá identificarse y dar una previa advertencia, salvo cuando ello pusiera en peligro a las personas protegidas o al funcionario del servicio, se creara un riesgo para su vida o la de otras personas, o resultara inadecuado o inútil dadas las circunstancias del caso”. La performance de los tres agentes violó cada palabra de ambos puntos de la norma.
Un día y medio después de concretado el crimen del adolescente de 17 años en el barrio de Barracas, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta intentó encapsular el caso. Buscó ubicarlo en la categoría de las (tres) manzanas podridas. “Hemos separado inmediatamente de su cargo a los 3 involucrados en el hecho, e iniciamos un sumario para determinar las responsabilidades”, tuiteó el alcalde. Lo hizo el jueves a las 20.28 de la noche, casi 36 horas después del presunto gatillo fácil. El vocero oficial designado para sostener esa hipótesis en los medios fue el ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D’Alessandro.
“Vamos a ser inflexibles e implacables con los policías que actúen fuera de la ley”, aseguró D’Alessandro. El ministro prácticamente dio por probado el caso de gatillo fácil. Pero a la vez lo consideró una excepcionalidad absoluta.
La oposición y algunos especialistas en organización policial ponen esa afirmación en duda, sin limitar el problema de la autonomía policial a la Capital. “El hecho aislado es que terminó con un crimen. La muerte de Lucas fue la excepción. Pero la brigada funciona así desde hace mucho”, opina la legisladora del Frente de Todos Claudia Neira, vicepresidenta de la Comisión de Seguridad.
Un dirigente cambiemita coincide en el diagnóstico. “Cuando no hay orden judicial, no hay control sobre las brigadas de investigación y prevención. Son lo más turbio de la policía. Y no sólo en la ciudad. Es policía cebada haciendo caja para ellos mismos. Monedas, en muchos casos. Cobran peajes a pibes pobres, pero también a los que salen de las cuevas en el microcentro. Ellos le dicen ´salir a laburar´. Así consiguen un sobresueldo para vivir mejor. Pasa miles de veces, no con este desenlace”, revela.
Un exfuncionario del área de Seguridad cercano al peronismo agrega: “El problema es que trabajan sin una orden judicial, no la brigada en sí. Eso facilita que se vuelvan matones sueltos. Pasa también a nivel de las fuerzas federales”.
El gobierno porteño no quiso confirmar ante elDiarioAR cuántos policías porteños están dedicados a la prevención. Pero un dirigente que conoce el área aseguró que son más de dos mil, sobre un total de 26.500 agentes en la ciudad. Al momento, el ministro D’Alessandro tampoco dio precisiones sobre qué tipo de prevención estaban realizando los tres policías acusados por el crimen de Lucas González. Los amigos del adolescente asesinado, muchos de los cuales viven en la villa 21-24, ubicada en Barracas y Nueva Pompeya, al sur de la Capital, comentaron que era habitual que los pararan y requisaran.
El gobierno de Rodríguez Larreta tampoco explicó si tomó medidas en relación a la Comisaría Vecinal 4C que informó irregularmente sobre el operativo. Porque la primera versión de los hechos fue la que dieron los tres agentes que protagonizaron el caso de gatillo fácil. Y tanto el gobierno porteño como los medios de comunicación validaron ese relato. Durante las primeras 24 horas posteriores al crimen, las víctimas fueron presentadas como delincuentes. Por eso intervino un juez de menores.
La información inicial del asesinato fue difundida por la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad. Ahí se explicaba que los policías respondieron a los disparos hechos desde un auto en el que iban cuatro hombres. En ese texto se daban detalles de las detenciones, sin mencionar la existencia de un arma en la escena. Unas horas después, un nuevo parte informó que los policías encontraron la réplica de una pistola. El primer envío se tituló con la palabra “enfrentamiento”. El segundo, con las de “persecución y detención”. En ambos se buscaba validar la versión de los agentes.
La descripción del tiroteo fue descartada. Incluso fue desmentida por el propio jefe de la Policía de la Ciudad Gabriel Oscar Berard. Pero durante 24 horas se trató del relato oficial. Y si bien el auto en el que iban los policías estaba geolocalizado por el ministerio, como ocurre con todos los patrulleros de la ciudad, eso no impidió que el gobierno avalara originalmente la mentira de los oficiales. Una vez que el relato se volvió insostenible, el oficialismo apuntó contra los tres policías. Y los señaló como tres ovejas descarriadas.
AF
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