limites a la explotación minera

El grito de Chubut impugna a la clase política y arruina el consenso de la salida exportadora

Protestas frente a la Legislatura de Chubut, tras la aprobación de la minería a cielo abierto en la meseta chubutense.

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Difíciles de ignorar, las movilizaciones masivas contra la ley de zonificación minera que se extendieron durante seis días en las principales ciudades de Chubut acaban de generar un impacto innegable. El gobernador Mariano Arcioni tuvo que tragarse las palabras que había pronunciado unas horas después de la sanción de ley: “Yo nunca doy marcha atrás, jamás en mi vida”.

Aliado explosivo de Sergio Massa y Alberto Fernández, Arcioni gobierna una provincia sobreendeudada, no conduce al peronismo provincial y viene de salir cuarto en las últimas elecciones legislativas. Sin embargo, su vocación de aventurero no puede negarse. 

En la anteúltima sesión del año, sin llamar a audiencias, sobre tablas y sin que el tema estuviera en la orden del día y en medio de una crisis hídrica que llevaba entonces ocho días, el escribano Arcioni logró que 14 diputados votaran en la Legislatura la ley XVII Nº 149 que habilitaba la minería a cielo abierto en la zona de la meseta chubutense. En un territorio que cuenta con 18 años de rechazo social a la actividad nacidos con el plebiscito de Esquel en 2003 y una ley provincial 5001 que prohíbe el negocio, el gran objetivo de Arcioni y de la trasnacional Pan American Silver es avanzar lejos de la cordillera. También lo es de parte de los intendentes de la provincia, del ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y del presidente Alberto Fernández. También lo era de Francisco Cabrera, Juan José Aranguren y Mauricio Macri, que llegaron a entrevistarse hace casi dos años en Davos con el CEO de la minera canadiense, Ross Beaty. Estridencias al margen, todos comparten la necesidad de aumentar las exportaciones como forma de elevar el ingreso de divisas y avanzar con todos los proyectos que vayan en ese sentido. En una Argentina que carga con una deuda demencial de 44.000 millones de dólares que Macri tomó con el Fondo Monetario y pretende volver a crecer, la dirigencia política diseña estrategias desde Buenos Aires que no contemplan el freno de mano del rechazo social en las provincias. Ya había pasado en Mendoza, hace justo dos años, cuando el radical Rodolfo Suárez tuvo que protagonizar una película similar a la que ahora actúa su par de Chubut.  

“Entre cuatro paredes”

El 15 de diciembre pasado, con una mezcla de audacia y desesperación, Arcioni consiguió los votos que necesitaba y logró las 14 voluntades para sancionar la ley. Lo hizo “entre cuatro paredes y de espaldas a la gente”, según la definición de un dirigente peronista de la provincia, que aprueba la minería pero rechaza la forma. Dos dirigentes que habían hecho campaña contra la ley aparecieron moviendo fichas para convalidar la jugada de Arcioni. Una fue la ex senadora kirchnerista Nancy González, que privilegió un acuerdo individual y consiguió la Fiscalía Anticorrupción para su sector: ubicó a Diego Carmona en el cargo y envió a la diputada Mónica Sazo a levantar la mano. El otro fue el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, que acordó con Arcioni, le pidió a la diputada Adriana Casanova que votara a favor y se mimetizó con las lógicas de lo que en la provincia se denomina la “vieja política”. 

Algo llevó a la mayor parte de la clase política de Chubut a actuar a favor de Arcioni y en contra de sus propios intereses. Le pasó a Luque, el intendente de Comodoro que pertenece a la nueva generación de dirigentes -tiene 43 años- y pretende desde conducir el PJ provincial hasta ser candidato a gobernador en dos años. 

La respuesta se pudo ver en las calles, donde volvió a escucharse el grito del “ que se vayan todos”, como una réplica de un temblor que no se sabe si termina o empieza. Justo 20 años después de las jornadas de diciembre de 2001. Las movilizaciones históricas en rechazo a la ley de zonificación fueron protagonizadas por las asambleas socioambientales, pero esta vez las desbordaron por completo y confirmaron el amplio rechazo vecinal en ciudades como Rawson, Trelew, Comodoro, Rawson, Puerto Madryn y Esquel. 

El conflicto social era inevitable, aunque el gobernador y los legisladores no previeron la magnitud que podía tener. Nadie imaginó que el rechazo se iba a extender a toda la provincia durante seis días seguidos y pese a la represión de las fuerzas de seguridad que incluyó “detenciones arbitrarias, golpes, uso injustificado de balas de goma, lanzamientos de gases e ingreso a comercios y lugares para detenciones sin orden judicial”, tal como lo marca el documento de 150 organizaciones ambientales, de derechos humanos y sociales que reclamaron el fin de la respuesta represiva. 

Nadie imaginó que en el marco de una jornada masiva de protesta un grupo de manifestantes pudiera incendiar los edificios emblemáticos de la ciudad de Rawson, en primer lugar la casa de Gobierno, en Fontana 50. En medio de teorías conspirativas, hay un antecedente que funciona a modo de explicación: el despido reciente de Federico Massoni, el clon de Sergio Berni que hace campaña subido a la ola de la mano dura y era ministro de Seguridad de Arcioni.

Nadie imaginó tampoco que ante las demostraciones de rechazo en las calles, la dirigencia prominera se iba a dar vuelta en tiempo récord e iba a dejar solo a Arcioni con su proyecto. El gobernador quedó aislado y debilitado como nunca. Por eso se tragó sus palabras y tuvo que derogar la propia ley para la que tanto había trabajado. Con un artículo de la ley que otorga regalías a los gremios de la provincia, Arcioni había conseguido el apoyo de Camioneros, Petroleros y la UOCRA. Sin embargo, quedó solo y hoy la provincia vive un clima de vacío de poder, donde el gobernador, que pretendía pasar a la ofensiva, lucha por sostener la gobernabilidad. 

A nivel local, Arcioni no es el único debilitado sino que la crisis de representatividad se extiende a la mayor parte de la clase política. La mayoría dice una cosa y hace otra. Eso y la tradición asamblearia de los movimientos ambientalistas y feministas en la provincia explica que, una multitud haya salido a las calles sin conducción, en un divorcio cada vez más notorio con respecto. ¿Quién capitalizará el descontento? Es una de las grandes preguntas sin respuesta y todavía es temprano para responder. Pero algunos mencionan a Ignacio “Nacho” Torres, el dirigente del macrismo que ganó las elecciones en noviembre y acaba de ser electo senador nacional.   

A nivel nacional, aturde el silencio del gobierno de Alberto Fernández. Ni el Presidente ni su ministro de Desarrollo Productivo se pronunciaron hasta hoy sobre el fracaso de la ley de zonificación. Consultado para esta nota, Kulfas no respondió la pregunta de elDiarioAR. Tal como informó este diario, él y sus colaboradores son defensores a ultranza de la actividad y sostienen una fuerte disputa con las organizaciones ambientalistas, a las que acusan de difundir falsedades contra la actividad. El miércoles pasado, sin ir más lejos, el ministro le tomó juramento a Fernanda Ávila como secretaría de minería, una abogada que fue ministra del área en Catamarca, la provincia pionera en explotación a gran escala con el proyecto Bajo La Alumbrera.

Aunque el Frente para la Victoria siempre impulsó la actividad y nunca modificó las leyes de la era Menem que otorgaron amplias ventajas impositivas al sector, en el Frente de Todos hay sectores minoritarios que rechazan la minería. En el documento de 150 organizaciones que realzan el rechazo social y cuestionan la represión, firman diputados como Leo Groso y funcionarias como la Directora Nacional de Igualdad y Género del ministerio de Economía, Mercedes D’Alessandro. 

Lo cierto es que el gigantesco rechazo social frenó en seco, al menos por el momento, las aspiraciones del gobierno nacional. Como en Mendoza, el ambientalismo volvió a confirmarse como una fuerza imposible de ignorar en algunas provincias donde la minería busca desde hace años hacer pie y no puede. Producto de los errores de la dirigencia o de una convicción profunda de las poblaciones, la salida exportadora que promueve el gobierno como solución a la crisis choca en la provincia de Arcioni con un obstáculo insalvable: no tiene licencia social. 

En 2018, cuando el fracaso de Macri ya se advertía, el economista Pablo Gerchunoff fue el primero en hablar de la necesidad de crear una “coalición popular exportadora”, una idea que Kulfas comparte y también un grupo de economistas e intelectuales que trabajan en línea con su ministerio. Sin embargo, el grito de Chubut arruina los planes de una de las variantes que se presenta como salida frente a una crisis prolongada y profunda, marcada por la falta de dólares y el aumento de la pobreza y el crecimiento de la desigualdad.

En un marco en el que el petróleo de Vaca Muerta y el litio enfrentan también un rechazo por ahora bastante más tenue, el agronegocio parece ser el único que cuenta con “licencia social”, tal como comenzó a demostrarlo en las rutas a partir del conflicto por la resolución 125. También cuestionado por organizaciones y científicos que denuncian los efectos de los agroquímicos sobre la salud de las poblaciones y los suelos, el sector que se mueve en torno a la rentabilidad agraria tiene un respaldo en las poblaciones de la zona núcleo que es indiscutible y es además el responsable del 48 % del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del INDEC.

DG

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