Intervienen dos empresas vinculadas a cómplices de represores de la ESMA

En una resolución que busca destrabar años de parálisis en el recupero de activos vinculados a crímenes de lesa humanidad, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 (TOCF 5) —integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg— decretó la intervención judicial de las firmas Martiel S.A. y Forestando Delta S.A..

Las compañías remiten directamente a la estructura logística de la ESMA durante la dictadura: Jorge Carlos Radice, conocido en el centro clandestino como “Ruger”, no solo participó en los operativos de secuestro, sino que fue el arquitecto financiero del saqueo de bienes a los detenidos-desaparecidos. Su hermana, Norma Berta Radice, operó como el engranaje civil necesario para administrar ese “botín de guerra” a través de sociedades que, según el tribunal, permitieron la “aparente justificación y exteriorización de bienes y riquezas” obtenidas mediante crímenes de lesa humanidad.

La intervención busca, tras décadas de maniobras, desarticular una estructura de lavado que sobrevivió mucho más allá del fin de la dictadura. La medida otorga facultades de información y administración para regularizar la situación societaria de ambas compañías.

El fallo, firmado el pasado 17 de abril, responde a una solicitud del fiscal general Félix Crous, quien denunció una demora de más de cuatro años para hacer efectivos los embargos dispuestos sobre los paquetes accionarios de estas sociedades. Según el Ministerio Público Fiscal, la resistencia de las autoridades societarias impidió que la justicia tomara control de activos que, según la investigación, fueron creados para “aplicar el provecho de los delitos cometidos por el grupo de tareas, permitiendo, a través de las estructuras societarias, la aparente justificación y exteriorización de bienes y riquezas originadas a manos del grupo militar incriminado”.

La táctica del “extravío”

La figura central de la resistencia judicial es Norma Berta Radice, imputada en la causa y última presidenta designada de ambas firmas. La defensa de Radice se opuso a la intervención alegando que la medida no tenía vinculación con el juicio. Sin embargo, el tribunal expuso una maniobra reiterada: la denuncia policial por el extravío de los libros societarios clave.

De acuerdo al expediente, Radice presentó denuncias por pérdida de libros de registro de acciones y actas de asambleas en julio de 2021 y nuevamente en noviembre de 2025. Para los jueces, esta “reticencia manifiesta” de la imputada ha sido el principal obstáculo para materializar los embargos ordenados originalmente en marzo de 2021. Ante este escenario, el TOCF 5 consideró que la intervención es el “único medio disponible” para avanzar, desplazando la administración para que el interventor judicial —designado a través de la plataforma Lex 100— proceda a la rúbrica de nuevos libros y anote las medidas cautelares.

El nexo político y legal

Este caso no es ajeno a la red de defensas que vinculan el pasado de la represión con el presente político. Como antecedente de peso en este entramado, cabe recordar que Santiago Viola, actual apoderado de La Libertad Avanza y secretario de Justicia, debajo del ministro Juan Bautista Mahiques, tuvo un rol activo como defensor de cómplices en causas vinculadas al saqueo de bienes de la ESMA.

La intervención de empresas como Martiel S.A. y Forestando Delta S.A. (con los CUIT 30-62657707-1 y 30-70763411-8 respectivamente) es parte de una batalla legal más amplia por el recupero de activos. El tribunal fundamentó su decisión en los artículos del Código Penal que habilitan a los jueces a adoptar medidas para “administrar, conservar, ejecutar y disponer” de bienes que sean producto o provecho de delitos , citando como precedente la intervención de firmas como Austral Agro S.A. o incluso el caso Hotesur S.A., donde también se alegó la falta de rúbrica de libros para obstruir el accionar judicial.

Con esta resolución, el interventor tendrá ahora 30 días para presentar un informe inicial de situación y deberá arbitrar los medios necesarios para mantener el patrimonio de las firmas, evitando su deterioro mientras se cumple con el mandato de la justicia federal.