La Justicia hizo lugar a un amparo y ordenó al Estado entregar información pública sobre fondos científicos

La Justicia falló a favor de la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT), haciendo lugar a un recurso de amparo que exigía el acceso a información pública sobre la ejecución de fondos científicos. La resolución, emitida por un juez federal, ordena al Estado entregar la documentación solicitada en un plazo de 15 días. El pedido original había sido realizado el 5 de diciembre de 2024, y constituye un hito en la lucha por la transparencia en el sistema científico argentino.

La resolución judicial se produce en un contexto de extrema preocupación para la comunidad científica del país, que el pasado 28 de mayo protagonizó una de las protestas más masivas en su historia. Bajo la consigna de frenar el “cientificidio”, miles de investigadores, becarios y trabajadores del sector se movilizaron en el Polo Científico y Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires y en centros e institutos distribuidos en todo el país.

Un nuevo escenario de ajuste y retroceso

Según RAICYT, la situación actual supera incluso los históricos momentos de desfinanciamiento. En 2002, tras una de las peores crisis económicas del país, la inversión en ciencia representaba el 0,17% del PBI. Hoy, en 2025, esa cifra se redujo aún más al 0,15%, a pesar de las leyes nacionales N° 27.738 y 27.614 que exigen un incremento anual de los fondos para ciencia y tecnología.

Este retroceso ya impactó directamente en el empleo del sector: más de 4.148 puestos de trabajo fueron eliminados. La Agencia I+D+i, organismo clave en el financiamiento científico, cumple 13 meses con salarios congelados y con proyectos paralizados pese a contar con financiamiento internacional.

Becarios sin derechos, sueldos ni cobertura médica

La precarización también golpea con fuerza a quienes integran el sistema desde su base: los becarios. Más de mil jóvenes investigadores llevan más de un año sin actualización de estipendios. Se trata de ingresos por debajo de la línea de pobreza, sin aportes jubilatorios, aguinaldo ni paritarias, y en algunos casos sin recibos de sueldo ni cobertura médica.

A comienzos de este año, 166 profesionales quedaron fuera de la Beca de Finalización del CONICET, lo que les impide concluir sus doctorados, pese a que el Estado ya había financiado gran parte de su formación. A su vez, más de 1.250 investigadores y técnicos esperan aún la efectivización de sus cargos concursados.

Fondos internacionales sin ejecutar

Uno de los aspectos más alarmantes del escenario actual es la existencia de financiamiento internacional aprobado que nunca fue ejecutado. Auditorías y respuestas oficiales incorporadas al Informe 142 de la Jefatura de Gabinete revelan que el país cuenta con al menos 46 millones de dólares disponibles para inversión en Ciencia, y podría acceder a otros 196 millones. Sin embargo, esos fondos no llegan ni a los laboratorios ni a los investigadores.

La Agencia I+D+i, encargada de administrar buena parte de estos recursos, opera desde abril de 2024 sin directorio, con una estructura cada vez más reducida y sin canales formales de diálogo con su comunidad.

Frente a esta situación, RAICYT denunció al Estado argentino ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por el uso irregular del contrato de préstamo N° 5293/OC-AR. La denuncia fue respaldada por más de 2.000 investigadores. Además, RAICYT se presentó como amicus curiae en la causa que cuestiona la Resolución 10/2025 de la Jefatura de Gabinete, que busca derogar por decreto la ley de financiamiento del sistema científico.

Mientras se acumulan las irregularidades, la comunidad científica sigue organizándose. Becarixs de la Agencia I+D+i impulsaron tres proyectos legislativos para garantizar el acceso a la información pública sobre los fondos internacionales y participaron en audiencias públicas en el Congreso.

Entre las demandas más urgentes, se destacan:

“La inversión en ciencia y tecnología no es un gasto: es una política estratégica para el desarrollo soberano. Exigimos responsabilidad en la administración de los fondos públicos y urgimos al Estado a cumplir con su obligación constitucional de fomentar el conocimiento”, concluyeron desde RAICYT.